El martes 16 de mayo La Prensa reveló que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) desvió más de $202 millones de dólares a juntas comunales, la mayoría controlados por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Desde entonces, llovieron consultas y comentarios a este medio y sus periodistas preguntando cuánto había recibido tal o cual junta comunal, o si equis municipio estaba incluido en el reparto. Es algo que el gobierno está obligado a informar, pero no lo hace.
La Prensa impulsa una histórica liberación de datos sobre la descentralización en el país: habilita un enlace para la descarga de los 2,649 pagos de la AND, la mayoría refrendados por la Contraloría, a 466 juntas comunales, 64 municipios, dos asociaciones de alcaldes y cuatro consejos provinciales. Porque la información pública debe estar al alcance de cada ciudadano.
Descargue aquí la base de datos de la Descentralización paralela.
La opacidad fue hasta ahora el principio rector de la AND sobre descentralización, aunque la ley que la implementó obliga a las autoridades a gestionarla según los principios de transparencia, publicidad y acceso a la información pública, para así garantizar la participación ciudadana.
Ahora, desde un pueblo perdido de Tonosí, una comuna alejada de Bocas del Toro y la intensa ciudad de Panamá, se podrá acceder a todos los datos obtenidos y analizados por La Prensa. Porque los documentos públicos son propiedad de los ciudadanos y deben estar siempre a su disposición.
La base de datos contiene 2,649 pagos de la AND, la mayoría refrendados por la Contraloría, a 466 juntas comunales, 64 municipios, dos asociaciones de alcaldes y cuatro consejos provinciales.
Honrar la ley
La ley de descentralización sancionada en 2009, dejada de lado en la gestión del expresidente Ricardo Martinelli y rescatada otra vez en 2015, por medio de Ley 66, es clara: los gobiernos locales y el nacional deben hacer pública la información de la gestión para garantizar “una auténtica participación e integración ciudadana en la planificación, ejecución y evaluación del proceso de desarrollo local”.
“Poner a disposición de la ciudadanía información fidedigna, completa, comprensible y comparable, mediante un mecanismo fácil y oportuno”, marca la norma. De esa manera, los ciudadanos pueden tomar decisiones sobre qué obras hacer, evaluar si las inversiones impactaron según lo planeado y el desempeño de la gestión pública, fomentando así el desarrollo y la rendición de cuentas. Y es que no hay participación posible sin acceso a la información necesaria para tomar decisiones.
Son varios los artículos de la ley que refieren a la transparencia. Sin embargo, la AND ha mantenido en la opacidad la distribución de los $353 millones del presupuesto para este año prelectoral -$67 millones más de lo que manejó en el 2022-. Y de los años anteriores también.
Desde el miércoles, podrás descargar los datos a los que accedió La Prensa, identificar historias y escribirnos a periodismociudano@prensa.com para que las contemos juntos. pic.twitter.com/WXoEfZcPH3
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 5, 2023
Desde mediados de 2022, el diputado independiente Juan Diego Vásquez intentó sin suerte conocer quiénes reciben las partidas de la “descentralización paralela”: cuánto, para qué y cuáles son los criterios de entrega. Pidió informes a la AND, a la Contraloría y hasta presentó un recurso de habeas data ante la Corte Suprema de Justicia, pero no hubo caso: ningún organismo transparentó la información.
El director de la AND, Edward Mosley Ibarra González, se negó a informar cuáles son los municipios y juntas comunales del país que reciben partidas por fuera de los dos programas oficiales: el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piosm) y el Impuesto de Bien Inmueble (IBI). Ahora La Prensa lo publica.
“Finalmente los panameños tenemos algo de luces”, dijo Vásquez sobre la liberación de datos de La Prensa. Y, aunque lamentó que “sea a través de un medio y no por las obligaciones de la ley”, aplaudió “la labor de investigación”.
Descargue aquí la base de datos de la Descentralización paralela.
Todos los datos
La Prensa accedió a más de 3 mil registros de la Contraloría General de la República –con su número de control (Scafid), monto y destino, entre otros datos– que muestran AND desvió fondos por fuera de los programas establecidos por ley.
Lo primero que hizo este medio fue chequear la información. En el sitio de consultas de la Contraloría General, buscó cada uno de los más de dos mil pagos con el número de trámite (Scafid), para corroborar que la información fuera oficial y que fueran partidas por fuera de los programas mencionados. O sea, que realmente se trataba de una “descentralización paralela”.
Una vez corroborada la información, este medio construyó una base de datos para poder analizarla. Identificó dónde estaba ubicada cada junta comunal, para agregar a la base columnas con la indicación de provincia y distrito. El tercer paso fue cruzar eso con el listado de representantes y alcaldes del país de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), para obtener el nombre del representante y el partido político de cada corregimiento que recibió fondos.
Hubo algunas imposibles de identificar, porque hay más de una junta comunal con el mismo nombre. En esos casos, la base indica “no identificado”. En esa lista hay 41 juntas comunales, entre las que están Buenos Aires -hay dos, una en Chame y otra la Comarca Ngäbe-Buglé-, El Cedro, El Coco, Pedregal y Pedregoso, entre otras. Allí corresponde la etiqueta ‘No identificado’ en provincia, distrito, representante y partido. A veces sí se pudo asignar partido.
Por ejemplo, hay dos con el nombre Bella Vista: una en Tolé, Chiriquí, y otra en Panamá. Las dos al frente de un representante panameñista. Así que, en provincia, distrito y nombre del representante, verán “no identificado”, mientras que en partido político del representante dirá “panameñismo”. Lo mismo en casos como El Cacao, porque las tres con ese nombre son PRD. O La Palma, Río Grande, Los Algarrobos, La Colorada y El Higo: hay más de una, pero todas están administradas por el PRD.
En muy pocos, casos esa cuestión pudo resolverse con el dato incluido en la descripción en el trámite de Contraloría o el número de cuenta. Por ejemplo, las dos juntas comunales de Juan Díaz.
Finalmente, tras ese proceso, se agregó la fecha, para analizar en qué momentos se produjo el desembolso. De esa forma, lo que antes era un sinfín de datos sin sentido se transformó en una cantera de información relevante.
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— La Prensa Panamá (@prensacom) June 6, 2023
Sol Lauría, la periodista que realizó la investigación Descentralización paralela, compartirá cómo buscar, analizar y encontrar lo más importante de… pic.twitter.com/055juSIFw2
Esa es la información que La Prensa libera hoy: una base de datos que cada ciudadano podrá descargar, consultar y analizar. En una acción sin precedentes en el país, el medio habilitó el correo electrónico periodismociudadano@prensa.com para que, luego de mirar, la ciudadanía comparta hallazgos, comentarios o correcciones con este medio y para alimentar nuevas historias periodísticas, realizadas con la comunidad. El jueves 7 de junio a las 10 a.m., además, los socios de La Prensa podrán conversar con la periodista Sol Lauría sobre la investigación y los contenidos de la información liberada.
La base de datos de la Descentralización paralela ayuda a devolver el poder de la información a donde pertenece: las y los ciudadanos del país.
Descargue aquí la base de datos de la Descentralización paralela.
