La historia de los incentivos turísticos es la historia de una insistencia avivada por millones de dólares que el Estado, en forma de descuentos fiscales, inyectará en negocios privados. De millones de dólares inflados.
La Prensa solicitó al Ministerio de Medio Ambiente (MiAmbiente) los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos certificados por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para optar por los subsidios disfrazados de incentivos. El que quiera construir en Panamá debe contar con esos estudios aprobados y también incluir en ellos una declaración que revele el monto de la inversión total. O sea, dar fe ante la autoridad estatal del costo del proyecto.
Los resultados muestran que, de los once EIA disponibles, diez tienen una diferencia total del doble de los montos declarados por los mismos desarrolladores –y para los mismos desarrollos– a dos instituciones distintas: la que aprueba la obra –MiAmbiente– y la que otorga el subsidio –la ATP–.
El Estado dejaría de recaudar miles de millones, no solo para que los empresarios no asuman el riesgo implícito de cualquier inversión, sino para generarles un generoso colchón a prueba de cualquier (im)posible subida inflacionaria. Así, los beneficios para quienes reciben los créditos fiscales son triples: el monto de lo que el hotel vale, la diferencia entre lo que vale y lo que dicen que vale y las ganancias por la operación de esos hoteles cuando los terminen, ya que los créditos son transferibles.
A todo ritmo
Los precios certificados por la ATP ya habían despertado alarmas.
En los EIA que MiAmbiente envió a este medio, los sobrecostos de lo que declararon a la ATP son evidentes. Aunque no son todos.
MiAmbiente indicó que 21 de los 39 proyectos no se encontraron en la base de datos “con el nombre indicado”, aclarando que pueden haberse registrado con otro nombre o mediante otra empresa. Entre los que están disponibles en su sistema de consulta online, hay diferencias notables. Y el único que da saldo a favor del monto certificado por la ATP es de un proyecto que declaró ante MiAmbiente un monto para una construcción muchísimo más amplia que un hotel.
Otro dato interesante para contrastar es la fecha de aprobación del EIA. El espíritu de la Ley 122 de 2019 es atraer inversiones frescas para construir proyectos nuevos. Sin embargo, en algunos casos parece más un salvataje para empresarios que no pudieron cumplir con los planes que tenían.
Siga el baile, siga el baile
La danza de los millones bailada al ritmo de los cantos de empleomanía y reactivación económica incluye algunos engaños de los desarrolladores, avalados por la ATP.
Primero, los más obvios: los cinco proyectos cuyos EIA fueron aprobados en 2022, el mismo año o incluso después de obtener la certificación de la ATP.
En esa lista están Corotú Village, del donante de campaña del presidente Laurentino Cortizo, Rubén Prato Zuluaga, y otro vinculado a él, porque comparte directiva con el representante en cuatro sociedades: ITM Guayacan. También Nera Condo Suites, liderado por un tramitador de documentos en Empresas Bern llamado Renso Espino Díaz; IMT Chiriquí, y Selina Santa Catalina, proyecto vinculado al excuñado del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen.
Todos ellos suman $174.5 millones de diferencia extra entre los montos indicados a la ATP y los declarados a MiAmbientre. Y eso a pesar de que algunos de ellos presentaron el EIA un año después de recibir la certificación turística (ver gráfico). O sea, los proyectos se abarataron con el tiempo en lugar de subir de la mano de la inflación del momento. ¿Cómo justifican esta diferencia?
La Prensa envió, vía email, un cuestionario a todos los grupos mencionados para saber si tenían EIA aprobados, sus montos y si estos eran los mismos que los presentados ante la ATP. En caso de variar, se pidió que indicasen porqué variaron. El único de los cincos mencionados que respondió fue el representante de los proyectos para construir y ampliar hoteles Selina ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Assets Trust & Corporate Services.
El grupo tiene cuatro proyectos enlistados en la danza de los millones. En los dos con EIA disponible online hay diferencias: para el de Santa Catalina y para el de Boquete. En su respuesta, Assets Trust & Corporate Services reconoció que sí había variación y que la diferencia “ocurre con frecuencia”, ya que “los valores declarados al inicio del proceso (EIA) están basados en proyecciones a nivel de anteproyecto y el otro es el valor real efectivamente invertido al final de la obra”.
Si en el monto del EIA ya se tiene en cuenta la inflación, según entendidos del sector de la construcción, que son quienes pasan los presupuestos, ¿por qué diferirían dos presupuestos realizados el mismo año? Y otra incógnita que quedará abierta: ¿por qué presentaron el valor final de la obra en la ATP, cuando las leyes de incentivos apoyan obras por construirse y no hechas?
Un tema más
Entre los certificados por la ATP hay proyectos que vienen de larga data. Los EIA disponibles cuentan tres en esa lista: Pearl Island, aprobado por MiAmbiente en 2008, y Casi Cielo, en 2009. Muy detrás en la línea de tiempo, pero antes que los demás, está el Hampton by Hilton, del excuñado de Eskildsen, que presentó el EIA en 2017.
La fecha, ya se dijo en la entrega anterior, es relevante. Es que había una sospecha extendida de que algunos tomaron la iniciativa para concretar los planes que no pudieron realizar sin la ayuda del Estado.
Pearl Island detalló en el EIA lo que iba a hacer –marina, edificios residenciales, restaurantes, muelles, pista de aterrizaje y cuatro hoteles– y lo que le saldría hacer todo eso: $200 millones. Trece años después, la ATP certificó al Grupo Eleta cuatro hoteles por más: $292.4 millones.
Casi Cielo es parecido. Planeó un desarrollo con hoteles, marinas, dos villas, cuatro tiempos compartido y dos unifamiliares, pueblo marinero, centro de investigación científica y de monitoreo, aldea de artes y más residencias, por $197.1 millones. Ahora, según la resolución de la ATP del 20 de diciembre de 2021, un hotel le cuesta $456.2. Moisés Hanono, su representante y también donante de Cortizo, indicó a La Prensa que respondería las consultas, pero las respuestas nunca llegaron.
El último en este grupo es el Hampton by Hilton, de Alfonso Naranjo, excuñado de Eskildsen. Un hotel que se inauguró tres meses después de obtener la certificación de la ATP. Como si la respuesta hubiese llegado del mismo remitente, Naranjo escribió exactamente lo mismo que el representante de los proyectos de Selina: “Difieren y esto ocurre con frecuencia, puesto que los valores declarados al inicio del proceso (EIA) están basados en proyecciones a nivel de anteproyecto y el otro es el valor real efectivamente invertido al final de la obra”.
DJ, la del arranque
La lista, como la historia de esta insistencia, no acaba.
El monto del aparthotel Surf Side Inn –descrito por los desarrolladores como un “complejo de uso mixto frente al mar”– varió en más de $10 millones en menos de un año. Ese sería el único que sigue en carrera de los cinco certificados por la ATP para Playa Escondida, según lo indicado a La Prensa por su representante, Alfredo Alemán Miranda. Los otros cuatro los cancelaron.
Para el Surf Side Inn, presentaron el EIA a MiAmbiente en marzo de 2020, por $2.8 millones. Al año siguiente, declararon más de $18.7 en la solicitud de inscripción al Registro Nacional de Turismo (RNT). En el medio –enero de 2021–, la ATP emitió la certificación para que el proyecto aplique a los incentivos.
¿Por qué la ATP certificó proyectos para los nuevos incentivos sin que estuvieran listados en el RNT? Ese es otro tema en este baile.
Sin registro para incentivos
La Ley 122 modificó solo un artículo de una ley anterior, la 80 de 2012. La 80 pone una serie de requisitos para recibir incentivos, entre ellos, tener el EIA aprobado y contar con resolución de registro en el RNT.
La ATP implementó un proceso distinto y por eso más de la mitad de los 39 proyectos certificados no está en el RNT ni sus resoluciones fueron publicadas en la Gaceta Oficial. La Prensa cruzó la base de los 39 desarrollos certificados por la ATP con la Gaceta Oficial, en donde se publican esas resoluciones: solo 10 de los 39 tienen aprobada y publicada la incorporación a ese registro.
Ahora han certificado los hospedajes con un permiso de operación, según lo establecido en otra ley –la 74 de 1976– para agilizarlo. “Se les emite un registro que cuenta con las generales del hospedaje”, indicaron en la ATP. Agregaron: a “las empresas que aplicaron a la Ley 122 de 2019 solo se les emite una certificación para que puedan realizar el proceso correspondiente en la SMV [Superintendencia del Mercado de Valores]. Dicha certificación no les otorga ningún incentivo fiscal a las empresas turísticas, solo la opción de buscar financiamiento en la SMV”.
Sobre los requisitos y el proceso, el administrador de la ATP, Iván Eskildsen, dijo a La Prensa: “En lo que compete a la Autoridad de Turismo de Panamá, los técnicos del Registro Nacional de Turismo realizan la verificación y validación, otorgándole una modalidad y, posteriormente, en atención al cumplimiento, se emite la certificación a favor de la empresa turística”.
Y todo eso sin mencionar preocupaciones por los impactos ambientales en general, acerca de todos los proyectos, según comunicaciones de diversas fuentes recibidas en estos días en La Prensa. Pero no alcanza ni una página completa de una serie de tres días para eso. Y esta entrega final se acaba, porque el espacio lo impone. Será en otros capítulos de esta historia de una insistencia. De la serie, es un punto final.
Esta nota fue modificada a las 1:00 p.m. del jueves 6 de octubre de 2022. En el texto original, se informó de que Selina había respondido preguntas sobre el EIA de proyectos en Santa Catalina y Boquete; lo correcto s que las respuestas las dio Assets Trust & Corporate Services...
