Es algo conocido: en Panamá abrieron sociedades para lavar los sobornos de Odebrecht a políticos y funcionarios colombianos. Ahora, Narco Files levanta el velo sobre detalles desconocidos y un nuevo actor en la trama judicial del caso en Colombia: el narcotráfico.
Una investigación de Noticias Caracol, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y OCCRP revela los prontuarios criminales de algunos intermediarios que contrató la multinacional para repartir coimas o hacer lobby ante las autoridades colombianas y favorecer sus intereses, como Otto Bula, condenado por estos hechos.
Al seguir el camino del dinero, el trabajo revela vínculos de lobistas con la mafia que hasta ahora han sido omitidos por la justicia. Desnuda, además, operaciones vinculadas a tres fincas que revolvieron coimas y narcodineros en la misma máquina lavadora.
Es una nueva entrega de Narco Files: El Nuevo Orden Criminal, un proyecto liderado por OCCRP del que La Prensa hace parte, y conecta a un intermediario de ese país con vínculos con el narcotráfico con Panamá: Eduardo Zambrano Caicedo, quien orquestó una operación para mover fondos de Odebrecht en Colombia y, tres décadas antes de eso, confesó en Panamá haber pagado a la campaña presidencial de Nicolás Ardito Barletta a nombre de los carteles de la mafia colombiana.
Zambrano jugó un papel decisivo en Colombia para canalizar un pago a Roberto Prieto, el gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en el 2010 y 2014. También en otros esquemas de flujo de dinero de la multinacional brasileña que fueron investigados por la justicia. Por el caso Odebrecht, Zambrano fue condenado a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en abril de 2021. Producto de sus confesiones, recibió inmunidad penal por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, y quedó en libertad a finales del año pasado.
En 1984, las autoridades de Panamá, desmontaron la construcción incipiente de un laboratorio para producir cocaína en el Darién e incautaron decenas de tanques de éter. La pesquisa los llevó a Zambrano, quien declaró ante la policía panameña como informante bajo el nombre de José Caicedo (su segundo nombre y su segundo apellido).
El reportaje retoma lo declarado por Zambrano: dijo que él había hecho un pago de 200 mil dólares a la campaña presidencial del panameño Nicolas Ardito Barletta a nombre de los carteles de la mafia colombiana. El aporte buscaba granjearse el visto bueno –o la vista gorda – del gobierno de ese país para montar un laboratorio de producción de cocaína en las selvas del Darién.
También Zambrano contó que él mismo había estado en varias reuniones, a nombre de los narcos colombianos, con coroneles del jefe de la Fuerzas de Defensa, el general Manuel Antonio Noriega, para acordar finalmente que el soborno a esas fuerzas sería de $4 millones más otros 200 dólares por kilo de cocaína producido. Esperaban producir 5 mil kilos mensuales. Así podrían montar su laboratorio e importar sin problemas acetona y éter (precursores químicos para procesar la coca). No obstante, por la presión de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos tras el asesinato a manos de la mafia del ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, el laboratorio tuvo que cerrar.
La policía panameña encontró documentos en poder de Zambrano que reflejan el movimiento financiero del grupo internacional de traficantes de droga por casi $11 millones de esa época (unos $32 millones de hoy). Varias facturas tenían como beneficiario a Vicente Wilson Rivera González, quién luego fue identificado como jefe de un cartel en la Amazonía entre Colombia y Brasil.
Zambrano fue expulsado de Panamá, pero la policía brasileña, que también había desatado una ofensiva contra las organizaciones de narcotraficantes que pretendían montar sus laboratorios en la Amazonía de Brasil, siguiendo la pista de Vicente Rivera, descubrió que éste usaba el departamento de Río que figuraba a nombre de Zambrano. Ese capítulo de la historia puede verse en prensa.com. Al igual que los otros de monumental trama delincuencial que montó Odebrecht en la región, junto a presidentes, ministros, intermediarios y, ahora se sabe, lobistas con conexiones estrechas con el narcotráfico.
Los ejecutivos de Odebrecht encargados de coordinar los pagos ilegales solían elegir intermediarios de bajo perfil. Pero en Colombia, los directores de la empresa constructora no vieron problema en pagar millones por el trabajo de intermediación y cabildeo a lobistas, a pesar de sus nexos oscuros.
La investigación Noticias Caracol, CLIP y OCCRP, basada en la filtración de documentos de la Fiscalía General de Colombia y que tuvo el apoyo de La Prensa y de IDL-Reporteros, de Perú, muestra que la Fiscalía de ese país acumuló pruebas que apuntan a la complicidad de intermediarios en el caso Odebrecht con narcotraficantes y paramilitares. Aún así, sostiene el equipo de reporteros, la entidad ha ofrecido rebajas de penas por colaboración a varios de ellos. La institución no parece haber atado cabos.
El reportaje ‘La sombra del narco en el caso Odebrecht Colombia’ puede leerse aquí.
**Esta es una republicación del contenido original de Noticias Caracol y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Tras su publicación, el expresidente de Panamá Nicolás Ardito Barletta, aclaró que sí supo de la donación de $200 mil a su campaña, pero que apenas se enteró del origen de los fondos, los envió a la Procuraduría General de la Nación y que “el laboratorio en Darién lo cerré, siendo ya Presidente, pues que se decía que esa donación provino de este laboratorio, el cual se sospechaba se utilizaría para procesar sustancias ilícitas”.
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