En medio de lo que parecían ser buenos tiempos, el 13 de abril de 2021, la relación de la abogada Odila Castillo con la Contraloría General de la República sufrió un inesperado percance tras un “incidente” divulgado profusamente en redes sociales. La abogada negó rotundamente su participación en el hecho.
Lea aquí la réplica a la nota titulada 'La controvertida historia de una funcionaria de Contraloría'
Castillo era, por entonces, una abogada contratada por servicios profesionales en la Contraloría y, aun así, se movilizaron las más altas autoridades para defender su versión de los hechos: el contralor Gerardo Solís; el entonces ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, y el hoy exdirector de la Policía Nacional, Gabriel Medina. A partir de los desmentidos y la réplica de Castillo –publicada en este medio–, todo vestigio de ella con la Contraloría en Facebook o en otras redes fue borrado, como si nunca hubiera existido en la institución, a pesar de que tenía un contrato de $31,500, “en calidad de asesora jurídica externa, especialista en derecho administrativo”.
Tras salir de la Contraloría, desde junio de 2021, Castillo comenzó a prestar sus servicios profesionales en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), lugar en el que alternó la práctica privada como asesora de contrataciones públicas y socia de la firma que por entonces compartía con la secretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez. Castillo nunca quedó desamparada. Hay constancias de los pagos que recibió de la AMP por servicios profesionales hasta finales de 2021, aunque habría estado unos meses más en la AMP.
Despegue meteórico
Para finales de ese año, el bufete en el que eran socias Castillo y Vásquez comenzó a experimentar un meteórico despegue. En papel, sus ingresos pasaron de $20,000 en 2020 a $742,000 en 2021. Nada mal, considerando que era el segundo año de pandemia, y cuando supuestamente había contención del gasto público y varios sectores de la economía estaban en recuperación.
En noviembre de 2021, finalmente se inscribió en el Registro Público la renuncia que, como socia de la firma Palacios, Vásquez & Asociados, había presentado el 17 de enero de 2020 la entonces recién nombrada secretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez, mientras que Castillo decía –en papel– tener ingresos personales anuales de casi $400 mil. Incluso, ese año se compró un vehículo de $77 mil.
Pero lo mejor estaba por venir.
La verdadera prosperidad empezó en 2022. Ese año, la firma percibió millones de dólares –poco más de $2 millones, para ser exactos–, casi todo en concepto de “honorarios profesionales”, aunque también sus gastos aumentaron –en papel– a casi lo mismo que declaró en ingresos.
Compra de inmuebles
En el año 2022, Castillo tuvo ingresos personales que casi alcanzaban $1 millón. Y en 2022, precisamente, también comenzó la fogosa adquisición de inmuebles: por ejemplo, un penthouse en el exclusivo residencial Santa María, en el PH Santa María Court, cuyo valor declarado en el Registro Público fue de $1 millón 162 mil, junto con tres estacionamientos y dos depósitos. La propiedad estaba a nombre de la sociedad Inversiones SMC 114A, S.A.
Esta sociedad, creada en febrero de 2022, registró cambios en octubre de ese mismo año, cuando entraron a formar parte de su junta directiva, en calidad de tesorera, una sobrina de Castillo, Kristel Cousins –funcionaria de la Contraloría–, así como su socia en la firma de abogados, Judith Guardia, designada directora y agente residente de esa sociedad.
Castillo también estaría por adquirir una propiedad en las playas de Buenaventura (en Coclé), a través de una sociedad –Inversiones MV PH 344, S.A., creada también en 2022– en la que, una vez más, aparece su socia Judith Guardia. El apartamento, cuyo valor declarado es de $750,000, estaría ocupado por Castillo desde 2022, probablemente en alquiler, de acuerdo con vecinos del lugar, quienes la ven llegar con alguna frecuencia junto con su familia.
De concretarse esta última adquisición, Castillo habría acumulado $1.9 millones en inmuebles destinados a su uso personal y familiar.
Pero no son todas sus inversiones.
También hay otras que son parte de sus negocios. Por ejemplo, el 21 de marzo de 2022 se crearon tres sociedades –y una más, constituida meses antes–; cada una adquirió un inmueble en un centro comercial en Chiriquí.
El almacén
Esas cuatro sociedades fueron o están presididas por María Teresa Arosemena de Allen y todas compraron sus locales en Federal Mall el 2 de junio de 2022. El costo global de los cuatro locales sumó $1,235,000, de acuerdo con documentos que reposan en el Registro Público.
En mayo de 2024, una de esas sociedades (llamada Federal Valores PB-J7, S.A.) cambió de dignatarios.
Federal Valores PB-J7, S.A. es la dueña de un local de 122 metros cuadrados en el mencionado mall, que habría costado, según el Registro Público, unos $420,000. Esa sociedad la preside ahora Odila Castillo; la secretaria es su socia Judith Guardia, mientras que la nueva tesorera es la madre de Castillo, María Bonilla Martínez.
En ese local, la abogada inauguró el año pasado –meses antes del cambio de directiva en la mencionada sociedad– una boutique: Red Design (red_designpty), cuya razón social es otra empresa de Castillo: Inversiones y Consultorías, Co., S.A. Esta última intentó que uno de los dos bancos estatales le concediera un préstamo para la compra del local.
El garante del préstamo sería la firma forense de Castillo, cuyo patrimonio declarado al banco sumaba nada menos que $8.1 millones, cuando dos años antes sus ingresos apenas superaban los $20,000.
La transacción no se completó.
En su lugar, Inversiones y Consultorías, Co., S.A. celebró un contrato de préstamo –también en junio de 2024– con Administradores Hipotecarios de Panamá, S.A., por $199,000, teniendo como garantía el mismo local comercial.
La sociedad que habría prestado el dinero fue constituida en agosto de 2023 y la preside, una vez más, Odila Castillo, acompañada, como siempre, por su socia Judith Guardia. En otras palabras, Castillo se habría prestado dinero –en papel– a sí misma para hipotecar un inmueble que utiliza para albergar una tienda que es de su propiedad.
Este es un escenario que se repite con la adquisición de 11 inmuebles más en un edificio construido con fines residenciales en la vía Ricardo J. Alfaro.
Sin respuestas
El éxito de Castillo en lo referente a la gestión de contratos y pagos con el Estado a nombre de sus clientes la ha llevado a alcanzar alianzas con otras firmas de abogados, algunas de ellas de renombre en el mercado local.
La Prensa preguntó a Castillo sobre todas estas compras o adquisiciones o si estos inmuebles fueron dados en pago por sus servicios, pero no respondió.
El bufete de Castillo tiene ahora su sede cerca de su penthouse en Costa del Este. Se trata de oficinas que muestran su apabullante prosperidad, alcanzada en tan solo meses, hazaña que abogados de prestigiosos bufetes locales confesaron a este medio no han logrado en la trayectoria de toda una vida y mucho menos con los millonarios dividendos que ha recibido Castillo de su firma en cuestión de meses.
En la siguiente entrega se abordarán los nuevos y multimillonarios ingresos que recibió la abogada en 2023, a través de su bufete, el cual rebautizó con su apellido y el de su socia: Castillo, Guardia & Asociados, dejando atrás el capullo que escondía su nombre: Palacios Vásquez y Asociados.
