¿Omisiones o negligencias? Extracción de oro sin supervisión

¿Omisiones o negligencias? Extracción de oro sin supervisión
La empresa hizo la solicitud del permiso al ministro de Ambiente, Milciades Concepción en febrero de 2023, la cual fue concedida. Alexander Arosemena


Minera Panamá estaba en proceso de extraer y procesar oro en Donoso, provincia de Colón, para lo cual el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, gestionó la aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa, simultáneamente el Gobierno negociaba un nuevo contrato-ley con la minera.

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Sin contrato, el representante de la minera, Manuel Aizpurúa Rojas Pardini, hizo la solicitud a Concepción en febrero de 2023, la cual fue concedida. En la resolución de aprobación se indica que Concepción remitió a los ministerios de Salud y de Comercio e Industrias (MICI) el informe de auditoría ambiental y el PAMA de la minera para que emitieran sus comentarios. Pero ambas entidades informaron que no recibieron la documentación.

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El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, gestionó simultáneamente el contrato ley con Minera Panamá para la extracción de Cobre y el PAMA para extraer oro. Foto: Archivo.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, confirmó que no vio la documentación ni las regionales de su entidad. En tanto, el MICI informó que “no se ha emitido ninguna nota aprobando la solicitud que se menciona”, en respuesta a este medio.

En marzo pasado, el entonces ministro Federico Alfaro afirmó que si Minera Panamá quería una concesión para la explotación de oro, debía solicitar una nueva concesión.

Minera Panamá pretendía extraer y procesar oro

Pese a que Minera Panamá no contaba con un contrato con el Estado y que sus operaciones no eran fiscalizadas desde 2022 y de la existencia de advertencias de incumplimientos ambientales, el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, aprobó su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su planta para la extracción de oro.

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Esta solicitud a Miambiente la hizo el representante legal de Minera Panamá, Manuel Aizpurúa Rojas Pardini, en febrero de 2023. La resolución de aprobación –fechada el 30 de junio pasado– precisa que la empresa procesa oro en barras “Gold Doré”. El documento se emitió días después de que el Consejo de Gabinete aprobó el –ahora anulado– contrato ley con Minera Panamá, el 14 de junio de este año, y luego ratificado por la Asamblea Nacional, el 20 de octubre pasado.

Aizpurúa Rojas Pardini, además de ser primo de José Alejandro Rojas Pardini –ministro consejero para la Facilitación de Inversión Privada– es secretario de Minera Panamá y fue vocero de la empresa en el proceso de negociación del contrato ley que luego fue anulado –por inconstitucional– por la Corte Suprema de Justicia.

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Aunque no contaba con un contrato de concesión, el Ministerio de Ambiente aprobó el programa de adecuación y manejo ambiental de Minera Panamá para extraer oro.

Para obtener la aprobación del PAMA, la empresa entregó un “informe de auditoría ambiental voluntaria”, así como el propio PAMA, a la Dirección de Verificación de Desempeño Ambiental (Diveda) de Miambiente. La auditoría “voluntaria” la realizó Its Holding Services, S.A., informó la minera. Esta sociedad fue autorizada como auditora ambiental de Miambiente en 2014, según información suministrada por Diveda a este medio.

Viejos conocidos

Its Holding fue inscrita en febrero de 2008 en el Registro Público. La preside José Carlos Espino Méndez y tiene como vicepresidente, tesorero y secretario a Alexander Barrantes. El apoderado es Jorge Lee León. Espino Méndez es hermano de Jorge Espino Méndez, de la empresa Conceptos y Espacios, que logró dos acuerdos de pena en los escándalos Blue Apple y Odebrecht. En tanto, José Carlos Espino Méndez es cuñado del exministro de Vivienda, Mario Etchelecu.

En 2015, la Contraloría refrendó un pago de $1.7 millones que Miambiente hizo a nombre Barrantes, quien para entonces no trabajaba en Its Holding sino en otra empresa. El dinero lo recibió por servicios de laboratorio para el análisis fisicoquímico de tres mil 383 muestras de agua para consumo humano –a un promedio de más de $500 cada prueba– solicitado por Miambiente. El documento no detalla la procedencia del agua analizada, tampoco menciona el nombre de otra empresa salvo que era para Barrantes.

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La Contraloría refrendó un pago de $1.7 millones a favor de Barrantes por servicios de laboratorio.

Además, por el servicio de análisis de agua, Diveda pagó en enero pasado $6 mil 380, de acuerdo con la Contraloría. Pero en este caso el trabajo lo hizo Enviro Lab, S.A., cuya directiva la integran los mismos dignatarios de Its Holding. El documento de Contraloría no precisa la cantidad de pruebas de agua analizadas ni procedencia.

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¿Omisiones?

En la resolución que aprueba el PAMA de Minera Panamá y su auditoría voluntaria no se menciona porqué Miambiente no hizo inspecciones a la mina en 2022 ni en 2023. Tampoco indica si la institución corroboró el informe entregado “voluntariamente” por Minera Panamá o que los haya contrastado con los presuntos incumplimientos ambientales que detectó la entidad desde que inició operaciones la mina.

En la resolución del 30 de junio pasado se indica que copia de la auditoría voluntaria y del PANA la recibieron los ministerios de Comercio e Industrias (MICI) y de Salud para su consideración.

Los documentos habrían sido devueltos a Miambiente, pero en la resolución no se plasman las opiniones de estos ministerios, pese a que personal del MICI participó durante años en las inspecciones de Miambiente en las que se habrían detectado los supuestos daños ecológicos.

De acuerdo con denuncias de ambientalistas, la extracción de oro se habría iniciado en septiembre de 2019, sin importar la sentencia de 2017 de la Corte Suprema que anuló el contrato de concesión de Minera Panamá.

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Esta anulación fue reconocida por el Consejo de Gabinete tras su publicación en Gaceta Oficial el 22 de diciembre de 2021. Se ordenó el cierre de las operaciones de la mina para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, que declaró la inconstitucionalidad el contrato aprobado en 1997.

Para formalizar ese cierre de operaciones, se instruyó al entonces ministro de Comercio, Federico Alfaro, a “adoptar medidas administrativas de conformidad al Código de Recursos Minerales para la suspensión de operaciones del proyecto Minera Panamá”.

En la misma resolución se pidió a la ministra de Trabajo, Doris Zapata, “tomar las acciones necesarias para garantizar la fuente de empleo y protección de las prestaciones laborales de los trabajadores del proyecto minero”.

El titular de Miambiente también tenía que “adoptar las medidas para que supervise, controle y fiscalice el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto”, pero ni en 2022 ni en 2023 se habrían realizado inspecciones en la mina.

La Prensa pidió copia de los informes de esos años a Miambiente, pero no los entregó.

Informes periodísticos de este medio –de noviembre de 2022– resaltan que entre enero y septiembre de ese año, Minera Panamá vendió –con un contrato anulado por la Corte– $2 mil 285 millones en minerales extraídos de Donoso. La empresa reportó, además, que había extraído 101 mil 449 onzas de oro. En la página web de la empresa se observa que habría finalizado ese año con la supuesta extracción de 139 mil 751 onzas de oro.

¿Bajo qué sustento legal Miambiente aprobó el PAMA de Minera Panamá para extraer oro si la empresa carecía de un contrato? ¿Antes de aprobar el PAMA a Minera Panamá, se verificaron sus condiciones operativas y el cumplimiento de su Estudio de Impacto Ambiental? ¿Cuánto recibió el Estado en compensación por la extracción de oro? Estas interrogantes no fueron respondidas por el titular de Miambiente al cierre de esta nota.

Nota aclaratoria: El día miércoles 17 de enero a las 12:30 p.m. se hizo la siguiente modificación al párrafo que decía: En 2015, la Contraloría refrendó un pago de $1.7 millones a favor de Barrantes por servicios de laboratorio para el análisis fisicoquímico de tres mil 383 muestras de agua para consumo humano –a un promedio de más de $500 cada prueba– solicitado por Miambiente. El documento no detalla la procedencia del agua analizada. Se modificó de la siguiente manera: En 2015, la Contraloría refrendó un pago de $1.7 millones que Miambiente hizo a nombre Barrantes, quien para entonces no trabajaba en Its Holding sino en otra empresa. El dinero lo recibió por servicios de laboratorio para el análisis fisicoquímico de tres mil 383 muestras de agua para consumo humano –a un promedio de más de $500 cada prueba– solicitado por Miambiente. El documento no detalla la procedencia del agua analizada, tampoco menciona el nombre de otra empresa salvo que era para Barrantes.


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