Era un día ventoso de principios de mayo de 2023, cuando el abogado y activista político nicaragüense Juan Diego Barberena encabezó una pequeña protesta contra la reelección de Dante Mossi como presidente frente a las oficinas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en la capital de Costa Rica.
Berberena afirmó que el BCIE se ha convertido en el principal financiador del gobierno opresor de Daniel Ortega en Nicaragua bajo la administración de Mossi, a quien acusó de conceder préstamos indiscriminadamente para ganarse el favor de Ortega y de otros líderes autoritarios de Centroamérica.
“La estrategia de Mossi era obtener el apoyo de la mayoría de los socios fundadores del BCIE a través de la concesión indiscriminada y discrecional de préstamos para ser reelegido”, dijo a OCCRP. “Es una cuestión de transparencia y rendición de cuentas”.
El BCIE ha suscitado un creciente coro de críticas por financiar a los líderes autoritarios de Centroamérica, en particular al hombre fuerte de Nicaragua, el presidente Ortega. A principios de este año, Mossi compareció en un debate en Washington, D.C., donde se vio obligado a defenderse de repetidas acusaciones de que estaba ayudando a mantener el brutal régimen del país con préstamos para ganar apoyo político.
Al día siguiente del debate, los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU) escribieron a cada uno de los otros cuatro miembros fundadores del banco pidiéndoles que aumentaran el escrutinio y la transparencia de su financiación para Nicaragua. El BCIE también fue nombrado en la legislación presentada en el Senado de EU en junio que pedía al Departamento de Estado que restringiera las inversiones y los préstamos que benefician al gobierno de Nicaragua.
“En los últimos años, Estados Unidos ha tomado medidas para aumentar el escrutinio y reducir la financiación de las instituciones multilaterales que beneficiarían directamente al régimen de Ortega-Murillo”, dicen las cartas. “Instamos a su gobierno a seguir políticas similares con respecto a los préstamos del BCIE”.
El OCCRP analizó datos históricos sobre los préstamos del BCIE, disponibles en su sitio web, que se remontan a la década de 1960. El análisis mostró que, a lo largo de las décadas, la mayoría de los fondos que el banco aprobó fueron para Costa Rica, generalmente visto como el país más democrático de Centroamérica, incluso en los años posteriores a la llegada de Mossi a la presidencia ejecutiva en diciembre de 2018.
En los tres años anteriores a la llegada de Mossi a la presidencia, Costa Rica también recibió la mayor cantidad de desembolsos. Pero esto cambió a partir de 2019, cuando El Salvador y Nicaragua recibieron la mayor parte de los fondos del banco. En ambos casos, la cantidad de dinero que el BCIE entregó a cada país casi se duplicó de 2018 a 2021.
El pico de los desembolsos a ambos países fue en 2021, cuando Ortega fue acusado de llevar a cabo una amplia represión contra periodistas y opositores políticos de la sociedad civil en vísperas de las elecciones nacionales. En El Salvador, el BCIE llegó a aprobar préstamos para la policía y el ministerio de defensa mientras Bukele llevaba adelante su controvertido plan de control territorial.
Carlos Acevedo, exdirector del Banco Central de Reserva de El Salvador, dijo que el aumento de los préstamos del BCIE a Nicaragua y El Salvador era “sorprendente” y potencialmente peligroso: “Esto conlleva riesgos reputacionales que eventualmente pueden traducirse en riesgos financieros”.
Preguntado por el aumento de los préstamos a Nicaragua y El Salvador, Mossi dijo que la demanda de recursos de cada país “está vinculada a su gobernanza interna y a los ciclos electorales, a su capacidad para ejecutar proyectos y al apetito por nuestros préstamos”, que había aumentado durante la pandemia. Afirmó que el BCIE no tiene una agenda política.
Enfrentado a presiones financieras y vientos políticos en contra, quien asuma la presidencia del BCIE en noviembre próximo lo hace en un momento crítico para el banco. Tras recibir más de 240 candidaturas, el banco ha reducido la lista a tres candidatos y anunciará el nombre del ganador el 17 de noviembre.
Entre los candidatos se encuentra el actual vicepresidente ejecutivo del BCIE, el economista guatemalteco Jaime Roberto Díaz Palacios, quien ha asumido muchas de las funciones de Mossi en el período previo a la renuncia formal del presidente en diciembre.
A finales de octubre, Mossi escribió a los gobernadores del banco, argumentando que la medida de dar a Díaz Palacios el control del BCIE mientras se postulaba para ser presidente era ilegal y planteando dudas sobre la imparcialidad del proceso de selección.
“La idea de que el Directorio transfirió funciones del Presidente Ejecutivo al Vicepresidente de manera ilegal, y ahora él está en la lista de candidatos, sugiere una falla”, escribió a la Junta de Gobernadores del BCIE el 20 de octubre.
Mossi también llamó la atención al candidato oficial de Costa Rica por mantener reuniones con el directorio en Guatemala, diciendo que “causó preocupación sobre la neutralidad de todo el proceso de selección”.
Al recordar su paso por el banco en conversación con OCCRP, el director ejecutivo saliente dijo estar contento con su legado.
“Yo era un ejecutivo bien pagado en el Banco Mundial que vivía en Washington, D.C.”, dijo. “Acepté este reto y creo que marqué la diferencia”.
El estado de excepción de Bukele
Fue una escena que un grupo de derechos civiles comparó con los días más oscuros de la guerra civil de El Salvador: soldados en uniforme de combate ocuparon el hemiciclo del parlamento en un intento de presionar a los legisladores para que respaldaran el nuevo plan de seguridad del presidente.
Las tropas invadieron el edificio en febrero de 2020 después de que los legisladores de la oposición se negaran a participar en una votación para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares del BCIE para la tercera fase del llamado “plan de control territorial” del presidente Nayib Bukele, destinado a combatir la violencia generalizada de las bandas en todo el país. Aunque el préstamo no se aprobó ese día, se ratificó el año siguiente.
El préstamo, que se describió como destinado a la “seguridad ciudadana”, asignó millones de dólares a la policía y al ministerio de Defensa de El Salvador, incluidos fondos destinados a comprar equipos de vigilancia y un helicóptero.
“Los bancos de desarrollo no deberían financiar a una policía tan abusiva como la de El Salvador”, dijo Juan Pappier, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch, señalando que “encarcelar a la gente de forma masiva y abusiva debería ser motivo suficiente para que el BCIE pusiera estos fondos en suspenso. “En marzo de 2022, Bukele impuso un “estado de excepción” que suspendió muchas libertades civiles en todo El Salvador.
Desde entonces, el gobierno ha detenido a más de 72.000 personas y los grupos de derechos humanos han documentado una larga lista de abusos por parte de la policía y el ejército, desde detenciones arbitrarias hasta el asesinato y la tortura de personas bajo custodia.
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Aunque el BCIE aún no ha desembolsado los préstamos para la segunda y tercera fases del plan de control de Bukele, que ascienden a 200 millones de dólares, el banco sigue respaldándole. A mediados de 2022 -apenas unos meses después de que el gobierno de El Salvador impusiera el estado de excepción- las resoluciones del banco muestran que ambos préstamos fueron prorrogados por un año.
Mossi dijo que el BCIE accedió a los préstamos porque eran para financiar “un programa de seguridad ciudadana que incluye una variedad de actividades” y que serían “supervisados de cerca”.
“El BCIE tiene una lista negativa de rubros que no podemos financiar, y respetamos esa lista”, dijo. “El programa de seguridad de El Salvador fue monitoreado cuidadosamente para asegurar que esa lista fuera respetada”.
Investigación y análisis de datos: Romina Colman (OCCRP). Investigación de Angus Peacock (OCCRP)
Traducción: Matías Godoy, para CLIP.
