La ministra de Educación, Lucy Molinar, se comprometió a destinar $63 millones del presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal de este año, para comprar la primera tanda de computadoras personales a la organización estadounidense One Laptop per Child (OLPC), pese a que dicha transacción no cuenta con el aval del Consejo de Gabinete.
La aprobación por parte del Consejo de Gabinete es un requisito obligatorio exigido en La Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas en el país. El artículo 2, numeral 6, de dicha norma establece que “le corresponderá al Consejo de Gabinete la evaluación y aprobación de las contrataciones mediante procedimiento excepcional, que sobrepasen los $3 millones”.
La Prensa finalmente pudo conocer el contenido del “convenio de cooperación” que el Meduca pactó el 5 de septiembre pasado con OLPC, para la compra directa de 654,000 computadoras portátiles. Aunque no aparece detallado el monto total, la entidad ya ha dicho que la compra será por $241.7 millones.
El documento tiene siete páginas y en su quinto punto, referente a los “aspectos financieros”, se especifica que para el “debido cumplimiento y ejecución del presente convenio”, el Meduca deberá aportar la suma de $63,035,927 para la vigencia fiscal 2024.
Esa cantidad es para cubrir el costo de producción y envío de 107,123 computadoras portátiles para estudiantes y 54,000 para los docentes de séptimo a duodécimo grado, según destaca el convenio. No se menciona el costo unitario de estos equipos.
El Meduca se comprometió a asignar las partidas presupuestarias “futuras” para completar las siguientes etapas del convenio. El 22 de octubre pasado, Molinar dijo que para el 2025 se requerirá una inversión de $141 millones.
Además, la ministra adquirió la obligación de proveer los fondos necesarios para “cualquier acuerdo posterior”.
Gabinete y Contraloría
El convenio tendrá una vigencia de cinco años, a partir de su refrendo por parte de la Contraloría General de la República, lo que no ha ocurrido ya que, para eso, tendría primero que tener el visto bueno del Consejo de Gabinete.
Sin ese aval, el documento firmado por la ministra y por la presidenta de OLPC, Lylian Peraza, no tendría ninguna validez.
El convenio invoca la Ley 47 de 1946, que es la Ley Orgánica de Educación, como fundamento legal. Por ningún lado se menciona la Ley 22 de contrataciones públicas.
Inversiones no ejecutadas
El pasado miércoles 13 de noviembre, el Meduca acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), para solicitar el traslado de partida de $45.4 millones, que son parte del dinero que debe entregar este año a OLPC para poner en marcha el convenio.
Fue gracias a su intervención en dicha comisión que La Prensa pudo finalmente obtener una copia del convenio, ya que la ministra se había negado a compartir esta información (pese a que la solicitud está fundamentada en la Ley de Transparencia de 2002), alegando que faltaba el refrendo de Contraloría. En cambio, a los diputados sí les facilitó una copia.
Los millones trasladados son “los saldos liberados correspondientes al pago de cuentas por obras no ejecutadas y a la reprogramación de pagos para la vigencia de 2025″, según detalla una nota que Molinar presentó a la Comisión de Presupuesto.
No se precisó de dónde saldrán los $17.6 millones restantes, ya que, como se mencionó, este año se tiene que abonar poco más de $63 millones.
Más sobre el convenio
El convenio obliga a OLPC a registrarse en Panamá para obtener personería jurídica. Esto contrasta con lo que Molinar dijo en el pleno legislativo el 16 de septiembre pasado, cuando fue citada para responder por la compra directa de las laptops. Entonces dijo que la organización tenía 10 años en Panamá.
OLPC confirmó a este medio que ahora decidió “establecer una filial en Panamá” debido a la magnitud y responsabilidad del nuevo proyecto con el Meduca.
El acuerdo también menciona que OLPC colaborará con el Meduca en el diseño y aplicación de las estrategias y medidas necesarias para garantizar la incorporación de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, aún se encuentra en la fase de creación de un plan de implementación.
La fundación se compromete a ofrecer anualmente a los docentes seleccionados por el Meduca un curso denominado “¿Para qué innovación educativa?”.
De acuerdo con el documento, con esta millonaria compra se podrá “disminuir los índices de deserción de los estudiantes” mediante el uso de la tecnología como herramienta educativa. Sin embargo, no se detalla cómo se mediría dicho impacto.
¿Omisiones?
Cuando Molinar acudió al pleno legislativo, en septiembre pasado, no informó a los diputados que ya había adquirido un compromiso por escrito con OLPC, el cual implicaba el traslado de partidas por poco más $63 millones, correspondientes al presupuesto de 2024.
Además, cuando fue cuestionada por el monto, invitó a los diputados a presentar propuestas más baratas. Lo hizo, a pesar de que 11 días antes había firmado ya el convenio con la organización.
En el convenio, el Meduca se compromete a suministrar la logística, el transporte y la distribución de los equipos tecnológicos “hasta su destino final”, así como a acompañar y facilitar a OLPC en las visitas técnicas necesarias a los centros educativos.
El “enlace” entre ambas partes será la Dirección de Innovación y Transformación Tecnológica del Meduca.
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