Flores deroga los ajustes salariales que Solís implementó en la Contraloría

Los aumentos salariales adoptados por el excontralor Gerardo Solís seis meses antes de dejar el cargo han sido derogados, ya que nunca existió la partida presupuestaria para hacerlos efectivos.

Así lo decidió el actual contralor Anel “Bolo” Flores, quien reemplazó a Solís el pasado 2 de enero.

Los ajustes salariales para todo el personal de la Contraloría General de la República (CGR), al igual que una nueva escala de sueldos, debían implementarse a partir de la primera quincena de enero pasado. Sin embargo, Flores encontró que, cuando Solís adoptó los aumentos, lo hizo sin contar con los fondos necesarios, lo cual atenta frontalmente con la “regla de oro de la administración presupuestaria”.

“La obtención de los fondos para hacer frente a la nueva escala salarial requiere cumplir con la regla de oro de la administración presupuestaria, definida en la Ley 454 del 14 de noviembre de 2024 [que establece el presupuesto general del Estado para 2025], lo que obliga a las instituciones a no autorizar el trámite de ningún gasto si no se cuenta con la asignación en la partida específica y no existe sostenibilidad financiera”, apuntó Flores en la Resolución 517-DC del 18 de febrero de 2025, que fue firmada por él, junto al actual secretario general de la CGR, Ventura Vega O.

La Resolución 517-DC deroga otra (la número 486-24-DNDRH del 23 de abril de 2024) que firmaron Solís y la entonces secretaria general de la CGR, Zenia Vásquez, a través de la cual se aprobó un “reglamento de la política de aumento de sueldos por mérito” para los 4,003 funcionarios con estatus permanente que entonces había en la planilla de la entidad. Actualmente, hay 3,869.

Precisamente, la resolución que ahora derogó Flores fue la norma invocada por Solís para reubicar a su personal de confianza en el organigrama de la entidad, a fin de que permanezca en la CGR luego de su partida. Y parece que lo consiguió, porque esos empleados siguen allí. Incluso Vásquez, a quien Flores intentó destituir el mes pasado, sin éxito.

Ni aumento ni reglamento

Flores descubrió que el supuesto “reglamento de la política de aumento de sueldos por mérito” no existe: nunca fue publicado en la Gaceta Oficial. Por tanto, no se sabía cómo aplicar los ajustes salariales que dejó su antecesor.

Antes de irse, Solís también derogó el denominado “Manual de clasificación de cargos de gestión por competencias y políticas de sueldos”. Con esa maniobra, dejó a los funcionarios de la Contraloría -según Flores- “en desamparo”.

Para llenar este vacío, el contralor ha encomendado a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica “restablecer las condiciones para asegurar los beneficios” que estaban vigentes cuando Solís firmó la Resolución 486-24-DNDRH de junio de 2024.

‘Insensatez’

Solís siempre supo que no contaba con los fondos para prometer aumentos salariales. En la resolución ahora derogada, se dejaba constancia de que había que “gestionar la consecución de los recursos presupuestarios correspondientes para hacer efectiva la aplicación de la nueva escala de sueldos a partir del 1 de enero de 2025″.

Cuando el presidente José Raúl Mulino se enteró de eso, intentó disuadirlo.

El 27 de junio de 2024, Mulino (que entonces era presidente electo) advirtió que esos aumentos eran una “insensatez”.

“Bien debería saber lo precario de nuestras finanzas y evitar estas decisiones que no serán posibles en el nuevo presupuesto”, advirtió el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Solís no le hizo caso y respondió que “el presidente no es el jefe del contralor”.

Las consecuencias

El plan de ajuste salarial y el supuesto manual de clasificación de cargos elevaban el salario mínimo en la Contraloría de $750 a $800 mensuales. También le sirvió a Solís como herramienta para garantizar que su personal de confianza permaneciera dentro de la entidad, a fin de que el nuevo contralor aprovechara los “conocimientos adquiridos” por aquellos experimentados funcionarios que han ocupado una dirección, aunque uno de ellos ni siquiera tenía un año laborando en la CGR.

De ese modo, en diciembre pasado, Solís otorgó aumentos salariales a ocho directores y nueve subdirectores nacionales que lo acompañaron durante su gestión. A todos los nombró en la planilla con el mismo cargo: el de “asistente ejecutivo II” y un salario de $5,000. La mayoría sigue ahí, con esa posición, aunque otros han vuelto a ocupar una dirección.

Es el caso de Omar Arauz y Felipe Almanza, directores de Asesoría Económica y Financiera, y de Métodos y Sistema de Contabilidad, respectivamente.

También ocurrió con Jesús González y Yovanina Návalo, que ejercieron como directores de Tecnología y de la Academia de Control Gubernamental, respectivamente, con Solís, y ahora también con Flores.

Por su parte, Edgardo Infante pasó de ser subdirector a director de Participación Ciudadana.

El resto conserva el título de “asistente ejecutivo II”, entre ellos Diana King, Sarai Mendoza, Kelyneth Pérez, Elia Díaz, Samuel Moreno, Alexandra Rivera, Ariana Fernández, Damaris Meléndez, Hilda Martínez, Karen Morales, María de las Mercedes Pérez Ferreira y, como ya se mencionó, Zenia Vásquez.

Se desconoce qué ocurrirá con ellos ahora que Flores -que el 7 de febrero pasado anunció restricciones en los nombramientos y ajustes salariales en todo el sector público- derogó la norma que sustentó el plan de Solís.

En total, en la CGR hay 14 directores nacionales y 17 subdirectores.

Mónica Palm

Jefe editorial.