En los últimos cinco años, el Ejecutivo desvió al menos $100.5 millones provenientes de ahorros obtenidos en sus préstamos con organismos internacionales y otros fondos destinados al pago de intereses de la deuda pública, a fin de que la Asamblea Nacional (AN) pudiera mantener (y hasta aumentar) su planilla de personal transitorio y de servicios especiales, que no son otra cosa que las planillas secretas 002 y 172.
No obstante, en la agenda del día y en las actas de la sesión de la Comisión de Presupuesto de la AN solo hay constancia de uno de estos traslados; del resto no hay rastro y su existencia se conoce porque están en las resoluciones que, al respecto, emitió la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La Prensa solicitó al diputado independiente Juan Diego Vásquez, miembro de la Comisión de Presupuesto, una copia de las actas de aquellas sesiones en las cuales, presuntamente, se aprobaron los desvíos de fondos a favor de la AN. Vásquez requirió la transcripción de las discusiones de esos días, en los que se argumentaron y formalizaron dichos traslados y créditos. Específicamente, solicitó las actas de 12 fechas; la secretaría general de la AN le proporcionó solo la mitad, y de estas, únicamente una contenía la información deseada. En las demás, no había nada.”
“Yo mantengo varios procesos de habeas data en los que solicitó esta información, ya que el presidente de la comisión [Benicio Robinson] no es transparente en el manejo de la documentación”, señaló Vásquez.
Empezó en el ocaso de Varela
La primera de estas maniobras tuvo lugar poco antes de las elecciones del 5 de mayo de 2019, bajo el gobierno de Juan Carlos Varela, siendo Yanibel Ábrego la presidenta de la AN.
El 26 de febrero de ese año, según el expediente de la Dirección de Presupuesto de la Nación, se solicitó el traslado de $3 millones para pagar la planilla legislativa, utilizando los “ahorros generados en las partidas de intereses” de préstamos adquiridos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). La solicitud fue aprobada al día siguiente por la Comisión de Presupuesto de la AN.
Luego, en octubre de 2020, en plena pandemia respiratoria y ya con Laurentino Cortizo como presidente, el Consejo de Gabinete autorizó un crédito adicional extraordinario de $22.9 millones, a favor de la Asamblea, que entonces era presidida por el diputado del PRD, Marcos Castillero. La fuente de ingresos para este crédito, resalta la resolución de Gabinete, serían los “recursos del crédito externo-bonos externos”.
Confinados y gastando
Los $22.9 millones solicitados en octubre de 2020 serían para cubrir la planilla de julio a diciembre del personal transitorio de ese año, cuando la mayoría de las actividades económicas estaban suspendidas por la covid-19, la población estaba en confinamiento y los diputados, cuando sesionaban, lo hacían de forma virtual. El 11 de noviembre, la Comisión de Presupuesto de la AN aprobó el desembolso.
Lo siguiente ocurrió el 24 de marzo de 2021. Ese mismo día, la AN autorizó dos solicitudes enviadas por la Dirección de Presupuesto de la Nación en diciembre de 2020 y febrero de 2021: la primera, por $3.5 millones, y la segunda, por $25.8 millones. De un plumazo, $29.3 millones de ahorros de la deuda pública se desviaron para “reforzar” la planilla legislativa.
Los recursos provenían del “programa del servicio de la deuda pública interna […], producto de ahorros generados por las transacciones a nivel financiero que se han realizado en el manejo de la deuda pública”.
Castillero, que era el presidente de la Asamblea, explicó –según cita la resolución del MEF– que el dinero permitiría “honrar la continuidad laboral de ese personal que estuvo activo en el período fiscal que acaba de finalizar y que para esta vigencia de 2021 se le requiere dar continuidad laboral en las diferentes unidades administrativas y en los circuitos” de los diputados.
En la sesión del 24 de marzo de 2021 ocurrió algo llamativo: el viceministro de Economía, Jorge Almengor, compareció ese día para solicitar un traslado de $6.3 millones para pagar una póliza y “sufragar gastos legales de los arbitrajes internacionales” en los que estaba involucrado el Estado panameño. En el acta de la sesión de la Comisión de Presupuesto correspondiente a ese día hay constancia de la intervención de Almengor, pero ni una mención a los $29.3 millones para gastos de planilla. Entonces, ¿Cómo se aprobó el traslado?
La Comisión de Presupuesto la integran 15 diputados; la resolución que aprobó el traslado de los $29.3 millones la firman únicamente 8, entre ellos Robinson.
Un año después, en marzo de 2022, el MEF gestionó otro traslado, ahora por $5.3 millones, de la partida de “amortización de otras obligaciones, correspondiente al programa de la deuda interna”. Nuevamente, el dinero se habría usado, según los documentos, para pagar al “personal [que] ha estado laborando en la institución desde 2019″.
Burla
Luego, ocurrió un estallido social. En julio de 2022, iniciaron unas jornadas de protesta ciudadana por el alto costo de los precios del combustible, de la canasta básica y de las medicinas. Se cerraron las calles, las provincias quedaron incomunicadas, se cortó la cadena de suministro de alimentos, se suspendieron las citas médicas y muchos colegios y actividades económicas regresaron al teletrabajo.
La junta directiva de la AN, en un intento por apaciguar los ánimos, anunció un “plan de ajuste de gastos”, que implicaba la “suspensión” de los aumentos salariales y los nombramientos permanentes (lo cual no implica de ninguna manera la reducción de la planilla); la también suspensión de los viajes y viáticos dentro y fuera del país, seminarios y giras de trabajo. Tampoco se servirán boquitas en las reuniones y el consumo del combustible se reduciría en un 50%. De ninguna manera se comprometieron a eliminar las planillas 002 y 172. En la práctica, ocurrió todo lo contrario.
Para salir del atolladero, el Ejecutivo se vio obligado a sentarse en una “mesa única de diálogo” en Penonomé, con representantes de grupos sociales y comarcales, bajo la mediación de la Iglesia católica.
Aquella mesa se mantuvo hasta la primera semana de septiembre. Lo que la población desconocía es que paralelamente el Ejecutivo y la Asamblea acordaban dos traslados de fondos, que se formalizaron en septiembre y octubre de 2022, por la suma de $24 millones. Estos dineros correspondían a la partida de “intereses sobre bonos” de la deuda pública, según consta en los documentos.
Los fondos se usaron para pagar las planillas de julio a diciembre de 2022 del personal transitorio y de servicios especiales.
Además, estos traslados se hicieron después de que el MEF formalizó –en agosto de ese año– un acuerdo maestro y sus enmiendas con Citibank, N.A., para “disminuir el pago de intereses [de la deuda pública] en el 2022 e incorporar el pago de los cupones del mes de septiembre de 2022, de los Bonos Globales [de] 2024, 2028, 2029, 2032, 2037 y 2056″, detallan los documentos.
Pareciera entonces que los ahorros producidos en el pago de deuda serían utilizados para gastos de operación.
En la recta
Los últimos traslados (al menos de los que se tiene constancia) ocurrieron en agosto, septiembre y octubre de 2023, en pleno año preelectoral.
Los de agosto y septiembre pasado fueron por $14.5 millones cada uno y los fondos provenían de los “ahorros resultantes de la partida de amortización de otras obligaciones del subprograma ‘Otros Financiamientos’ de la deuda pública”.
El tercer traslado –de $10 millones–, en octubre pasado, provino de los “ahorros generados en la partida de intereses del Bono del Tesoro 2024 de 4.95%, producto de la recompra directa...” de estos bonos.
¿Cuántas personas se beneficiaron con estas transferencias de dinero? La documentación no lo detalla, pero es un hecho de que la planilla de la AN ha crecido exponencialmente: en diciembre de 2010, la planilla legislativa tenía 1,490 funcionarios; en julio de 2019, cuando hubo cambio de gobierno, eran 2,339 servidores, y ahora, según el informe de Contraloría de enero pasado, ya eran 6,071, entre eventuales y permanentes.
Este crecimiento no corresponde con la realidad financiera del país.
Para financiar el presupuesto general del Estado del presento año (de $30,690 millones), en febrero pasado el MEF emitió tres bonos globales, por la suma de $3,100 millones.
Para el exviceministro de Economía, Domingo Latorraca, es “una práctica terrible” trasladar una partida de amortización del préstamo “hacia una partida de funcionamiento que paga la planilla de una institución pública […] Estamos pasando por tiempos de vacas flacas con un relativo alto endeudamiento público”.
“Es extraño que en varias vigencias fiscales se hagan traslados de partidas desde estas cuentas hacia cuentas de funcionamiento. Cualquier variación en el servicio de la deuda debe ser ahorrada y no gastada en planillas”, remarcó.
