El Ministerio de Salud (Minsa) respondió una solicitud de información que le hizo La Prensa el pasado 24 de julio sobre equilibrios contractuales que presentó o tramitó la firma Palacios, Vásquez & Asociados, de la que era presidenta y representante legal la abogada —exfuncionaria de la Contraloría General de la República— Odila Castillo, actuando en representación de sus clientes.
Fueron, al menos, tres gestiones, correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, de acuerdo con el Minsa.
Según la información proporcionada, en 2021, la firma solicitó al Minsa un equilibrio contractual a nombre de Urban Company, S.A., concedido por la suma de $280 mil.
Luego tramitó una adenda en 2022, a nombre de Constructora Riga Services, S.A., que también fue aprobada por un monto de $4 millones.
La última es de 2023, cuando el bufete de la exfuncionaria —rebautizado con el nombre de Castillo, Guardia & Asociados— tramitó una adenda por equilibrio contractual a favor del consorcio Nuevo Almacén de Insumo Sanitario Minsa, por $5.4 millones.
En total, una sola institución del Gobierno aprobó y la Contraloría refrendó tres adendas por equilibrio contractual, por un monto global de $9.8 millones.
Estas tres adendas constituirían un tercio de los equilibrios contractuales que refrendó el contralor, Gerardo Solís, quien semanas atrás aseguró que son muy pocas las adendas por esta razón. “No creo que sean ni diez y somos muy estrictos en el control de esas solicitudes”, sostuvo.
Pero hay problemas con esta afirmación, porque, además de ser falsa, son visibles otras irregularidades.
Funcionarias
En 2021, cuando Palacios, Vásquez & Asociados gestionó el equilibrio contractual en el Minsa a nombre de Urban Company, en el Registro Público no se había inscrito —hasta noviembre de ese año— la supuesta renuncia de una de las socias de ese bufete —Zenia Vásquez— cuando tomó posesión del tercer cargo más alto de la Contraloría: secretaria general.
Esto significa que, técnicamente, Vásquez y Castillo no solo eran socias en un bufete de abogados (desde 2018), sino que, además, Vásquez era —en papel— la “jefa” de su socia —Odila Castillo— en la Contraloría. Y lo más importante: ambas tenían acceso abierto y directo con el contralor Solís, incluyendo a Castillo, “asesora legal del Despacho Superior (Secretaría General)”.
La propia Castillo dejó claro su rol como funcionaria de la Contraloría en una réplica que envió a La Prensa el 20 de abril de 2021, para desmentir una noticia sobre su supuesto arresto durante un allanamiento en el que la Policía Nacional detuvo a dos venezolanos con más de $250 mil en efectivo.
Castillo afirmó que “hasta el pasado 15 de febrero de 2021 desempeñé diversos cargos dentro de la Contraloría […] y, entre tales cargos, fungí como asesora del Departamento Superior, inclusive”. Seguidamente, informó que “desde el 16 de febrero de 2021 fui contratada en calidad de asesora externa de la precitada entidad…”.
Habiendo dejado claro que eran servidoras públicas en la Contraloría durante esos años —con acceso directo al contralor—, simultáneamente Castillo y Vásquez eran abogadas de la firma legal —Palacios, Vásquez & Asociados— que gestionaba adendas a nombre de sus clientes ante el contralor, especialmente en el caso de Castillo, por razones obvias.
Dos sombreros
Aunque el Minsa no menciona en qué mes de 2021 Palacios, Vásquez & Asociados gestionó los pagos a Urban Company, S.A., La Prensa tuvo acceso a un documento de la misma firma legal, fechado el 22 de marzo de 2021, consistente en una propuesta de honorarios profesionales por trámites administrativos referentes a reclamos que hacía al Estado a la empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A.
La carta fue dirigida por Castillo al potencial cliente justo cuando ese mismo mes —marzo de 2021— se completaban los trámites en la Contraloría para su contratación como asesora jurídica externa por un monto de $31,500. Es decir, mientras Castillo era nombrada en la Contraloría, paralelamente intervenía ante el contralor a favor de los clientes de su bufete.
La empresa a la que Castillo dirigió esa carta era un contratista que, de acuerdo con Panamá Compra, había acumulado entre los años 2020 y 2022 unos $87.4 millones en contratos, con un radio de acción que principalmente giraba en torno a los ministerios de Vivienda, de Salud y de la Presidencia, así como contratos con el Ministerio de Ambiente, la Universidad de Panamá y Pandeportes.
Los honorarios de la firma que propuso Castillo consistían en un adelanto de $50 mil para confeccionar el reclamo. Luego, el pago principal se dividía en dos fases: un abono correspondiente al 30% del 10% del monto final avalado por la entidad responsable, en este caso, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), una dependencia del Ministerio de la Presidencia. Con este abono, la firma legal debía lograr, además, el aval del ministerio dueño de las obras.
El segundo paso era el cobro del restante 70% del 10% del monto obtenido en la adenda. A cambio, la firma obtendría el refrendo de la Contraloría. De ese monto se restaría el primer abono de $50 mil. “Nuestra firma está integrada por profesionales especialistas en contrataciones públicas y todas las acciones y/o relaciones jurídicas con el Estado…”, prometía Castillo como colofón de su carta.
¿Cuántas cartas más como esta envió Castillo a contratistas del Estado en 2021? ¿El contralor Solís ignoraba que su secretaria general, Zenia Vásquez, y su asesora legal, Odila Castillo, tenían el doble sombrero de funcionarias y abogadas de contratistas del Estado?
Es evidente que el negocio de su firma legal creció. En 2021, cuando Castillo aún era funcionaria, los ingresos de Palacios, Vásquez & Asociados fueron de $742 mil, un gran salto, considerando que el año anterior sus ingresos apenas superaron los $20 mil.
Nuevas fórmulas
El vínculo de Solís con Castillo se mantuvo estrecho a lo largo de los años, incluso hasta ahora. El contralor sigue siendo un afanoso defensor de su exfuncionaria. Es evidente la pervivencia de la relación con el nombramiento de familiares de Castillo en la Contraloría, como Kristel Cousins, contratada en abril de 2020; Frank Montero (mayo de 2021), y Kevin González (septiembre de 2023), quienes, además de recibir aumentos salariales, obtuvieron la permanencia en sus respectivos cargos.
Paralelamente, los negocios de Castillo seguían prosperando.
En 2022, los ingresos de su firma sobrepasaron los $2 millones. Precisamente, ese año, Castillo hacía esfuerzos por reclutar como cliente al empresario Carlos Allen Arosemena. El 12 de enero de ese año, la firma le envió una propuesta de negocios para elaborar un acta de liquidación de una de sus obras con el Estado y otros trámites legales de la empresa de Allen: Transeq, S.A.
La carta enviada a Allen se centró en una nueva fórmula de cobro en cuatro pasos, con abonos fijos de $15 mil (a cambio de la elaboración de una adenda económica); de $20 mil (cuando la entidad dueña de la obra aprobara la adenda) y $25 mil más cuando la adenda fuera refrendada por la Contraloría. El cuarto paso consistía en cobrar un porcentaje del dinero que la empresa recibiría del Estado.
Se basaba en una tabla de honorarios elaborada por la firma, cifra a la que el cliente debía agregar el ITBMS (7%) sobre la totalidad de los honorarios, computados, como se verá a continuación, en base al cálculo de “la solución jurídica que finalmente sea refrendada”.
La tabla indica que “cuando la firma forense Palacios, Vásquez y Asociados tramite la gestión en la entidad correspondiente y la liquidación sea aprobada y refrendada por la Contraloría General de la República [en caso de que la suma a liquidar sea mayor a $1 millón], los honorarios se pagarán de la siguiente manera…”
La tabla se reduce al cobro del 10% del monto total de la adenda. Por ejemplo, la firma cobraría $100 mil si el documento de liquidación refrendado por la Contraloría es de $1 millón. O cobraría $1 millón si la adenda llega hasta los $10 millones. Y no hay que olvidar que el cliente debe pagar el impuesto del 7% (ITBMS) de esos honorarios.
Allen, al parecer, no tuvo objeción, ya que se convirtió en cliente de Castillo.
Falsedad
El otro problema sobre lo que dijo Solís a La Prensa —que no eran ni 10 las adendas por equilibrio contractual— es que su afirmación es falsa.
La Prensa, además de las que reveló el Minsa, también pudo obtener dos solicitudes de adendas por equilibrio contractual, cuya unidad ejecutora fue el Conades —y que están lejos de todas— que gestionaron los consorcios Asociación Accidental Aguas de Boquete (conformado por Aprocosa y CUSA) y Agua para Buenos Aires (integrado también por Aprocosa y Rodsa). El primero solicitó un equilibrio de $4.9 millones y el segundo, de $3.8 millones.
La solicitud que presentó Asociación Accidental Aguas de Boquete fue rechazada y se presentó una reconsideración al Conades, que todavía no ha sido aceptada. En tanto, la solicitud de Agua para Buenos Aires no ha sido respondida.
La Prensa también encontró que Constructora Rodsa gestionó un equilibrio contractual (por $5.5 millones).
Por tanto, los equilibrios solicitados por los dos consorcios arriba citados y Rodsa suman un total global de $14.2 millones.
Resulta entonces que, si se toma por cierto lo dicho por Solís, solo dos instituciones del Gobierno (Minsa y Conades) acaparan dos tercios de los equilibrios contractuales. ¿Qué hay con las decenas de instituciones gubernamentales que habrían recibido las mismas peticiones de equilibrio contractual? ¿Fueron desechadas todas, salvo tres más?
Hay fuentes que hablan de decenas más aprobadas y refrendadas en Conades y en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Pero eso será motivo de futuras entregas.
Esta nota fue modificada a las 11:33 a.m. del viernes 4 de octubre de 2024. En su versión original, se informó que Conades había aprobado dos equilibrios contractuales a favor de Aprocosa. Lo correcto es que los consorcios Asociación Accidental Aguas de Boquete y Agua para Buenos Aires gestionó dos equilibrios contractuales, que no han sido aceptados...
