Este fin de semana, el diario español El País volvió a estremecer el árbol al revelar que la justicia de Andorra divulgó nueva información sobre las investigaciones que se realizan en ese país europeo sobre uno de los principales actores en el pago de coimas a funcionarios latinoamericanos: Marcelo Odebrecht.
La información menciona, en particular, al exministro de la Presidencia Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, quien también es uno de los acusados en Panamá en el caso local de Odebrecht. Sin embargo, en Andorra había más de un panameño con cuentas bancarias financiadas por Odebrecht.
Odebrecht, interrogado
Según El País, Marcelo Odebrecht es interrogado por la creación de un complejo esquema societario que pagó 237 millones de euros (poco más de $259.2 millones, al cambio actual) en coimas, lo que ha llevado a las autoridades a investigar la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
La investigación comenzó en 2015, tras el inicio de la operación Lava Jato, que involucró a Constructora Odebrecht y a otras empresas brasileñas.
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En el caso de Andorra, Odebrecht utilizó principalmente dos bancos para llevar a cabo una de las mayores operaciones de corrupción en América Latina: el Meinl Bank, establecido en Antigua y Barbuda, y la Banca Privada d’Andorra (BPA). Una magistrada andorrana, en un documento judicial, afirma que Marcelo Odebrecht “aparece implicado en un importante asunto de sobornos, corrupción y blanqueo que afecta a toda Latinoamérica”.
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Curiosamente, la BPA fue intervenida en marzo de 2015, cuando el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), publicó un informe que acusaba a la entidad de blanquear dinero de organizaciones criminales. Para entonces, aún no se conocía la participación de los políticos, empresarios y testaferros que estaban involucrados en la trama de sobornos de Odebrecht, algo que se haría público años después.
Procesos ‘internos’
La información revela que los sobornos que pagó Odebrecht, según los investigadores en Andorra, fueron a parar al bolsillo de 145 dirigentes, servidores públicos y testaferros que participaron en procesos de adjudicación de obras públicas a favor de Odebrecht en Panamá y otros siete países de la región: Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina.
Los sobornos se habrían canalizado a través de un enjambre societario que abarca las jurisdicciones de Panamá, Austria, Suiza, Portugal y Antigua y Barbuda.
Andorra investiga al fundador de la constructora Odebrecht por sobornos de 237 millones a 145 dirigentes de Latinoamérica https://t.co/M21XBtwwTf
— EL PAÍS Internacional (@elpais_inter) October 12, 2024
Además, se revela que Odebrecht utilizó la sociedad Klienfeld Services Ltd., constituida en Antigua y Barbuda, para enviar 237 millones de euros a la BPA para pagar sobornos, y también usó la sociedad panameña Aeon Group para remitir otros 71 millones de euros ($77.6 millones) a la BPA con el mismo propósito. Luego, a través de transacciones internas del banco, que no dejaban huellas, Odebrecht enviaba el dinero a los sobornados a través de cuentas abiertas en el mismo banco, pero a nombre de políticos, funcionarios y empresarios implicados en la trama de sobornos.
El dinero que Odebrecht enviaba a esas personas se justificaba ante el banco como supuestos pagos por servicios que, en realidad, eran inexistentes.
El movimiento del dinero continuaba con transferencias bancarias que tenían como destino cuentas cifradas o constituidas por sociedades panameñas, como es el caso de los presuntos sobornos que salpicaron a Papadimitriu, el exministro de la Presidencia que además fue jefe de campaña del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien tiene ocho meses asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá tras ser hallado culpable de blanqueo de capitales en otro caso de sobornos ocurrido durante su administración (New Business).
Papadimitriu… y otros
La constructora abonó a los padres de Papadimitriu —al menos— $2.1 millones, indica la información divulgada por El País, aunque en previas publicaciones hay evidencias de transferencias que superan por mucho esa cantidad en la BPA.
Según publicó años atrás ese mismo diario español, los padres de Papadimitriu habrían manejado hasta 45 cuentas en la BPA, así como en el banco Credit Andorra, para movilizar al menos $16 millones provenientes de pagos de Odebrecht, Meco y Constructora Panacol, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand).
Odebrecht pagó a los padres de Papadimitriu a través de la empresa panameña Aeon Group, mediante nueve transferencias entre 2012 y 2013, según las investigaciones.
También recibieron fondos de esa misma sociedad los exconvictos hijos del expresidente Martinelli (Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares), así como los exministros de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, Jaime Ford y Frank De Lima, respectivamente.
La BPA era esencial para el pago de coimas, según el exabogado de Odebrecht Rodrigo Tacla Durán, uno de los imputados en el caso en Andorra.
Tacla Durán contó a las autoridades judiciales de España que la BPA era el centro neurálgico del sistema de coimas internacionales de Odebrecht en Latinoamérica.
“Odebrecht pagaba coimas en todos los países a través de la BPA”, aseguró en un interrogatorio ante la Policía española.
“En las reuniones de la BPA se planificaba cómo los clientes tenían que abrir sus sociedades y cuentas bancarias para dar una apariencia de legalidad a sus negocios y dificultar el trabajo de la justicia. Además, la BPA intentaba quedarse el mayor tiempo posible con el dinero”, indicó Durán.
El misterioso hackeo
En el caso de la familia Papadimitriu, ¿quién era el cliente final en la BPA?
El exministro se desvinculaba de las coimas de Odebrecht, como lo hizo con las titulaciones en las playas de Juan Hombrón, apuntando sus dedos hacia sus padres, nunca hacia él.
Sin embargo, El País publicó años atrás un informe confidencial en el que los clientes –es decir, los padres del exministro Papadimitriu– decían temer ser descubiertos y pedían al banco evitar las filtraciones: “La documentación [de Panamá] la llevará en mano Cristina en febrero, porque los clientes han tenido un acceso no autorizado a su ordenador y tienen mucho miedo de enviar información” vía internet, indicaba el informe.
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Curiosamente, el exministro –en julio de 2011– reveló que su computadora en el Ministerio de la Presidencia había sido “hackeada”, incluyendo sus correos. Así lo denunció ante el entonces procurador José Ayú Prado, quien ordenó una investigación que terminó con acusaciones a cuatro sujetos. El procurador nunca dijo nada sobre el contenido de los correos. Era “información confidencial restringida”, dijo, atendiendo recomendaciones del entonces jefe del Consejo de Seguridad –y hoy ministro de Comercio e Industrias– Julio Moltó. Ayú Prado comentó que “ahora tenemos la difícil tarea de determinar qué correspondencia era auténtica y cuál la inventada”.
Quizá los hackeadores vieron cosas sencillamente increíbles, tanto así que, sea lo que sea que hayan visto, le atribuyeron tanto valor que hasta trataron de venderlo.
Años después del hackeo, el abogado Sidney Sitton, entonces defensor del expresidente Martinelli, denunció al exministro Papadimitriu, luego de que este abandonara las filas de Cambio Democrático (CD) y se convirtiera en asesor político de Juan Carlos Varela.
Sitton acusó al exfuncionario de falsedad, peculado y enriquecimiento injustificado, ya que Papadimitriu había incrementado “injustificadamente” su patrimonio en cuentas bancarias, nada menos que en Andorra, cuando por entonces nada se sabía de los movimientos de la familia Papadimitriu en ese país. Pero ahora empieza a brillar ese nombre, y seguramente comenzarán a hacerlo algunos otros exfuncionarios más.
