Pese a que los ministros de Estado, por ley, no pueden intervenir en actos administrativos que favorezcan o perjudiquen sus intereses particulares o los de sus familiares, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, participó en el Consejo de Gabinete y autorizó la presentación de un proyecto de ley que promueve el uso del bioetanol anhidro como parte de la estrategia de diversificación energética del país.
Lo hizo a pesar de que su hermano Fernando Chapman Arias es director suplente en la Compañía Azucarera La Estrella, S.A. (Calesa), una de las empresas que ha mostrado interés en el proyecto y que se beneficiaría con la adopción del uso del bioetanol.
En Calesa también figura como director suplente el abogado Aníbal Galindo, amigo y asesor del presidente de la República, José Raúl Mulino. El agente residente de la empresa es Alemán, Cordero, Galindo & Lee, la firma forense en la que Galindo es socio fundador. Actualmente está “en licencia”.
El 30 de septiembre de 2025, Chapman participó en el Consejo de Gabinete en el que el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó el proyecto que establece los nuevos lineamientos para la política nacional sobre el biocombustible.
En esa reunión también participó (con voz, mas no voto) el contralor Anel Flores, quien fue presidente de otro ingenio, la Central Azucarera de Alanje, hasta el 20 de noviembre de 2024. Esa empresa ahora es presidida por su hermano Alejandro Flores de la Lastra. Los hijos del contralor, Alejandro y Andrés Flores Icaza, fungen como secretario y tesorero, respectivamente, de la junta directiva.
El contralor Flores fue apoderado del ingenio hasta el 20 de mayo de 2025. Ese día, en una reunión celebrada en David, Chiriquí, la junta directiva le revocó el poder general.
Como resultado, ese día se aprobó la Resolución de Gabinete 98, en la que se autoriza a Orillac a presentar la propuesta legislativa ante la Asamblea Nacional. Chapman firmó esa resolución, con el resto de los ministros participantes.
El 21 de octubre, Orillac presentó el proyecto (que ahora es el número 443) en la Asamblea. Ahora está anotado en la agenda del pleno legislativo, para su discusión en segundo debate.
Conflictos y un acta secreta
Chapman, como ministro, es uno de los sujetos obligados a los que aplica directamente la Ley 316 de 2022, que establece medidas para prevenir y regular situaciones de conflictos de intereses en el ejercicio de las funciones públicas.
Cualquier evento de la función pública que redunde en un beneficio para el servidor del Estado, sus familiares o donantes representa un conflicto de interés. La Ley 316 indica quiénes son los sujetos obligados a acatarla: los ministros y viceministros son los primeros de esa lista.
El artículo 8 de la citada norma indica los siguiente: “Lo sujetos obligados deben ejercer sus funciones con independencia de criterio y con equidad, por lo cual no podrán mantener interés particular, laboral, económico o financiero que pudiera estar en conflicto de intereses con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo o incurrir en alguna conducta definida como conflicto de intereses, de acuerdo con la legislación vigente”.
Ante una situación de conflicto de intereses, los sujetos obligados deben manifestar su condición y separarse del conocimiento de esos asuntos.
Además, está la declaración jurada de intereses particulares. Chapman, al tomar posesión del cargo, debió redactar este documento ante notario público, en el que lista cualquier relación sostenida con personas o empresas que reciban o presten algún servicio del Estado o que tengan algún contrato o concesión, según consta en el artículo 18 de la norma. También podrán declarar, voluntariamente, “todas otras posibles fuentes de conflictos de intereses distintas a las que se detallan en este artículo, así como hechos sobrevinientes”.
Se desconoce si el ministro, en su declaración jurada, anotó la participación de su hermano en Calesa y los beneficios que esta obtendría si se adopta el uso del bioetanol como política nacional, ya que dicho documento es secreto.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tiene la custodia de las declaraciones juradas de conflictos de intereses y no comparte ese contenido con nadie.
Habla Chapman
El ministro Chapman indicó a La Prensa que no ha participado en el análisis, discusión y cualquier pronunciamiento sobre el proyecto del bioetanol.
“No he emitido opinión en ninguna instancia”, remarcó.
“Cualquier referencia administrativa asociada al trámite institucional no cambia ese hecho. Actúo siempre con responsabilidad y en apego a principios de transparencia y coherencia en la gestión pública. En este caso, los hechos son claros y consistentes”, recalcó.
Quién es quién
Calesa y Alanje son dos de los cuatro ingenios del país que han manifestado interés en la aprobación del proyecto 443. Los otros dos son Central Azucarero La Victoria y Santa Rosa (Azucarera Nacional, S.A.).
Además, hay dos ingenios que tienen un origen común: ambos nacieron del proceso de privatización de entidades estatales promovido en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).
En octubre de 1996, el Gabinete declaró la privatización de los dos ingenios operados por la empresa estatal Corporación Azucarera La Victoria (CALV) y autorizó un plan de reestructuración.
Como parte de ese plan se constituyeron dos sociedades: Central Azucarero de Alanje, S.A. y Central Azucarero La Victoria, S.A. (Calvisa). Ambas sociedades fueron inscritas el 13 de mayo de 1998. La primera adquirió los bienes, activos y pasivos en la provincia de Chiriquí; la segunda, en tanto, se quedó con la operación en Veraguas.
El traspaso se completó en octubre de 1998 y CALV desapareció.
Alanje fue adquirido por los Flores; La Victoria, en tanto, por las familias Martinelli y Virzi.
Martinelli-Virzi
El expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, presidió Calvisa hasta su renuncia a ese cargo, el 11 de diciembre de 2007. Fue reemplazado por su hermano, Mario Martinelli B. , quien preside la sociedad hasta el día de hoy, El resto de la junta directiva la completan David Virzi Jiménez, cuñado de Martinelli; su hermano Rafael Virzi Jiménez, y su hijo David Virzi Martinelli, como tesorero, secretario y subtesorero.
El subsecretario es Rafael Elías Virzi Salerno; como vocales están Irma Martinelli B. y Mario Enrique Martinelli Matute, hermana y sobrino del exgobernante.
Los otros directores son Analida Martinelli Berrocal y Federico Torres Vásquez.
¿Qué es Alcoholes de Alanje?
Los Flores, los Virzi y los Martinelli comparten una sociedad denominada Alcoholes de Alanje, S.A., registrada el 24 de febrero de 2005. En su pacto social se menciona que esta sociedad será la tenedora de las acciones de otras sociedades que inviertan en negocios o actividades comerciales, industriales o agrupecuarias de cualquier naturales, “y en particular en la producción, distribución, almacenaje y venta de productos y subproductos de caña”.
El hoy contralor Flores también formó parte de Alcoholes de Alanje. Apareció como parte de su primera junta directiva, ocupando la vicepresidencia hasta el 11 de mayo de 2016, cuando presentó su renuncia.
La sociedad la preside Eric Arturo Delvalle (q.e.p.d.), quien fue presidente de la República entre los años 1985-1988, en plena dictadura militar. Aunque Delvalle falleció el 2 de octubre de 2015, no hay constancia de que haya sido removido del cargo en Alcoholes de Alanje.
La junta directiva de Alcoholes la completan Mario Martinelli Berrocal y Aníbal Galindo (el amigo y asesor de Mulino) como tesorero y secretario, respectivamente.
Rafael Virzi Jiménez, Alejandro Bosco Flores, Eric Antonio Delvalle y Hans Hammershlag figuran como directores suplentes.
Santa Rosa
Por último está Azucarera Nacional, S.A., comercialmente conocida como el ingenio Santa Rosa. Fue inscrita el 27 de julio de 1949.
Raúl Eugenio Delvalle Henríquez, Alfredo Fonseca Mora, Ricardo Delvalle Paredes y Vilma Raquel Delvalle de Díaz ocupan los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero y secretaria, respectivamente. Yvonne Cardoze de Alfaro aparece como directora.
Su accionista principal es la Compañía Delvalle Henríquez, S.A.
