La Contraloría General de la República tiene planes en la provincia de Chiriquí. Su nueva sede en esa provincia costará, al menos, $8.8 millones, el doble de lo que se presupuestó en 2019. La empresa favorecida para realizar la obra es Grupo J&R, Inc., una empresa de familiares de una cuñada del vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo.
El pasado 11 de julio, el Consejo de Gabinete aprobó la resolución que duplica el monto de la obra. El documento, promulgado al día siguiente en la Gaceta Oficial, lleva la firma del presidente Laurentino Cortizo y todos sus ministros de Estado.
La resolución, que omite deliberadamente el monto anterior –de $4.7 millones– del contrato con la misma empresa: Grupo J&R, Inc., indica que la entidad se acogió al procedimiento excepcional de contratación por más de $8.8 millones. La excusa de la contratación directa es que no hubo un “sustituto adecuado” para construir el edificio. Para este considerable aumento de costo, el Gabinete se basó en el artículo 79 de la Ley de Contrataciones Públicas, relativo al procedimiento excepcional y especial de contratación.
La resolución deja entrever que el aumento del monto del contrato se debe a que, además de la construcción de la sede de esa entidad en Chiriquí –licitada en 2019– se agregará el diseño y desarrollo de los planos del Centro de Atención a la Primera Infancia (Caipi), salones de conferencias/eventos y un gimnasio.
No solo eso. También el contratista recibirá un pago por adelantado del 15% del valor del contrato: $1.3 millones. La Contraloría también le garantizó a la empresa otro pago de, al menos, $64 mil, –durante dos años y en el mismo contrato– al finalizar las obras, en concepto de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el sistema eléctrico. Este servicio se brindará en periodos de seis meses o un año, según requerimiento de fábrica del equipo a verificar.
Los ‘arreglos’
El cambio del monto y categoría del nuevo contrato no está reportado en el acto público en el que se dio por terminado el contrato original de 2019, y cuyos documentos se encuentran en PanamaCompra. De hecho, las partes habrían terminado su relación contractual al fijarse un acta de liquidación por mutuo acuerdo, publicado el pasado 8 de agosto en PanamaCompra. Para ese momento –indica la liquidación– ya se había realizado movimiento de tierra y otros trabajos, como la elaboración de planos.
La razón por la que la Contraloría alegó que no podía seguir con el contrato original era porque su monto era “insuficiente para culminar la [nueva] obra”. La Ley de Contrataciones Públicas limita el incremento del monto de un contrato hasta el 40% (el nuevo monto supera lo pactado originalmente en un 87%), lo que “imposibilita la ejecución del proyecto en su totalidad”. De ahí que las partes iniciaron una nueva relación, prácticamente de cero, pero con la gran diferencia de que, en este caso, no hubo competencia alguna.
Otra razón alegada para aumentar el precio del proyecto, además de la ampliación de las obras, la adquisición de un nuevo terreno, así como el “incremento del precio en materiales e insumos en la industria de la construcción como resultado de la pandemia…”, ya que las obras habrían pasado años paralizadas.
La liquidación del contrato original fue firmada el 1 de junio pasado, previo al término de vida del contrato original. Todo este trámite –que se entendería como la finalización contractual entre las partes– omitiría la realidad. Una solicitud de La Prensa al contralor Gerardo Solís sobre el nuevo contrato de $8.8 millones con Grupo J&R reveló que todo lo referente a esta obra se encuentra en un número de acto público diferente al que aparece en PanamaCompra.
Una de las consecuencias de dar por terminado el contrato de 2019 sería que quedaría atrás todo el historial de reclamos presentados en la licitación de 2019, que provocó que la Dirección General de Contrataciones Públicas ordenara la suspensión temporal del acto público, aunque ello no impidió que el Grupo J&R conservara la adjudicación de la obra.
La Prensa pudo comprobar que, aunque el Consejo de Gabinete aprobó la contratación directa de Grupo J&R para construir el nuevo edificio y su refrendo dos semanas después –el 27 de julio pasado– la estructura tenía un gran avance (ver foto). Con este contrato, Grupo J&R, Inc. ha obtenido en este gobierno $14 millones en dos contratos sin competencia.
El contrato firmado por Federico Humbert, contralor (2015-2019), tenía una duración de 21 meses, mientras que el pactado por Solís es a 46 meses, de los cuales, 18 meses serán para construir el edificio y el resto para mantenimiento. Si se cumplen los plazos, el edificio debe ser entregado el 19 de junio de 2024.
Vieja conocida
Esta no es la primera vez que el Gabinete de Cortizo aprueba una resolución a favor de Grupo J&R, Inc. ni es la primera vez que lo hace a través de un acto sin concurso. El 16 de septiembre de 2020, el gobernante y sus ministros aprobaron una contratación directa a favor de esa empresa –por casi $5 millones– para rehabilitar oficinas en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). La decisión se adoptó en plena crisis provocada por la pandemia.
En esa resolución, los ministros le dieron prioridad a la contratación, calificándola de “alto impacto social”. Por entonces, el vicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo, que además era ministro de la Presidencia y secretario del Consejo de Gabinete, consideró que en esta contratación no hubo conflicto de interés. Sin embargo, se negó a responder si había comunicado a Cortizo y al resto del Gabinete sobre la relación de uno de sus hermanos con los dueños de la empresa contratada.
Esa investigación de La Prensa, publicada en noviembre de 2020 –”Historia de un negocio familiar”– reveló que, desde 2012, Grupo J&R, Inc. tenía como vicepresidenta a María Mariño de Anguizola, madre de Mónica Anguizola Mariño de Carrizo. Esta última es esposa de José Guillermo Carrizo, hermano mayor del vicepresidente de la República. En una visita que hizo a La Prensa en julio pasado, el también candidato presidencial por el PRD presentó a su hermano José Guillermo como parte de su equipo de campaña.
El resto de la directiva de la sociedad contratada por la Contraloría la conforman un tío y primos de Mónica de Carrizo: José Alfonso Mariño (presidente) y José Ricardo y Alfonso Javier Mariño, secretario y tesorero, respectivamente. Ocho meses después de la publicación de la investigación de La Prensa –el 1 de julio de 2021– se hicieron cambios en la junta directiva de la sociedad. La suegra de José Guillermo Carrizo salió de la directiva de Grupo J&R y nadie la reemplazó, pues el cargo fue eliminado.
En entrevista con este medio, en noviembre de 2020, el presidente de Grupo J&R, José Alfonso Mariño, afirmó que Solís había suspendido la construcción de la sede de la Contraloría en Chiriquí en los primeros meses de ese año para –supuestamente– realizar una auditoría a los contratos otorgados por Humbert. Tres años después, los resultados de este estudio no son conocidos. En clara violación a la Ley de Transparencia, Solís se negó a entregar copia del supuesto informe de auditoría de esta obra, tal como lo solicitó este medio.
Solís, sin mostrar el informe de auditoría, se limitó a asegurar a este medio que, “luego de la evaluación realizada, se constató que se habían cumplido con los procedimientos legales correspondientes establecidos en la Ley para esta contratación”.
Pero la decisión de hacer una nueva contratación habría sido tomada antes de conocerse los resultados de la supuesta auditoría e, incluso, de forma improvisada, ya que el propio Solís dijo a este medio que, al tomar posesión del cargo, se hizo una “evaluación de campo del terreno” y se determinó que había que incorporar facilidades no contempladas en el plano original que “redundaría en mejores beneficios para el Estado”.
Dada su nueva “visión del proyecto”, Solís suspendió la obra, ya que estaba analizando adquirir un nuevo terreno, justo el que está adyacente a la finca adquirida por la Contraloría para construir su nueva sede. Este medio ha podido observar que Grupo J&R ha recibido pagos por, al menos, $574 mil, en concepto de trabajos realizados, a lo que habría que sumar el adelanto del 15% del valor del contrato, o $1.3 millones.
En el acta de liquidación se menciona que, al momento de este acuerdo, quedaba un pago pendiente de $158 mil, de los cuales, $94 mil correspondían a los nuevos planos, que se sumarían a un adelanto de $24 mil.
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