Si algo le faltaba al 2023 para subir aún más la calentura general de un año que transcurrió en medio del fuego, era un apagón inédito en vísperas de Navidad y cuyas causas aún se desconocen.
“Se produjo un evento en la subestación Panamá I”, informó la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) en un comunicado. El uso de la voz pasiva y el término para describir el apagón - “evento”- dejó las causas en una nebulosa.
¿Cuál era exactamente el “evento”? ¿Quién o qué lo produjo? Cinco horas después, ya se había logrado restablecer el servicio, pero la comunicación seguía sin aclarar: “Personal técnico se encuentra ahora en el proceso de recabar la información relacionada con estos eventos, para conocer con precisión qué produjo el fallo” en el banco de capacitores, publicó Etesa.
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— ETESA (@Etesatransmite) December 24, 2023
Entonces, como pasa siempre cuando no hay certezas oficiales, aparecieron rumores, acusaciones y teorías: que la hija del diputado Benicio Robinson, nombrada en la entidad desde 2019, lo iba a resolver, y que todo fue culpa de Minera Panamá, por conectarse con el sistema central. Las redes sociales hicieron lo suyo: chistes y memes.
Apagones navideños fueron por fallas de capacitores, Etesa. Capacitores suena a espectros Dementores de Harry Poter, que se alimentan de la felicidad de la gente. Y qué discapacitó a esos capacitores? Preguntas sin respuestas. Habrá que traer varita mágica de Poter para saber. pic.twitter.com/TIdF5o1zOW
— Manolo Álvarez Cedeñ (@manoloalvarezc) December 27, 2023
Pero el apagón en vísperas de Navidad –y sus causas– no es la única zona oscura de Etesa: es una de las instituciones del Estado más opacas en cuanto a información pública.
Por ejemplo, la planilla –que está obligada a compartir por ley con detalles, como el total de funcionarios, sus salarios y gastos de representación– esconde datos clave de las personas contratadas. Y, aunque luego del apagón se apuró a divulgar algunos documentos, le gana a todas las otras: es la que menos información pública comparte.
La Prensa rastreó cuarenta entidades públicas para registrar si publican sus respectivas planillas en la sección “Transparencia” de sus páginas web, qué datos incluyen y, por ejemplo, si los formatos son cerrados o abiertos, como obliga el decreto 511 de 2017.
El resultado no sorprende, pero da luces sobre dos de las más oscuras: las primeras en el ranking total retacean cuestiones imprescindibles y tienen más en común de lo que cualquiera podría imaginar: Etesa y la Asamblea Nacional (AN).
La opacidad PRD
Para garantizar a los ciudadanos su derecho a acceder a información pública, la ley 6 de 2002 –o Ley de Transparencia– obligó a todas las instituciones del Estado a publicar en sus sitios web información sobre contrataciones de funcionarios y personal, planillas y gastos de representación, entre otras cosas. Esas planillas deben estar actualizadas y en formatos abiertos. ¿Lo cumplen? La mayoría sí.
Las cuarenta monitoreadas por La Prensa cuelgan las planillas con los nombres de los funcionarios. El 92% –37 de 40– indican el tipo de contrato; el 90%, los gastos de representación, y el 95%, la fecha de ingreso. Etesa y la Asamblea engañan: parecen cumplir, pero no.
En la web de Etesa, el 24 de diciembre –el día del apagón– había listados consignados como “planillas por cargos”, es decir, sin el nombre de los funcionarios ni fecha de ingreso. Solo el cargo y el salario, por lo que era imposible conocer la identidad de quiénes trabajan en la institución.
La opacidad es tal que la planilla que remite a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) llega sin reportar el nombre ni la cédula de sus funcionarios. Al momento del relevamiento -realizado la primera semana de enero-, en la página web de la Antai, la sección de la empresa reflejaba el cargo, salario, fecha de inicio y sobresueldo, compartido en una página distinta y sin los nombres de los beneficiarios ni sus respectivos número de cédula.
Por eso, Antai inició un proceso administrativo contra Etesa por no cumplir con el artículo 11 de la Ley de Transparencia.
Vea: Antai investiga a Etesa por incumplir con la transparencia
Ante estas irregularidades, el director de Acceso a la Información, Juan Pablo Rodríguez, confirmó que , que dicta los parámetros que deben cumplir las entidades para publicar este tipo de listado.
Pocos días después de la Navidad, aparecieron nuevos documentos –la “planilla alfabética”– en la web oficial de la empresa, pero con varias trampas. La “planilla por cargos” indica el salario, pero sin que se reporte a quién corresponde. Habría que adivinar quién ejerce cada uno de los 542 puestos listados, en tanto que, en la ‘planilla alfabética’ están los nombres, pero la información del salario.
Para más, si se cruzan ambos listados por orden para lograr visualizar los datos completos en una lista y así ver, por ejemplo, cuál es el salario del gerente Carlos Mosquera, es imposible: en la planilla alfabética Carlos Mosquera está en el puesto 334 y en que está ordenada por cargos, está de No. 1. Habría que adivinar, uno por uno, la información correspondiente a cada uno de los 542.
“Siempre hemos publicado la planilla de esa manera. Lo que pasa es que no nos entienden”, dijo el gerente de Etesa, Carlos Mosquera, a La Prensa. Pero, ¿a quiénes corresponden los salarios?... Parece una adivinanza?, preguntó La Prensa. Mosquera contestó: “Si hubiese sabido que era usted, no le contesto”.
Vea: Gerente de Etesa asegura que ‘no nos entienden’
Para defenderse, atacó: “Vaya y publique los nombres de Ensa. Lo que pasa es que nosotros [Etesa] somos híbridos”.
La Prensa buscó la planilla de Ensa y, aunque está desactualizada, sí cumplió con colocar los nombres, número de cédula y salarios. Etesa es la única de las 40 instituciones monitoreadas que no comparte el monto del salario de los funcionarios. Si una de las planillas consigna el cargo, no indica el nombre. Y viceversa: cuando indica el nombre, nada del cargo. Tiene el récord de datos escondidos, cabeza a cabeza con la AN.
Ni Etesa ni la Asamblea indican en los documentos públicos el tipo de contrato o los gastos de representación por funcionario. Y, aunque publicaran esos datos, no serviría de mucho: sus planillas son de las más desactualizadas: la de Etesa es de enero de 2023 y la de la AN es de 2021.
¿Por qué complican tanto el acceso a información pública? ¿Qué esconden? Una pista podría estar en los parientes de diputados nombrados en la empresa estatal de energía.
En familia
Los diputados PRD no sólo logran cada vez más presupuesto para contrataciones en la Asamblea, también influyen en otras dependencias del estado: pagan favores con planillas.
Es sabido: Benicio Robinson, quien se afamaba dos semanas atrás de saber más que nadie de golpes de Estado durante la discusión del presupuesto general de 2024, tiene a un hijo suyo como director Legal de la Caja de Seguro Social. Y hay más ejemplos de parientes de legisladores perredistas en la Contraloría, ministerios o recibiendo suculentos “auxilios económicos” del Ifarhu. Etesa también es reducto del PRD.
Robinson colocó a su hija Mirbenis con contrato indefinido y salario de $3,000 en 2019 en Etesa. ¿Qué funciones cumple? Imposible saberlo por la planilla publicada por Etesa: solo está el nombre, la cédula y el tipo de contrato (“indefinido”). Luego, hacia fines de 2020, cambió a “licencia sin sueldo”, y en la última, de enero de 2023, de nuevo, como “activo”. Y no es el único que logró colar familiares allí.
El Órgano Legislativo logró duplicar su presupuesto en los últimos cinco años: en 2017 tenían $75 millones, mientras que para 2023 alcanzó el doble: $150 millones, el más alto de la historia, y que se mantiene en 2024. Mosquera solicitó para Etesa $303 millones de presupuesto para este año, divididos en $122.2 millones para funcionamiento y $180.5 de inversión. Es el doble o más que el de 2023.
El exdiputado Quibián Panay, hoy secretario de la Asamblea Nacional, coló a su hermana Luz Arreguín González en la junta directiva, mientras que el suplente del diputado Raúl Pineda, Alexis Ayala, es el director de recursos humanos en la misma institución.
“Los actores políticos de Panamá no promueven a los funcionarios públicos en base a méritos y competencia. Usan las planillas como botín para pagar favores y para promover el clientelismo”, dijo Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Tal vez eso explique la opacidad de Etesa y de la misma Asamblea.
