La dependencia política y la falta de transparencia en nombramientos de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) no es nueva. Hace más de cuatro años un estudio del Instituto de Gobierno Corporativo (IGC) alertó sobre la injerencia política en la toma de decisiones y los nombramientos.
Esto tiene consecuencias para el desempeño del servicio público que está obligada a garantizar a la ciudadanía y perjudica “al consumidor, los proveedores y al Estado”, según el informe. Por ejemplo, la lleva a operar “a un costo más alto”.
Esas conclusiones fueron publicadas por el IGP en 2019. También algunas recomendaciones para acercar a la empresa a “la mejor práctica reconocida en el contexto internacional”. ¿Cambió algo desde entonces?
El estudio no ha sigo actualizado tras esa fecha, pero el análisis publicado por La Prensa el lunes 15 de enero pasado evidencia lo contrario.
Especialistas señalan que la administración de los puestos en el sector público es la moneda de cambio principal que alimenta la matriz clientelar. Algo que ha sido así en gestiones de gobierno anteriores, pero en la actual ha llegado a “extremos inverosímiles”.
Reducto del PRD
“En Etesa la clave está en los nombramientos”, dijo Carlos Barsallo, abogado y expresidente del IGC. El también abogado y experto en derecho corporativo Carlos Elías Sanjur coincidió: “Las juntas directivas de las empresas públicas tienen que estar compuestas de técnicos para el buen gobierno corporativo”.
Ni ministros, ni viceministros, ni amigos o parientes del poder: personas capaces, “independiente del gobierno de turno y del partido que esté en el poder”, agregó Sanjur.
En Etesa el presidente de la junta directiva es el ministro de Comercio, Jorge Rivera Staff, según publica la empresa en su página web. Otro ministro -el de Presidencia, Jorge Simpson Polo- y una viceministra -Enelda Medrano de González- ocupan dos lugares más. El cuarto es para la hermana del exdiputado y secretario de la Asamblea, Quibián Panay: Luz Arreguín González.
Moneda de cambio
Todos los integrantes de la junta directiva de Etesa fueron nombrados por el presidente de la República, con la aprobación de un organismo que termina influyendo en su planilla y en su junta: la Asamblea.
Además de Arreguín González, aparecen en la planilla la hija de Benicio Robinson, Mirbenis, y el suplente del diputado Raúl Pineda, Alexis Ayala. Ayala, además de director de recursos humanos en la institución con un salario por arriba de los $5 mil, está teniendo un rol activo en la campaña de su principal, Pineda, repartiendo juguetes y comida. Tiene tres sombreros: Etesa, la campaña y la propia Asamblea.
Carlos Mosquera tiene una asistente que estaría ganando más de $5mil, y que por lo que pudimos saber, no es muy conocida por la sede.
— La Prensa Panamá (@prensacom) January 15, 2024
Mosquera dio una respuesta ambigua señalando que ni siquiera todos los trabajadores lo conocen a él.https://t.co/fFg7F91z8o pic.twitter.com/y3UrMr0SgO
La Prensa analizó las planillas de 40 instituciones del Estado. Llamativamente, las más opacas son Etesa y la Asamblea.
“A diferencia de la buena práctica, el proceso de nombramientos continúa siendo una decisión política que hace que los candidatos a la junta estén sujetos al compromiso político, así como a una probable influencia política”, indica el estudio de IGP.
Lea: La planilla de Etesa a oscuras
Barsallo agrega lo obvio: “Sin buenos nombramientos, no hay buen gobierno corporativo de verdad”.
Pero, ¿por qué es importante la independencia?
El informe del IGP explica que afecta el desempeño económico, social y la capacidad de brindar servicios esenciales de las de propiedad estatal. Si hay gestiones enfocadas en el servicio y no en los favores o compromisos, esos servicios serán mejores para los ciudadanos, sin cortes navideños y por precios razonables.
La mala noticia es que Etesa no es la única empresa pública en problemas.
¿Y las demás?
En su estudio, el IGC monitoreó cuatro más analizando parámetros de la única norma internacional sobre gobierno corporativo de empresas públicas que existe, la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Las conclusiones muestran que algunas están incluso peor que Etesa.
Todas fallan en los controles internos. También en nombramientos: “Procesos de nombramientos de las juntas están orientados políticamente, son opacos y no explícitamente basados en mérito”, indica. Enseguida, concluye: “Queda claro que el principal criterio favorece los contactos personales y lealtades políticas”.
Además, o tienen injerencia del poder político en sus decisiones o no hay transparencia, porque no publican información suficiente en sus sitios web como para establecerlo con precisión (ver recuadro).
Investigaciones publicadas por este medio demostraron que hoy en la gestión pública los favores se pagan con planillas. Son acuerdos que se dan en las sombras, pero a veces trascienden pese a esfuerzo por ocultarlo con planillas camufladas. Por ejemplo, los familiares y socios de diputados nombrados en Etesa o los entes de control que no controlan, como la Contraloría.
Aunque la planilla estatal ha sido siempre un botín político, según la presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Lina Vega, “ha llegado a extremos inverosímiles en esta administración, provocando una institucionalidad ineficaz y corrupta”.
Para peor, agrega Vega, “con la complicidad de los órganos de control, también capturados por los partidos en el poder”. Por eso, “urge que este país se implemente con seriedad la carrera administrativa y se respete el conocimiento y la experiencia”.
La buena noticia, al menos en el caso de las empresas del Estado, es que puede resolverse fácilmente: “Resulta bastante fácil identificar las debilidades y desarrollar un plan de acción correctivo”, concluyó el estudio del IGP.
