José María Castillo, uno de los cuatro abogados de la exfuncionaria de la Contraloría General de la República (CGR), Odila Castillo (con quien no tiene parentesco, pese a llevar el mismo apellido), fue entrevistado este martes 19 de noviembre en el programa televisivo Cuarto Poder, que se transmite por RPC TV en horario matutino.
En la entrevista, Castillo afirmó que, cuando su defendida tramitó modificaciones a favor de los contratos de sus clientes, nunca lo hizo mientras laboraba en la mencionada Contraloría, una afirmación que es falsa.
Odila Castillo, que también es abogada, se desempeñaba como funcionaria externa de la Contraloría, como ella misma dejó claro en una réplica que envió a este medio en abril de 2021. Además, existen registros públicos que demuestran que era funcionaria de la Contraloría cuando hizo gestiones, por ejemplo, a favor de la empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, el 22 de marzo de 2021.
La carta
Una carta de la firma Palacios Vásquez & Asociados, en la que Odila Castillo era socia, presidenta y representante legal desde 2018 (junto con la secretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez, quien había solicitado previamente una licencia de la firma), describía el monto de los honorarios de su firma a Administración y Supervisión de Obras Civiles.
En esa carta, se detallaba el monto que su cliente debía pagar en honorarios profesionales por la tramitación de 17 “liquidaciones” de contratos (se refería a la terminación oficial de contratos ejecutados por esa empresa para el Estado).
La firma detallaba sus honorarios, que consistían en un porcentaje de los contratos: el “10% del monto total obtenido al momento del perfeccionamiento jurídico de las liquidaciones a través del refrendo”.
Lo que prometía
Palacios Vásquez & Asociados se comprometía, según la carta, al “trámite, gestión y culminación con el refrendo de la Contraloría General de la República…”. Es decir, la firma de la exfuncionaria de la Contraloría se comprometía a tramitar los reclamos hasta obtener, justamente, el refrendo de la Contraloría.
Tan segura estaba el bufete de obtener esos refrendos que sus clientes debían hacer un “abono parcial” del monto que recibirían por la solución propuesta de liquidación, una vez avalada por la entidad responsable de las obras, así como un porcentaje adicional para cancelar los honorarios, después de obtener el refrendo de la Contraloría.
La funcionaria
Esta carta de Palacios Vásquez & Asociados, como ya se mencionó, tiene fecha del 22 de marzo de 2021, cuando Odila Castillo tenía un contrato con la Contraloría por $3,000 mensuales. Según registros de la propia Contraloría, hubo un “pago por servicios especiales 1 al 30 de marzo de 2021″, es decir, el mismo mes en que su firma de abogados envió la carta de honorarios profesionales a su cliente.
Y no es todo.
En una réplica enviada por la propia Odila Castillo a este medio el 20 de abril de 2021, la abogada afirmó ser funcionaria de la Contraloría, al declarar:
“Durante catorce (14) años, hasta el 15 de febrero de 2021, desempeñé diversos cargos dentro de la Contraloría General de la República, y, entre tales cargos, fungí como asesora del Departamento Superior, inclusive…”
“Desde el 16 de febrero de 2021, fui contratada como asesora externa de la mencionada entidad, en materia de Derecho Administrativo…”, añadió la abogada Castillo, cargo que aún desempeñaba al momento de enviar la réplica.
José María Castillo, sin embargo, dijo en televisión que su clienta no era servidora pública cuando empezó a gestionar para sus clientes. “Ella ya no era funcionaria”, subrayó el abogado.
“Ella —dijo el abogado— se hizo famosa con mecanismos que utilizó o estudió en el derecho administrativo contractual siendo funcionaria pública, para rescatar contratos que estaban paralizados... Y no quiero entrar en detalles, pero ella demostró un talento y una capacidad que fue requerida privadamente”.
Fue entonces, dijo José María Castillo, que Odila Castillo decidió “no trabajar para nadie” y puso su propio bufete, aunque, como ya se dijo, ella era, desde 2018 (año en que era funcionaria permanente de la Contraloría), socia, presidenta y representante legal de Palacios Vásquez & Asociados.
Lea aquí la nota 'Claves para comprender el caso de Odila Castillo Bonilla'
En 2021, la firma de Odila Castillo obtuvo ingresos por $742,000 y, para 2023, escaló hasta casi alcanzar los $11 millones.
¿Odila Castillo empezó a tramitar para sus clientes en 2021?
Hay testimonios y pruebas documentales que indican que las gestiones comenzaron antes, en 2020, cuando la abogada ya había regresado a la Contraloría. Pero eso será motivo de próximas entregas.
¿Manipulación de los medios?
La abogada Castillo ha cancelado dos entrevistas en las que participarían periodistas de La Prensa y, en su lugar, ha actuado como su vocero José María Castillo. Esta última ha colgado en su página web (odilacastillo.com) una sección titulada “Ética y transparencia”, en el que aborda el rol de los medios de comunicación en su caso.
En un artículo, que tituló “La manipulación mediática sobre la figura de Odila Castillo”, la abogada escribió que “a pesar de su éxito, la firma ha enfrentado desafíos, incluyendo la difusión de información errónea y agraviante por parte de periódicos. Odila Castillo ha aclarado públicamente la falsedad de estas afirmaciones, las cuales han sido desmentidas por los estamentos de seguridad y rectificadas por el medio de comunicación a través del derecho a réplica”.
Esa aseveración también es falsa: ni el Ministerio Público de Panamá o el Buró Federal de Investigaciones (FBI), por sus siglas en inglés, ha desmentido nada, ni los medios de comunicación han “rectificado” sus informaciones.
