Gobierno ignoró incumplimientos ambientales de Minera Panamá

El Consejo de Gabinete habría ignorado varias denuncias sobre posible contaminación de los ríos Caimito y Botija en la provincia de Colón, que habrían provocado mortandad de peces, así como otros presuntos incumplimientos ambientales al momento de firmar, en junio pasado, el ahora inconstitucional contrato-ley con Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, Ltd.

Además, los presuntos daños incluirían la acumulación de sedimentos de color blanco y gris que habrían cambiado la tonalidad del agua de los ríos, según los hallazgos del personal del Ministerio de Ambiente (Miambiente) y la de Policía Ecológica durante inspecciones hechas en 2020, tras recibir denuncias ciudadanas.

Esta contaminación se habría constatado en un recorrido de 3.2 kilómetros por el cauce del río Botija, que se une al río Brazo. El Botija desemboca en el río Coclé del Norte, a través del río San Juan. Los sedimentos encontrados –hasta en las piedras– “salen del área de tajo abierto de Minera Panamá, representando un incumplimiento al Estudio de Impacto Ambiental, por no manejar estas aguas de contacto dentro del proyecto minero y las normas ambientales vigentes”, resalta el informe de agosto de 2020.

Aunque se habría evidenciado el incumplimiento ambiental, uno de los defensores del contrato-ley –en su momento– fue el propio ministro de Ambiente, Milciades Concepción, quien afirmaba sentirse “cómodo” con los acuerdos alcanzados con la empresa, pese a los hallazgos de su personal de campo.

Otro de los últimos informes de la Dirección Regional de Miambiente en Coclé, de 2020, revela que se atendieron “varias denuncias” ciudadanas sobre la contaminación de fuentes hídricas ubicadas cerca de los poblados en los sectores noreste y sureste del proyecto minero. Por estas denuncias se iniciaron “diferentes procesos administrativos”.

En las inspecciones de la regional de Miambiente en Coclé, en las que también participó personal de Minera Panamá, se destaca un hecho inusual: durante el recorrido en el que se recogieron las muestras “no se observó presencia de fauna acuática”, resalta el informe.

Pero los representantes de la minera niegan que estos hallazgos estén vinculados a las operaciones de la mina. “Sobre mortandad de peces no estaba asociado a las operaciones de Cobre Panamá; se atribuyó a actividades mineras ilegales en la zona”, respondieron a La Prensa.

Los mismos sedimentos fueron encontrados en el río Caimito, desplazados a través de la Quebrada Chicheme, en agosto de 2021. Los pobladores de esta zona se dedican principalmente a la pesca, agricultura y ganadería como método de subsistencia.

¿Miambiente aplicó alguna sanción a los responsables de la posible contaminación de agua que provocó la muerte de fauna marina? No hubo respuesta de Miambiente.

Dos años después de estos acontecimientos, Miambiente informó a La Prensa que los procesos administrativos contra Minera Panamá “siguen el debido proceso dentro de la esfera administrativa ambiental” en la Dirección Regional de esa entidad en Coclé.

A pesar de las irregularidades ambientales detectadas hasta agosto de 2021, Miambiente habría dejado de hacer inspecciones de control y fiscalización. Las razones para desatender los presuntos daños ambientales no fueron reveladas por el ministro Concepción. Se desconocen los resultados de los estudios de calidad del agua tomadas a estos afluentes durante las inspecciones y lo que provocó la muerte de la fauna acuática, ya que Miambiente tampoco proporcionó esa información.

Según Minera Panamá, “hasta la fecha, no se han detectado en el agua elementos fisicoquímicos procedentes de la mina que puedan suponer una amenaza para la vida acuática”, ya que alega que cuenta con un sistema de “alerta temprana continua y en tiempo real” de monitoreo de la calidad de agua.

Con todo, el 14 de julio de 2021, la minera comunicó de manera “tardía” –dos días después–, según se desprende de un comunicado de Miambiente de esa fecha, la rotura de una tubería que transportaba material de relave, salió del área de la minera y contaminó más de 3 kilómetros aproximadamente de la quebrada Chicheme y luego a los ríos Pifá y Caimito, en Donoso, Colón, cuyas aguas se tiñeron de gris.

Por este caso, la Fiscalía Superior Ambiental del Ministerio Público abrió una investigación por presuntos delitos ambientales, mientras que Miambiente inició un proceso administrativo un mes después (ver foto).

El jueves pasado, el Ministerio Público realizó una inspección ocular de oficio en la otrora concesión de Minera Panamá, S.A., como parte de una investigación por posibles delitos ambientales y otros. Durante la diligencia, se tomaron muestras de agua de ríos y quebradas.

Representantes de la empresa comunicaron que los procesos administrativos contra la minera avanzan de “manera normal” y aseguran que han mostrado pruebas de que no están implicados y que existen nueve denuncias por minería ilegal entre octubre de 2022 y marzo de 2023, aunque la minera fue multada por Miambiente –con $21 mil 813– en concepto de sanciones ambientales contenidas en once resoluciones de procesos administrativos iniciados en 2013.

De acuerdo con una bitácora de gestiones de monitoreo de Miambiente, el último informe técnico realizado sobre hallazgos e incumplimientos de Minera Panamá fue en agosto de 2021. Estos informes formaron parte del paquete de documentos recibidos por la Corte Suprema de Justicia para fallar contra del contrato-ley de la minera.

Cuestionamientos

Este medio, anteriormente, había reportado otros hechos de incumplimientos de la empresa minera, contenidos en informes entregados por Miambiente. Los nuevos informes obtenidos por La Prensa en noviembre pasado, no solo resaltan que la compañía es “reincidente” en incumplimientos ambientales sino que detallan nuevos hallazgos preocupantes entre 2020 y 2021.

Por ejemplo, otros hallazgos causaron alarma a los funcionarios: “El evidente incumplimiento y poco compromiso de la empresa al componente de biodiversidad, toda vez que este proyecto, entre la fase de construcción y de operación, lleva una ejecución aproximada de 10 años, tiempo suficiente para que corredores” aéreos fuesen implementados.

En el recorrido por una zona no mayor de una hectárea de la minera, los funcionarios se percataron –durante otra inspección– que las plantas sembradas año y medio antes de la visita de Miambiente tenían “muy pobre desarrollo”, y que ello podría estar influyendo la “composición muy pobre del suelo”, comentaron.

En el mismo informe se expresa preocupación porque la empresa no rescata o reubica flores, como orquídeas. Minera Panamá habría informado a Miambiente que “en el sitio actual de tala no se encontraron especies de interés para el proyecto”. Sin embargo, menciona el informe, la regional de Coclé de Miambiente no contaba con una “última modificación” que realizó la empresa al componente de biodiversidad, por lo que pidieron facilitar el Plan de Acción de Biodiversidad.

Fuera de límites

En entrevistas periodísticas recientes, Concepción manifestó que Minera Panamá habría tomado más de dos mil hectáreas de tierra para instalar su tina de relave, pero fuera del perímetro de su concesión, por lo que las autoridades de turno habrían cedido esas tierras.

Ahora que la Corte declaró inconstitucional el contrato-ley de la minera, Concepción cambió de versión. Dijo a La Prensa que “no ha recibido información relacionada al caso” y que la tina de relave es una de las infraestructuras “aprobadas dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), categoría III” de la empresa desde el 28 de diciembre de 2011.

Pero Miambiente no ha realizado una verificación de campo para determinar cuántas hectáreas ocupa actualmente la tina de relave de la minera. Concepción dijo que se levantó un mapa con imagen satelital en el que se observa que la minera ocupa unas mil 745 hectáreas de las 2 mil hectáreas aprobadas en su EsIA. El funcionario evitó señalar en qué año la Dirección de Información Ambiental (DIAM) levantó el mapa satelital.

El pasado 27 de diciembre, en su cuenta de X, Cobre Panamá afirmó que “aún no está definido” el plan de cierre de la mina, ya que “depende de la aprobación del Estado”.

Este plan de cierre fue establecido en el EsIA, el cual señala que será “progresivo durante el tiempo de vida de la mina”. El anuncio de la empresa, se hizo a un mes de que la Corte Suprema anulara su contrato. Miambiente no reaccionó a la publicación de Minera Panamá.

Vea mañana: Otras fallas en la fiscalización ambiental

Ereida Prieto-Barreiro

Reportera Unidad de Investigación.