El camino por el cual Costa Rica terminó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) arrinconada por Infinito Gold no fue muy distinto al de Panamá con First Quantum Minerals (FQM), aunque aquí la oposición a la minera fue mayor en calles y rutas.
Primero, activistas ambientales, movimientos sociales y comunidades vecinas al proyecto denunciaron los daños y la falta de consulta pública, resistieron chantajes y aguantaron el hostigamiento de la empresa y sus defensores. Luego, ante la falta de escucha por parte de las autoridades, fueron a una batalla legal, y ganaron: la justicia costarricense declaró ilegal y canceló la operación de la mina en noviembre de 2011.
Como amenaza ahora FQM, Infinito Gold llevó al Estado de Costa Rica al Ciadi. Entonces surgió de nuevo la discusión entre quienes agitaban banderas de catástrofe económica -por el posible pago de $400 millones de indemnización, nocaut reputacional, etcétera- y quienes decían ‘Ey, paren, hay argumentos sólidos y se puede ganar incluso mucho más que el caso en sí’. La razón la tuvieron los últimos: ganaron otra vez.
El 3 de junio de 2021 el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Costa Rica en el arbitraje interpuesto por la minera canadiense Infinito Gold Ltd. por el cierre del proyecto Crucitas: “Es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente”, dictaminó el Ciadi.
Tras la experiencia de siete años de arbitraje, el abogado Juan José Obando cree que Panamá también puede ganar: “Es una evidente y manifiesta ilegalidad”.
Obando es abogado, profesor universitario y participó del proceso como amicus curiae o “amigo de la Corte” (una tercera parte que no está en disputa), en representación de Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas). En una entrevista con La Prensa, repasó la historia, la estrategia y las ganancias que llegaron tras el fallo de victoria al país que logró consolidar para siempre la marca “Pura Vida”.
¿Cuál fue su participación en el arbitraje entre Infinito Gold y el Estado de Costa Rica en el Ciadi?
Yo representé a Apreflofas en el proceso, que fue la organización que logró anular la concesión del Estado con Infinito Gold en la justicia de Costa Rica. Gracias a una reforma del Ciadi ahora se permite la participación de terceras partes, lo que se llaman amicus curiae o participación de parte, que es participar en representación de la sociedad civil.
¿Qué aportaron al caso?
Le hicimos ver al Ciadi algunos elementos de aparente corrupción que existieron y de franca ilegalidad, que curiosamente el Estado costarricense no alegó a la hora de establecer las respuestas a la demanda. Al Tribunal le gusta esta participación porque es la parte que explica y da el contexto que tal vez las partes en disputa deciden omitir deliberadamente. Nosotros llegamos y dijimos la verdad objetiva, los hechos tal y como ocurrieron.
Por ejemplo, si hubo hechos de corrupción sería extraño que las partes lo admitieran y podría resultar determinante en la resolución por el ‘principio de las manos limpias’, ¿cierto?
Efectivamente. En Costa Rica había incluso un proceso penal que incluía al expresidente Oscar Arias Sánchez, porque hubo un movimiento político del Ejecutivo en favor de la empresa canadiense. Y nosotros le dijimos al Ciadi: este proceso se dio en un marco de corrupción o de manifiesta ilegalidad de las acciones del Estado de Costa Rica. Para la estrategia del Estado admitir eso quizás no era lo mejor, pero nosotros como sociedad civil queríamos demostrar que la concesión no era legítima.
¿Eso ayudó a la resolución favorable?
Ayudó, sí. Aunque no hubo pruebas sobre el pago sobornos de la empresa a funcionarios públicos, sí quedó claro que emitieron los decretos para facilitar la reapertura de la mina sabiendo que era ilegal. Eso es un acto de manifiesta ilegalidad, que va en contra del principio de legalidad que rige la función pública.
Juan José Obando, abogado de la sociedad civil ante el Ciadi
Panamá tiene todas las posibilidades de ganarle a FQM en el Ciadi, porque está demostrado que los inversionistas no pueden obtener un beneficio y condenar después a un país si supo -o debió haber sabido- que ese permiso venía de la mano de un acto de corrupción, de un acto de manifiesta ilegalidad o inconstitucional.
¿Cuál ha sido en los últimos años la tendencia del Ciadi en temas ambientales, específicamente con reclamos de empresas mineras?
En las últimas sentencias las mineras pierden casi siempre. Y es que la protección al ambiente ya se está considerando dentro de los diferentes instrumentos de libre comercio y de tratados de inversión como un derecho. Entonces ya no está solamente -ni aisladamente- el derecho del inversionista, sino en paralelo -e incluso superior- el derecho al ambiente. Hasta los tratados de libre comercio tienen disposiciones que establecen protecciones adicionales y que los tribunales están utilizando para justificar sus decisiones [NdR: el tratado que Panamá firmó con Canadá tiene un capítulo sobre ambiente].
¿Es posible demostrar en Ciadi los daños que causa la minería a cielo abierto?
Sí, hay múltiples informes internacionales sobre eso. De todas maneras, la carga de esa prueba le toca a cada minera. Así que si la empresa no logra demostrarlo en virtud del principio de protección de la naturaleza, le va a costar mantener ese tipo de minería especialmente en zonas protegidas como el Corredor Biológico, bosques tropicales húmedos o con protección especial, porque el daño es mayor que en una zona desértica.
¿Estamos ante un cambio de época?
Sí, los tribunales arbitrales empiezan a tomar en cuenta una protección a la naturaleza que antes -en los 80′s y en los 90′s- no era así. Vamos encaminados hacia una mejor protección de los recursos naturales, incluso en el arbitraje internacional de inversiones.
Ya no se trata de una discusión entre izquierdas y derechas, activistas o empresarios, etcétera…
Exacto, vamos superando esos miedos, esa línea de análisis y ahora se entiende que se puede promover la inversión con protección del medio ambiente. Podríamos llamarle una nueva cosmovisión: desarrollo sostenible, crecer juntos sin destruirnos y sin ser hipócritas. Porque sí, sin la minería no estaríamos teniendo esta conversación [NdR: la entrevista fue por videollamada], pero si los gobiernos se confabulan en favor de una empresa guiados únicamente por el beneficio económico, los sistemas jurídicos le van a poner un límite.
Aunque haya evidencias, igual aparecen los miedos o amenazas al terminar una concesión minera, ¿pasó eso en Costa Rica?
Lo vimos y todavía aparece algún comentario que dice “por culpa de los ambientalistas nos van a demandar” …. ¡Como si el proceso no hubiese sido ilegal!
En Panamá la concesión se aprobó en menos de una semana, sin consulta pública y, según la Corte, violó más de 20 artículos de la Constitución. ¿Qué evaluación hace a simple vista?
Es una evidente y manifiesta ilegalidad. Pasó en Costa Rica, pero parece más descarado el caso panameño.
¿Cree que FQM tiene posibilidades de ganarle un caso a Panamá en el Ciadi?
No, Panamá tiene todas las posibilidades de ganar. Basado en las últimas decisiones, no creo que gane la mina porque está demostrado que los inversionistas no se pueden beneficiar de actos ilegales dentro del propio Estado. Es decir, no pueden obtener un beneficio y condenar después a un país si supo -o debió haber sabido- que ese permiso venía de la mano de un acto de corrupción, de un acto de manifiesta ilegalidad o inconstitucional.
¿Hubo impactos en la economía de Costa Rica por el cierre?
No. No ha habido absolutamente ningún tipo de consecuencias negativas para Costa Rica en ese sentido... La única consecuencia negativa fue por la falta de control dentro de la zona de la mina cuando salió la empresa. Ese es un aprendiza: armar un plan. En Costa Rica no se armó, fue otra irresponsabilidad política y ocasionó más daños a la zona.
¿Puede darnos alguna otra recomendación?
Las posibilidades de ganar para Panamá son altas, así que recomiendo que la sociedad civil panameña use nuestro precedente en el caso Crucitas y solicite participar del proceso, que muestren que tienen un interés legítimo y participe. Es la sociedad civil la que le va a dar al Ciadi la información que no va a obtener del gobierno ni de la empresa.
