La historia de los incentivos turísticos mediante créditos fiscales avanza contra vetos, críticas, protestas callejeras y demandas de inconstitucionalidad.
La Dirección General de Ingresos (DGI) reconoció el beneficio de la ley 122 a dos proyectos que, en conjunto, suman $32.3 millones. Según información que está en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), hay otros 25 proyectos en el proceso para emitir valores y dos de ellos ya están emitiendo: Inversiones Chiricanas de Hotelería y Fideicomiso de Fomento Turístico.
Es un nuevo capítulo en la saga que comenzó en diciembre de 2019, cuando el presidente Laurentino Cortizo sancionó una norma -la Ley 122- para que el Estado financie la construcción de hoteles y proyectos turísticos privados fuera del distrito de Panamá. Mientras empresarios cercanos a su gobierno logran el financiamiento estatal, la Corte Suprema de Justicia analiza si eso es o no constitucional.
Hay dos demandas presentadas en la justicia. Una contra la Ley 122 de 2019 y otra contra una norma posterior, la Ley 314 de 2022, aprobada por la Asamblea Nacional (AN). En esencia, son lo mismo: incentivos fiscales millonarios para negocios particulares.
Tras el cuestionamiento a la primera norma, la AN se apresuró a sacar una nueva. Entonces las críticas elevaron la política a categoría de escándalo: hoteleros, movimientos sociales, sociedad civil y gremios empresariales pidieron eliminarlos en el marco de las protestas de julio de 2022 y empujaron al presidente Laurentino Cortizo a solicitar a la AN su derogación. La Ley 314 se había sancionado apenas tres semanas antes. El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, incluso presentó un proyecto de ley para vetar las dos normas, pero nada logró frenar el drenaje de fondos. Los diputados sí aprobaron un proyecto, que no era el de Alfaro, sino otro para mantener los créditos.
Tres años, tres leyes y dos demandas después, los incentivos turísticos mediante créditos fiscales siguen intactos y el Estado los ejecuta al 100%. Tampoco ha importado la opinión del procurador general de la Nación, Javier Caraballo, apoyando el criterio argumentado en las demandas de inconstitucionalidad.
Los reconocidos
“Esta sección ha reconocido incentivos a 2 proyectos a través de 8 resoluciones que otorgan los incentivos fiscales regulados mediante la Ley 122 de 31 de diciembre de 2019 y el Decreto Ejecutivo 364 de 23 de julio de 2020″, dijo el director de la DGI, Publio De Gracia, en respuesta a un pedido de acceso a información pública de La Prensa.
En conjunto, son $32 millones 326 mil por el 100% del total de la inversión para los hoteles.
Por considerar la información de los contribuyentes particulares como una de carácter confidencial, De Gracia evitó indicar cuáles son los grupos beneficiados. El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, no quiso opinar sobre el asunto, pero la SMV dio una pista: hay dos emitiendo, que ya lograron colocar acciones y bonos por $32 millones.
La mecánica para acceder a esos millones a los que el Estado renunciará para regalárselos a grupos privados es indirecta y, simplificada, es la siguiente: los interesados registran una sociedad en la SMV –lo hicieron 10 para 25 hoteles–; ofrecen las acciones en la Bolsa de Valores y, a quien las compra –el inversionista– el Estado le devuelve el valor de lo que pagó, eximiéndolo de impuestos. O sea, deja de recaudar.
‘La Prensa’ rastreó las 39 sociedades certificadas por la ATP para aplicar a los incentivos turísticos. Los resultados arrojan donantes de campaña de Cortizo y otros posibles conflictos de intereses.#LaPrensaSecuestrada https://t.co/sRJcSkixPM
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 5, 2022
Los que están en el último paso, el de emitir, son Inversiones Chiricanas de Hotelería, desarrolladora del proyecto Hampton by Hilton en David, Chiriquí, que salió al mercado con acciones para recaudar $11 millones y con bonos para $10 millones, y Fideicomiso de Fomento Turístico, que pretende edificar cuatro hoteles, para lo que requiere $40 millones, aprobados por la SMV. Fueron los primeros en carrera y surtió efecto, porque han colocado $15.5 y $17 millones respectivamente ($32.5 en total). La Prensa contactó a sus responsables para conocer si ya están recibiendo los créditos fiscales, pero al cierre de esta edición ninguno de los dos respondió.
Tienen otras cosas en común. En ambos está listado un familiar político del hombre que comanda la ATP, Iván Eskildsen: el empresario Alfonso Naranjo.
Cuestionados
Naranjo fue el primero en obtener la certificación de la ATP en 2020, para un hotel ya construido y a punto de inaugurar. La Ley 122 de 2019 quedó reglamentada por decreto presidencial, el 23 de julio de 2020. Un mes después, Naranjo recibió de la institución liderada por su excuñado la resolución que le permitía iniciar el trámite para recuperar la inversión de $13.7 millones. A los tres meses -un tiempo récord en construcción-, el Hampton inauguró en David.
Además de ese, Naranjo está vinculado al otro proyecto que está en Bolsa, Fideicomiso de Fomento Turístico: integra el consejo de administración de la sociedad como socio-director de la firma que lo administra, Chagres Capital, según consta en la información disponible en latinexbolsa.com. El fideicomiso agrupa cuatro hoteles: en Bocas del Toro, Boquete, Santa Catalina y El Valle. Son, según el prospecto presentado ante la SMV, desarrollos inmobiliarios que alquilarán a la cadena Selina y que, además del total de lo que cueste levantar esos hoteles, recibirán otros beneficios del Estado.
Por ser una sociedad de inversión inmobiliaria que emite valores, tiene un tratamiento fiscal especial y no paga impuestos por las ganancias que obtenga de la operación del hotel. También le correspondería la batería de incentivos consignados en la Ley 80 de 2012 - sobre exoneraciones fiscales y de la renta-. Con todo eso, uno de ellos avivó el enojo de los vecinos por otras cuestiones.
La Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Antón (Adesva) lo cuestiona por haber cambiado el uso de suelo del terreno (de residencial a comercial) para que fuese apto para albergar el hotel.
“Se modificó la zonificación y eso pone en riesgo el frágil ecosistema de El Valle, además de sentar un pésimo precedente”, dijo una integrante de la junta directiva de Adesva. También observaron que el estudio de impacto ambiental (EIA) “no es el adecuado para la cantidad de personas que pretende manejar el hotel”.
Por eso, Adesva presentó una demanda contra la resolución que aprobó su construcción y envió una carta al presidente de Selina, Daniel Rudasevski. Firmada por la presidenta de la asociación, Marielena García Maritano, manifiesta la “férrea oposición de la comunidad” con el proyecto construido por la promotora Inmobiliaria Turística El Valle, S.A., “para operar un hotel Selina”.
Los señalamientos son muchos. En uno de los tres reportajes de una serie investigativa publicada en octubre pasado, La Prensa reveló que dos de los cuatro hoteles de ese fideicomiso fueron presentados ante la ATP por un monto mayor al que los mismos desarrolladores declararon durante el mismo año ante el Ministerio de Medio Ambiente, en el EIA.
Hay diferencias abismales incluso entre los que presentaron los dos presupuestos el mismo año. ¿Qué pasó con los controles? #LaPrensaSecuestrada
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 6, 2022
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“Si usted aduce que por ser pariente recibió trato especial, la respuesta es no”, dijo Eskildsen tras esa publicación. Su excuñado, Naranjo, reconoció entonces que “un director de la sociedad es pariente político de un funcionario de la actual administración”.
Entre los proyectos certificados por la institución que dirige Eskildsen hay también donantes de campaña de Cortizo, algunos que recibieron beneficios del Estado para esos mismos desarrollos.
Más allá de las interpretaciones que puedan hacerse sobre la rapidez de Naranjo en presentar los requisitos a la ATP y los pasos siguientes de la cadena, haber completado los permisos otorga seguridad y podría otorgar un blindaje, en caso de que la decisión de la Corte sea adversa a estos intereses.
A la espera de la Corte
La primera demanda de inconstitucionalidad fue presentada por el abogado Ramón Ricardo Arias a principios de 2022, en base al artículo 276 de la Constitución. Allí dice que la AN no puede expedir leyes que modifiquen el presupuesto sin establecer rentas sustitutivas, previo informe de la Contraloría General de la República. La ley no muestra cómo se recuperarán los millones de los créditos fiscales ni la Contraloría hizo un informe.
Otra demanda fue presentada a la Ley 314 por Roberto Ruíz Díaz pocos meses después, en julio de 2022. Ruíz Díaz apuntó al párrafo transitorio que mantiene los beneficios del crédito fiscal al 100% del valor de la inversión a aquellas empresas que hayan hecho trámites para acogerse a los beneficios de la anterior, la 122.
Ambos están en lectura de los magistrados de la Corte desde el 16 de febrero pasado.
El problema es que hay una nueva ley (que se deriva del proyecto de ley 888 de 2022), aprobada por insistencia en la AN, que derogaría las dos leyes demandadas. La Corte podría abstenerse de emitir un criterio definitivo, alegando sustracción de materia, dijo el abogado Carlos Barsallo. ¿Eso qué implica? Que, según Barsallo, “se tendría que atacar el proyecto 888 en la Corte”.
Mientras espera el fallo por la demanda que presentó, Arias recordó que “estos incentivos no van a tener ningún impacto positivo para el país”, que “solo beneficia a unos pocos” y “perjudica las finanzas estatales”. También sugiere que el electorado recuerde cómo se gestaron durante las próximas elecciones.
“Personas muy cercanas a José Gabriel Carrizo fueron los gestores de esta artimaña fiscal y la firma de abogados de Rómulo Roux también colaboró”, dijo. Carrizo, actual vicepresidente de la República, y Roux quieren ser los candidatos presidenciales de sus respectivos partidos (el PRD y el Cambio Democrático), en mayo de 2024.
"Personas muy cercanas a Gabriel Carrizo fueron los gestores de esta artimaña fiscal y la firma de abogados de Rómulo Roux también colaboró. A la hora de votar es importante dar el voto a quienes tienen claro, con evidencia palpable, los intereses colectivos y no enriquecimientos particulares”
Alexander no dice nada
Cuando la hoy Ley 314 de 2022 era discutida en la AN, en segundo debate, su presidente, el diputado Crispiano Adames, aceptó cuán insólita fue la aprobación de la norma anterior, la Ley 122 de 2019.
“¿Cómo fue posible que en sesiones extraordinarias nosotros pasáramos un proyecto de esa envergadura, fuera sancionado por el Ejecutivo y fuese reglamentado sin presentar los informes respectivos [del MEF] y los probables perjuicios que pudiese acarrear al presupuesto en este país?”, dijo en un debate en abril de 2022.
Después de las sanciones de las leyes 122 de 2019 y 314 de 2022, llegó el proyecto 888, rechazada en su totalidad por el presidente Cortizo pero sancionado por insistencia en la AN. ¿Contó esta vez con los informes del MEF, a los que aludía Adames? El proyecto 888, ¿sí fue respaldado por el ministro Héctor Alexander?
Como no existen informes y el presidente basó su veto en recomendaciones del MEF, La Prensa contactó a Alexander para conocer su opinión sobre el beneficio y saber si considera que se trata de un sacrificio fiscal, como señalan muchos. El ministro se negó a opinar.
“Las preguntas deben ser dirigidas a la Autoridad de Turismo de Panamá, quien maneja las cifras de los incentivos otorgados y puso en marcha la iniciativa”, respondió.
El director de la DGI, Publio De Gracia, no esquivó las respuestas.
“El incentivo es para generar iniciativa de inversión”, dijo sobre la medida de financiar hoteles. Agregó que no son un sacrificio fiscal: “De acuerdo con los estudios realizados de firmas consultoras independientes, el Estado recupera por cada dólar 2.92 dólares en recaudación en un periodo de 20 años”. Y mencionó los estudios de las firmas BDO Panamá y Asesores Estratégicos.
Entre las preguntas enviadas al ministro Alexander, había una para conocer qué opina sobre esos estudios, teniendo en cuenta que se hicieron una vez que la iniciativa fue sancionada y no antes, para considerar su implementación. Y que también hay señalamientos que indican que quienes los hicieron tienen algún interés particular en mantener los créditos fiscales. Alexander tampoco respondió.
