“De acuerdo a la legislación panameña, Importadora Ricamar, S.A. se reserva el derecho de tomar todas las acciones legales en caso de verse perjudicada por cualquier publicación”. Así concluyó un escueto correo Alejandro Garuz Adames, gerente general de la empresa dueña de los Super 99, a La Prensa. Garúz se negó a responder un cuestionario enviado por este medio para conocer la versión de la compañía sobre los cambios realizados para garantizar un buen gobierno corporativo y la transparencia en la lucha contra el lavado de activos.
Importadora Ricamar mantiene relaciones con un banco del mercado panameño, cuya casa matriz se halla en Colombia: BAC Credomatic, único banco con el que opera actualmente.
La Prensa intentó –sin éxito– obtener respuestas de BAC sobre su política para garantizar las regulaciones locales, a fin de evitar el lavado de activos y sobre el tratamiento que recibe un cliente acusado de lavado de activos, una de las debilidades del país, según el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
BAC se acogió al secreto bancario; una empresa que, según información extraoficial, asesora a Ricamar en gobierno corporativo, no respondió las preguntas de este medio, y Ricamar amenazó con acciones legales.
La singular relación de BAC e Importadora Ricamar
El pasado 2 de diciembre, ante el juez Raymond J. Dearie, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de haber participado con su hermano Ricardo Alberto y “otros” en un esquema para lavar sobornos de Odebrecht en bancos de Estados Unidos. En un acuerdo de culpabilidad, Luis Enrique Martinelli reconoció que ambos intermediaron en la recepción de $28 millones en coimas entre Odebrecht y un antiguo “oficial de alto rango del gobierno de Panamá”, pariente de ellos.
En mayo, el juez les impondrá sentencia. Paralelamente en Panamá, la audiencia preliminar del caso Odebrecht se fijó para celebrarse del 18 de julio al 5 de agosto de este año, contra 62 personas, acusadas de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. Solo una sola persona jurídica ha sido imputada por blanqueo de capitales: Importadora Ricamar, S.A. (Ricamar), propietaria de los Súper 99.
Según la vista fiscal del caso Odebrecht en Panamá, el Departamento de Operaciones Estructuradas, con aportes de fondos de sociedades constituidas por la empresa brasileña para sus operaciones ilegales (Klienfeld Services, Innovation Research Engineering and Development, Intercorp Logistic y Constructura Internacional del Sur) depositó dinero en bancos locales a nombre de Caribbean Holding Services, Ltd., de Aaron Mizrachi, que, a su vez, fueron a dar a cuentas de Importadora Ricamar, que suman $3.3 millones y casi $1 millón, en cuentas personales del expresidente Ricardo Martinelli.
Actualmente, Ricamar mantiene relación comercial con un solo banco en el país: BAC Credomatic.
La Prensa envió la semana pasada un cuestionario al banco para conocer sus políticas sobre el manejo de cuentas de personas jurídicas acusadas o sospechosas de lavado.
La relación
El vínculo entre Ricamar y BAC Credomatic data de unos 13 años atrás, pero el 16 de septiembre de 2019, el banco dirigió una carta al gerente general y presidente de Importadora Ricamar, Alejandro Garúz Adames, en la que sugería que terminarían su relación si no se cumplían una serie de requisitos –certificados por la empresa de riesgo Kroll Associates, Inc.– a fin de poder mantener la relación.
Kroll, una importante empresa de consultoría estadounidense, con sede en Nueva York, había sido contratada en octubre de 2017 –cuando Martinelli estaba detenido en Miami, EU– por Ricamar, que enfrentaba inconvenientes con la banca local por los problemas judiciales de la familia Martinelli. Información divulgada en ese momento revelaba que los Súper 99 buscaban recuperar –y mantener– sus relaciones con los bancos.
El plan de Kroll era la total renovación de la empresa, incluyendo el reemplazo de miembros de la familia Martinelli en la junta directiva. En mayo de 2018, la empresa celebró un evento para lanzar su nueva imagen y anunciar una nueva gestión de gobierno corporativo, haciendo enfásis en el distanciamiento del entorno familiar de los Martinelli. Así, tres de los colaboradores con mayor experiencia de la empresa fueron nombrados nuevos integrantes de la directiva de Ricamar y se convertían así en las nuevas caras visibles de la empresa.
Según la revista Familia 99, edición de febrero 2019, Kroll, inició un “proceso de cambio” cuando Martinelli estaba detenido en Miami y su esposa, Marta de Martinelli, conducía la empresa. Pero la relación de Kroll y Ricamar no llegó a feliz término.
La salida de Kroll
Kroll, especializada “en el diseño, implementación y acompañamiento de programas de cumplimiento”, se marchó poco después de que Martinelli salió de el centro de detención El Renacer. Kroll le había hecho saber a Marta de Martinelli que tenía informes de que su esposo pretendía asumir la administración de la empresa al recibir casa por cárcel, hecho que pondría fin a la relación, pues ello suponía “un incumplimiento a las disposiciones del gobierno corporativo que fueron diseñadas por Kroll”. Ella les aseguró que eso no sucedería.
Los nuevos miembros de la directiva de Ricamar, advertidos de lo que ocurriría, lograron reunirse con Martinelli –revelaron fuentes a La Prensa– para explicarle la labor hecha.
La respuesta recibida fue que habían realizado un buen trabajo, pero que él tomaría las riendas de la empresa. Esta decisión provocó la renuncia secreta a principios de septiembre de 2019 de los nuevos directivos de Ricamar, así como de decenas de empresas vinculadas a la familia.
Kroll también terminó sus relaciones con Ricamar. La renuncia de los integrantes de la directiva tuvo represalias: todos fueron despedidos sin recibir indemnización, por lo que tuvieron que ir a los tribunales laborales, donde solo lograron el pago de sus prestaciones.
Además, fueron querellados penalmente por abogados de Martinelli, que los acusaron de haber causado perjuicios a la empresa durante el tiempo que estuvieron en la directiva. Así, Garúz Adames asume la presidencia de Importadora Ricamar, hecho que quedó inscrito en el Registro Público el 9 de septiembre de 2019. Ello, a pesar de que BAC había advertido que si Kroll terminaba la relación con Ricamar, el banco también lo haría.
Las fuentes contaron que Garúz Adames, acompañado de Martinelli, se presentó en BAC, pero ejecutivos del banco le advirtieron que no podían hablar con Martinelli sobre Ricamar sin el acompañamiento de Kroll con Ricamar. Garúz Adames trató entonces de hacer volver a Kroll, pero no pudo.
Advertencias
La terminación de los servicios de Kroll provocó encuentros entre BAC y Garúz. El banco le advierte en su carta que “es un requisito indispensable e impostergable que su empresa pueda obtener la certificación de la firma asesora de riesgo Kroll, la cual permitirá evidenciar que Importadora Ricamar, S.A. cuenta con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo”, que debía incluir “un sistema de control interno adecuado, un programa anticorrupción y procesos de auditoría efectivos”.
El banco le dio dos semanas a Ricamar para presentar dicha certificación. “El cumplimiento continuo de una certificación por parte de la empresa Kroll es la condición fundamental para poder asegurar la continuidad de los productos y servicios bancarios….”, subrayaba la carta.
“Nuestros comités de Gobierno Corporativo –advertía BAC– han definido que, en caso de que su empresa no tenga el acompañamiento de Kroll, no podremos mantener la relación comercial […] y estaremos obligados a establecer un plan inmediato de reducción de servicios y de la exposición crediticia”.
La carta fue firmada por el entonces gerente de país de BAC Credomatic, Gerardo Ulloa, y el vicepresidente de Banca Corporativa, Jorge Fistonich. Sin embargo, tras la salida de Kroll, esta tendría que ser reemplazada por otra firma que ofreciera servicios similares, de similar reputación y, presuntamente, con un mandato igual de profundo que el que tenía Kroll.
Dudosas credenciales
Este medio pudo averiguar que Ricamar habría contratado a Berkeley Research Group (BRG). Se trata de una consultora global, con presencia en América Latina, y cuyas especialidades son la asistencia en disputas e investigaciones, finanzas corporativas e inteligencia estratégica.
Si BRG no es tan conocida, en 2018 se vio involucrada en un escándalo en Colombia que llevó el nombre a los titulares de los medios del país vecino. Su entonces director general, Laude Fernández, protagonizó un escándalo de espionaje, investigado por el Ministerio Público de Colombia, y que motivó el allanamiento de las oficinas de BRG durante 16 horas.
En su sustentación, el fiscal Armando Colmenares expresó ante el juez que “no son hechos aislados que se puedan atribuir a la mera conducta del señor Fernández, sino a una conducta contextualizada en el marco de, lo que cree la Fiscalía, [fue] la participación de la investigación de una empresa, que es la compañía BRG”, publicó del diario colombiano El Espectador.
Fernández fue acusado de asociación para delinquir, violación de comunicaciones y de datos personales, tras espiar comunicaciones del sindicato de pilotos de Avianca, empresa que contrató a BRG. Y no era la primera vez que Laude interceptaba ilegalmente comunicaciones. En enero de 1995, Fernández fue nombrado director de la Central de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia y años después fue citado a declarar por un caso de espionaje del DAS. Pero, a pesar de su controversial pasado, fue contratado por Berkeley en Colombia.
El DAS fue cerrado en 2011, tras un escándalo de espionaje a jueces, periodistas y líderes de derechos humanos en el gobierno de Álvaro Uribe, el mismo que envió a Panamá en 2010 a la también exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien recibió asilo político del gobierno de Martinelli tras salir de Colombia para evitar enfrentar la justicia de su país por su propio escándalo de espionaje.
A principios de este mes, Laude acordó con las autoridades declararse culpable de todos los cargos a cambio de cuatro años en prisión y una multa. Pero la Fiscalía no cree que haya actuado solo. Según El Espectador, la hipótesis de la Fiscalía es que “Avianca y GEB (Grupo de Energía de Bogotá, empresa –cliente de Berkeley–, implicada en otro escándalo de espionaje) contrataron a BRG para que les prestara servicios de ‘inteligencia corporativa’ en momentos de crisis. BRG habría interceptado las comunicaciones […] de miembros del sindicato” de Avianca, y las de un abogado y del presidente de la empresa Enel Colombia, con la que GEB mantenía una disputa legal.
BRG, Avianca y GEB han negado cualquier participación en estos espionajes.
Tanto el BAC como Importadora Ricamar se negaron a responder si BRG reemplazó a Kroll. Informes extraoficiales revelan que la empresa internacional J. S. Held actualmente asesora a Ricamar.
Según documentos oficiales, el aviso de operación de BRG fue cancelado el 10 de septiembre de 2021, mientras que el de JS Held está vigente.
Ambas compañías, de acuerdo con sus respectivos avisos de operación tienen la misma dirección: Punta Pacífica, PH Oceanía Business Plaza, Torre 1000, piso 42, oficina F. JS Held, según su aviso, inició operaciones el 13 de mayo de 2021.
Las respuestas
Abordado sobre estos temas, BAC Credomatic no solo no respondió las interrogantes de este medio sobre su relación con Ricamar, amparándose en la “confidencialidad bancaria”, sino que brindó un discurso de buenas prácticas bancarias y “su compromiso inquebrantable con la ética”.
La respuesta, firmada por el vicepresidente de Banca Corporativa del Bac, Raúl Arosemena, dice que “no podemos compartir con usted detalles sobre el caso específico, pero sí podemos asegurarle que estamos cumpliendo a cabalidad con el debido proceso y que actuamos proactivamente y en absoluto apego con nuestro compromiso inquebrantable con la ética”.
“Usted puede tener la absoluta certeza que Bac Credomatic es una compañía responsable que no solamente opera en estricto cumplimiento de todas las disposiciones legales y financieras […] , sino que además somos muy proactivos y rigurosos en actuar de acuerdo con nuestros valores corporativos de integridad y excelencia”, subraya.
La Prensa también abordó el riesgo reputacional de mantener como cliente a una empresa acusada de lavado de activos. El banco dijo que “siempre ha actuado y actuará en apego absoluto a la legalidad y los más altos estándares éticos. Esta forma de hacer negocios para BAC Credomatic va mucho más allá de la gestión de la reputación…” (cuestionario y respuestas completas en prensa.com).
La Prensa solicitó a BAC copia de sus políticas sobre el tratamiento de una persona natural y/o jurídica sospechosa de lavado de activos y/o acusada de este delito, pero no las entregaron. Su respuesta a La Prensa también fue dirigida al superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo.
La Prensa preguntó sobre la nueva organización corporativa de Importadora Ricamar, pero no hubo respuesta. Tampoco BAC Credomatic respondió cómo, teniendo su casa matriz en Colombia, aceptó que la empresa trabajara con una consultora que venía de un sonoro escándalo en su país.
