Gaby Carrizo no denunció anomalías con bonos ‘Panamá Solidario’

Uno de los programas insignia del Gobierno durante la pandemia fue el Plan Panamá Solidario. De este se derivaron varios subprogramas, como el “Vale Digital” y el “Bono Solidario”, que recibieron cientos de millones de dólares, supuestamente destinados a “personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, afectadas por la pandemia”, justificaba la Presidencia. ¿Cómo se repartían las ayudas? ¿Cuáles eran los controles?

La Prensa ha tenido acceso a un informe de auditoría, el No. 11/OAI/MP/2021, de la jefa de la Oficina de Auditoría Interna (OAI) del Ministerio de la Presidencia, Marilín Pang. Este informe fue solicitado por el vicepresidente y entonces ministro de la Presidencia, José Gabriel Gaby Carrizo, el 21 de abril de 2021. La auditoría cubrió un periodo de tres meses: entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2021. Los resultados Carrizo los recibió el 16 de agosto de 2021.

En este informe, Pang –una contadora pública autorizada– describió una serie situaciones graves con el uso, distribución y redención de bonos “solidarios”, que abarcaban unos $960 mil, y que revela un patrón de uso irregular de fondos estatales. La funcionaria señaló como posibles responsables de las anomalías a funcionarios de la Presidencia, a promotores comunitarios y a un representante de corregimiento. En consecuencia, recomendó al vicepresidente denunciar los hechos ante el Ministerio Público (MP).

La Prensa preguntó al MP si Carrizo o alguna dependencia de la Presidencia de la República presentó la denuncia por estos hechos o si el MP había iniciado una investigación contra los posibles responsables de las irregularidades detectadas en la auditoría. La respuesta fue “no”. Nada había en ninguna fiscalía, ni siquiera en la de Anticorrupción.

¿Por qué el vicepresidente no interpuso la denuncia? Carrizo respondió a La Prensa que, aunque fue notificado “de una situación irregular” con los bonos en cuestión, dicho informe también “determinó que no hubo perjuicio patrimonial [al Estado, por lo] no recomendó interponer denuncia ante el Ministerio Público”.

En efecto, dicho informe indica que no hubo una afectación económica al Estado, pero también sugiere que la auditoría no era concluyente en varios aspectos y que se requería una ampliación. Pero, aunque apenas era una investigación administrativa, su autora recomendó a Carrizo que interpusiera una “denuncia ante el Ministerio Público para determinar las responsabilidades a que hubiese lugar” (ver facsímil). Y según Pang, no había una, sino varias razones para hacerlo.

La investigación pudo constatar una operación, que aunque fue torpemente ejecutada, intentaba estafar el Estado. A pesar de ello, los funcionarios señalados como posibles responsables de las anomalías descubiertas, hoy día se mantienen en cargos dentro del engranaje gubernamental, incluso en la Presidencia de la República, sin que aparentemente haya habido consecuencias de importancia para ellos.

El método

¿Qué fue lo que provocó la petición de auditoría que hizo Carrizo? Fue una advertencia de la empresa proveedora Vale General, S.A, sobre cinco solicitudes de reembolsos de bonos solidarios, hechos entre febrero y marzo de 2021. Estas solicitudes de redención de bonos tenían un denominador común: una pequeña quesería artesanal –Fábrica de Quesos Joselito– ubicada en La Arena de Chitré, provincia de Herrera, que pretendía que se le pagara, al menos, $960 mil, a cambio de unos 48 mil bonos solidarios.

Estos bonos eran entregados a familias necesitadas por funcionarios del Gobierno. Los bonos se almacenaban en cajas que contenían mil libretas cada una. Cada libreta, a su vez, contenía 6 bonos solidarios, de $20 cada uno. Es decir, cada libreta tenía un valor de $120 y cada caja, $120 mil. En total, la Fábrica de Quesos Joselito hizo cinco solicitudes de redención de bonos, siendo la menor por 6 mil bonos o $120 mil, y la mayor por casi 15 mil bonos o $300 mil, para un total de $960 mil.

Tales solicitudes de redención de bonos encendieron las alarmas del proveedor Vale General, que informó en una carta, el 21 de abril de 2021, a Yaizeth Terán, por entonces secretaria ejecutiva de la Secretaría Social del Ministerio de la Presidencia en una carta, de las irregularidades encontradas.

Es así que, ante los problemas advertidos por un proveedor –y no por los coordinadores ni por la Contraloría– que Carrizo se ve obligado a solicitar la auditoría que ahora nos ocupa y cuyos hallazgos, a juicio del vicepresidente Carrizo, no merecían una investigación de parte del MP.

Las rutas

La auditoría constató, por ejemplo, que, por la secuencia numérica de los bonos solidarios presentados para su redención por la quesería, estos habían sido entregados por la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia de la República para su distribución en Panamá Centro. El que recibió la tarea de distribuirlos fue el coordinador de esa zona, Juan Hernández Morales, un antiguo diputado PRD (2004-2009), nombrado en la Presidencia. Pero los bonos jamás llegaron a su destino original.

De hecho, los casi 48 mil bonos que recibió Hernández Morales para ser repartidos en Panamá Centro, inexplicablemente, viajaron de Panamá hasta Veraguas para finalmente llegar a Herrera, a la quesería Joselito, que pretendía cobrar los $960 mil en bonos solidarios.

El absurdo de este periplo resulta en el argumento de que hubo unas 8 mil familias en Veraguas que habrían recibido libretas de $120 y gastaron la totalidad de su ayuda en la compra de queso blanco de esta fábrica artesanal.

Según la auditoría, el responsable de repartir esos 48 mil bonos en Panamá Centro –Hernández Morales­– “desvió recursos sin autorización”. Entregó unos 47,100 bonos al representante Eric Alberto Ramos (PRD) del corregimiento Edwin Fábrega, en Santiago de Veraguas, quien también preside el Consejo Provincial de Veraguas, “desviando los recursos a otra región sin la aprobación de la Comisión Interministerial o de la Secretaría de Seguimiento de la Ejecución y Cumplimiento del Ministerio de la Presidencia”, advirtió Pang en su informe.

Ramos –cuyo corregimiento pertenece al circuito 9-1 (Santiago de Veraguas) ignoró todas las solicitudes de entrevista que le hizo este medio desde la semana pasada. En una de esas ocasiones, La Prensa intentó concretar con él una entrevista, pero Ramos, a través de su asistente, se negó. Dijo que estaba ocupado en reuniones, y aunque prometió llamar a La Prensa, nunca lo hizo

Los 900 bonos (con valor de $18 mil) restantes para llegar a la suma de 48 mil que intentó redimir la quesería tuvieron otro camino. Dos “promotores comunales”, Ariel Macías del circuito 8-10 y Lineth Grau del circuito 8-7, recibieron 3 mil bonos cada uno. De este grupo, 900 terminaron en la quesería chitreana que reclamaba su canje por dinero en efectivo.

Estos “promotores comunitarios”, recibieron bonos con controles de numeración deficientes, según la auditoría. En el circuito electoral 8-7 que es de la diputada Cenobia Vargas y para quien trabaja Ariel Macías como conductor, hay cuatro diputados: dos de Cambio Democrático, uno del Panameñista y Vargas que es del PRD.

La segunda promotora comunal que recibió bonos y que terminaron en la quesería de La Arena fue Lineth Grau, que laboraba para el circuito 8-7, el cual cuenta con cinco diputados: uno independiente, una del Molirena, uno de Cambio Democrático y dos del PRD, incluido, un expresidente del Órgano Legislativo.

Hechos contundentes

Resulta irrebatible en la auditoría que fueron identificadas cajas íntegras de bonos solidarios con numeración secuencial que supuestamente eran para Panamá Centro, pero que jamás llegaron a las personas necesitadas de esa zona; que unos 47 mil 100 bonos terminaron en manos de un representante de corregimiento de Santiago de Veraguas y; que la redención de estos bonos la pidió una pequeña fábrica de queso blanco artesanal, “antes de haberse cumplido el mes de la entrega” de estos por parte de la Secretaría de Asuntos Sociales del Ministerio de la Presidencia.

Es por ello que la auditora se pregunta cómo es posible “que aproximadamente 8,000 personas [a razón de una libreta por familia] llegaron desde las áreas más pobres y apartadas de la provincia de Veraguas a este comercio en la provincia de Herrera [Fábrica de Quesos Joselito] y adquirieron en quesos, la totalidad de sus bonos solidarios?”

Tan inverosímil es el intento de estafa que, aun asumiendo que los 8 mil beneficiarios de los bonos hayan gastado la totalidad de sus bonos para comer únicamente queso blanco, la fábrica habría tenido que producir y entregar, en menos de un mes, casi medio millón de unidades de queso a cambio de los bonos. A pesar de todo ello, según el vicepresidente Carrizo, no había razón para hacer una investigación más profunda ni presentar una denuncia.

Lea mañana: La investigación que impidió Gaby Carrizo

Ereida Prieto-Barreiro

Reportera Unidad de Investigación.