Desde afuera, la galera ubicada en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, tenía toda la apariencia de un taller de automóviles y camiones que tramitaba placas vehiculares y seguros.
Villagian Car Services tenía un laboratorio donde mezclaban sus propias pinturas y una cabina azul de “alta tecnología” para pintar vehículos; así lo promocionaba el negocio en su sitio web.
Pero esa era solo una fachada.
Según el Ministerio Público, el local ubicado en Calle 129 Este era el almacén que utilizaba una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, la cual fue desmantelada hace dos semanas con la operación Jericó.
Ahí se modificaban vehículos para colocarles un doble fondo en el que esconder la droga antes de transportarla a Costa Rica, informó la fiscalía.
Una investigación de La Prensa reveló que el taller, al igual que Servicios Múltiples Rama, S.A. –la sociedad ligada a Abraham Rico Pineda, imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la operación Jericó– también recibió casi $60,000 en contratos del Estado durante el quinquenio de Laurentino “Nito” Cortizo (2019-2024).
Bolsas en pandemia
En plena pandemia respiratoria, Villagian Car Services vendió bolsas de alimentos y productos de limpieza para repartir en el distrito de San Miguelito, un servicio muy alejado de su actividad formal.
Según su aviso de operaciones, Villagian, S.A., la sociedad anónima que opera con el nombre comercial Villagian Car Services, fue establecida en 2015 y se dedica a la importación de automóviles y piezas de Estados Unidos; a la compra y venta de vehículos usados y de piezas y accesorios; a la reparación de carrocerías, y al trámite de revisado y de placas vehiculares.
El primer pago documentado del Estado a Villagian, S.A. es por $9,989.20, por la compra de 520 bolsas de víveres que hizo el Municipio de San Miguelito, para “mitigar la acción colateral del covid en el distrito”. Este cheque fue refrendado el 19 de octubre de 2020, de acuerdo con información de Contraloría General de la República. El municipio estaba entonces bajo el mando de Héctor Valdés Carrasquilla, alcalde de San Miguelito hasta el pasado 30 de junio.
Hubo más.
El 26 de marzo de 2021, la Contraloría refrendó otro cheque, ahora por $9,994. Este pago fue por más bolsas de comida, para “apoyar [la] bioseguridad alimenticia”, según el documento emitido por la Contraloría. Esta compra fue por 770 bolsas.
Villagian, S.A. también suministró 620 botellas de desinfectante, 720 galones de cloro y 620 latas de Lysol en aerosol, “para asistencia social para personas de escasos recursos en el corregimiento”, según otro cheque refrendado el 12 de abril de 2021. Por esto se le pagaría $9,666.
Otro cheque del Municipio de San Miguelito refrendado el 28 de abril de 2021 hace constar que a Villagian, S.A. se le pagó $10,000 por bolsas de legumbres. Cada uno llevaba 3 libras de papa, 3 de zanahorias, 2 de lechuga nacional, 2 de lechuga romana, 2 de pepino, 2 de remolacha, 2 de tomate, 1 de ají, 2 de cebolla, 2 de repollo y una tira de apio, entre otros.
Según otro cheque del Municipio de San Miguelito refrendado por la Contraloría el 26 de mayo de 2021, el taller también cobró $9,625.50 por proveer 1,860 kits de limpieza “para el covid-19 a distribuir en el corregimiento”. El pago, según el documento, vendría de la Junta Comunal de Mateo Iturralde.
El 14 de febrero de 2022 hubo otro refrendo a favor del taller. Ahora por $9,897.30 por la compra de café, leche en lata, cajas de sopa de fideos, pasta de tomate, harina, sal, porotos, lentejas, azúcar, atún en aceite, sardinas en salsa, arroz especial, coditos, pork and beans, aceite de girasol y mayonesa, para confeccionar 520 bolsas.
Un segundo cheque por ese mismo monto –$9,897.30– fue refrendado el 25 de febrero de 2022, consta en el sitio web de la Contraloría.
Para este jueves 5 de septiembre, el taller en Juan Díaz estaba cerrado y el letrero de su fachada fue removido; sus cuentas de Instagram y TikTok estaban desactivadas. Si uno llama a sus números de telefónicos, atiende una contestadora automática.
Villagian, S.A. también está en el limbo: se encuentra con estatus “suspendido”, según el Registro Público, luego de que la abogada Milagros Blaisdell Núñez renunciara como agente residente de la sociedad, en octubre del año pasado.
La chapistera
Annyuri Villarreal Lara, la administradora del taller, según la fiscalía, está registrada como secretaria y suscriptora de Villagian, S.A.
Está detenida desde el 23 de agosto, después de que se entregara a las autoridades. Antes tuvo el dudoso honor de ser la única mujer en la lista de prófugos de la operación Jericó.
Se le acusa por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.
Su abogado ha dicho que todo es un “show mediático de la Policía Nacional” y que su clienta no representa un peligro para nadie.
En una audiencia ante un juez de garantías, celebrada hace dos semanas, la fiscalía detalló que Villarreal es la pareja de Edgar Oriel Osigian Rodríguez, presunto cabecilla de la pandilla Los Galácticos. Actualmente, este hombre cumple condena de 10 años de prisión por pandillerismo. Villarreal, en tanto, también esta detenida, aunque lo suyo es provisional, de momento.
Edgar Oriel Osigian Rodríguez figura como presidente, representante legal y suscriptor de Villagian, S.A. Como está detenido, la representación legal la llevó Anyuri como secretaria de la sociedad.
Este viernes 6 de septiembre, hay dos audiencias relacionadas a Jericó: una solicitada por Abraham Rico Pineda -hijo del diputado Raúl Pineda- y otra requerida por 21 imputados adicionales.
Todos apelaron la orden de detención preventiva dictada por un juez de garantías.
