En 2019, Odila Castillo Bonilla era una funcionaria como cualquier otra de las decenas de miles que laboran para el servicio público. Trabajaba en la Contraloría General de la República como asesora jurídica. El nuevo gobierno del PRD llegó cuando ella ya tenía algunos años trabajando allí. Bajo la anterior administración, desempeñaba funciones para el Despacho Superior, a cargo del contralor Gerardo Solís.
Pero muy lejanos quedaron esos días de asalariada.
Hoy, la otrora funcionaria es una próspera multimillonaria. Es propietaria de una docena de apartamentos en la ciudad de Panamá; vive en un lujoso penthouse en el amurallado y exclusivo residencial de Santa María; pasa sus días de holganza en un apartamento en las costas de Buenaventura, y posee un costoso local comercial en David, en su natal Chiriquí. Su nueva oficina está finamente decorada tras comprar cuatro locales comerciales en Costa del Este. En sus cuentas bancarias locales apila millones de dólares.
¿Cómo logró esta abogada escalar de asalariada a millonaria, cuya única especialidad profesional —dice a los cuatro vientos— es sacarle provecho al derecho administrativo, incluyendo las denominadas cláusulas de “equilibrio contractual” establecidas en los contratos que celebran proveedores con el Estado panameño?
‘La mejor’
Entre los admiradores de la supuesta virtuosidad jurídica de Odila Castillo figura su antiguo jefe y todavía contralor, Gerardo Solís. Castillo laboró directamente con él y, de hecho, viajó a Guatemala en marzo de 2020 a una reunión de contralores. A pesar de estar fuera de la planilla de la Contraloría, su relación con su titular no se ha marchitado, ni siquiera después de un supuesto incidente policial en abril de 2021, cuando el propio Solís salió en su vigorosa defensa.
Prueba de su admiración por ella es que, a finales de julio pasado, el contralor concedió una entrevista a La Prensa en la que respondió dos preguntas sobre su antigua subalterna: “¿Qué hay de su relación con la abogada Odila Castillo? ¿Sigue tramitando contratos en la Contraloría?”
Solís dijo que Castillo “es quien mejor conoce el derecho administrativo y las contrataciones públicas. Trabajó 15 años en la Contraloría, conoce todos los mandos medios en los ministerios. Su mérito es que la Ciudad de la Salud se construyó porque ella destrabó el entuerto litigioso local e internacional”.
¿Cuál fue el papel de Castillo en las negociaciones para desenganchar ese “entuerto litigioso”, como le llamó Solís a la Ciudad de la Salud?
El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, no respondió un cuestionario —enviado por este medio en julio pasado— sobre el rol de Castillo en las negociaciones con la constructora FCC, para finalizar la obra. Su respuesta ha sido un ensordecedor silencio.
Las palabras de Solís para describir a Castillo, sorprendentemente, son las mismas que la abogada utiliza para describirse a sí misma: experta en derecho administrativo, especializada en “equilibrio contractual”. ¿Coincidencia o acuerdo?
El círculo ‘0′
Las relaciones entre Castillo y Solís superan la simpleza de una relación profesional. En la planilla de la Contraloría figuran o han figurado familiares de la abogada, como Kristel Cousins, quien entró a la institución en abril de 2020, con salario de $1,300 mensuales; también Frank Montero (mayo de 2021) y Kevin González (septiembre de 2023), quienes, salvo uno de ellos, han recibido aumentos salariales a pesar del corto tiempo que llevan o llevaron en la institución, así como la permanencia en el cargo.
Cousins, a propósito, comenzó a aparecer como dignataria en varias sociedades de Castillo, junto con la madre de Odila Castillo, María Bonilla. La mayoría de estas sociedades están vinculadas a la compra de inmuebles que ha hecho la hoy millonaria abogada.
La Prensa le envió a Castillo un extenso cuestionario el pasado viernes, pero no respondió. Solo anunció que estaba con su familia.
“Le leo con gusto el lunes. Le dejo saber”, pero al cierre de esta edición, no había respondido.
Clientes: contratistas del Estado
Sobre las respuestas de Solís en su entrevista de semanas atrás, hay algo que no cuadra del todo en la historia de la explotación de las cláusulas de “equilibrio contractual”, si se considera que el patrimonio de Castillo —en fondos líquidos bancarios, así como en inmuebles— sería de millones de dólares, la mayoría provenientes de supuestos honorarios por sus servicios legales en esa específica materia.
Cuando La Prensa le preguntó a Solís sobre la cantidad de adendas refrendadas por él debido al “equilibrio contractual”, aseguró que “…muy pocos contratistas lo reclaman”.
“No creo ni que sean 10. Y somos muy estrictos en el control de esas solicitudes”, sostuvo.
Si Solís dice que bajo su gestión ha refrendado menos de 10 adendas con la excusa del “equilibrio contractual”, entonces los servicios legales de Castillo podrían estar entre los más onerosos del país.
La Prensa pidió en julio pasado a la Dirección General de Contrataciones Públicas una lista de los contratos con las adendas hechas por “equilibrio contractual” gestionados por la firma de Castillo o por sus socios, pero esta entidad no lo hizo.
En una conversación con Solís el pasado viernes, luego de que este medio le enviara un cuestionario, dijo que la información solicitada sobre equilibrios contractuales podría ser entregada en el transcurso de esta semana.
Castillo y Vásquez, socias
La suerte de Odila Castillo empezó a cambiar cuando decidió comprarle a otra funcionaria de la Contraloría su bufete de abogados, entonces llamado Palacios, Vásquez y Asociados, firma de la que Castillo era socia, presidenta y representante legal desde años antes. La firma originalmente pertenecía a Zenia Vásquez, viuda de Palacios, quien arribó a la Contraloría en 2020, bajo el gobierno del PRD, como secretaria general de la institución.
La relación de Castillo y Vásquez comenzó antes de que esta última fuera nombrada en la Contraloría. Así consta en documentos que reposan en el Registro Público. El 31 de mayo de 2018 se celebró una reunión en la que Castillo ingresó formalmente a la firma forense, convirtiéndose así en la segunda socia, junto con Vásquez.
Dos semanas después de convertirse en secretaria general de la Contraloría, Vásquez renunció —en papel— a su bufete: el 17 de enero de 2020, al mismo tiempo que se incorporó una nueva socia a la firma: la comadre, paisana y por entonces compañera de Castillo en la Contraloría, Judith Guardia. Aunque la renuncia de Vásquez se haría efectiva desde el 17 de enero de 2020, su inscripción en el Registro Público no se realizó hasta casi dos años después, el 17 de noviembre de 2021, por lo que, técnicamente, Vásquez y Castillo continuaron siendo socias en el bufete, gracias a esta “omisión”, que duró 22 meses.
La Prensa envió un cuestionario a Vásquez. No ha habido respuesta hasta ahora.
Contrario a lo que se esperaría, Castillo no dejó la Contraloría tras convertirse en socia de una firma que tramitaría negocios con proveedores del Estado y que, además, pertenecía a un superior de alto nivel. Sin embargo, la secretaria general de la Contraloría estaba tan a gusto con la situación que ella misma gestionó contratos laborales para su socia en la Contraloría. Incluso, Vásquez posteaba fotos con Castillo en sus redes sociales, varias de ellas muy alegres en su propia oficina en la Contraloría.
Ese año, pese a la reingeniería de la firma, los ingresos declarados por el bufete no reflejaron las ambiciones de Castillo, ya que fueron raquíticos: menos de $21,000 en todo el año, probablemente debido a la pandemia. Con todo, las socias, que eran asalariadas del Gobierno, tenían una oficina en el edificio conocido como El Tornillo, en Calle 50, y desde allí despachaban sus negocios privados, algunos poco ortodoxos, según han contado algunas fuentes a este y otros medios.
Esa aparente felicidad que dejaban ver las fotos que posteaban las socias en las redes sociales se vio repentinamente interrumpida en abril de 2021. Un incidente divulgado también en las redes terminó —en apariencia— el idilio, pero, tras el episodio, la firma empezó a levantar vuelo, a pesar de que las socias seguían siendo servidoras públicas, pero de eso se hablará en la próxima entrega.
