Una denuncia penal contra el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, fue interpuesta ante el Ministerio Público (MP) con el propósito de, no sólo de esclarecer porqué aprobó el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Minera Panamá para la extracción de oro, sino también para pedir su condena civil.
En la denuncia contra Concepción se argumenta que, además de imponerse la sanción correspondiente por ley, se le debe “condenar al pago de la indemnización por la responsabilidad civil” derivada de la aprobación del PAMA a la minera, dado que la empresa no disponía de un contrato vigente.
La denuncia, presentada por los abogados Martita Cornejo y Guido Berguido, involucra al director regional de la oficina de Verificación del Desempeño Ambiental del Ministerio de Ambiente (Miambiente), Miguel Flores, así como a “todo aquel que resulte objeto de imputación” relacionado con el hecho denunciado.
Los denunciantes sostienen que desde diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional el contrato minero entre el Estado y Petaquilla Gold, concesión que había pasado a manos de Minera Panamá por cesión (venta) en 2013. Aunque el fallo fue publicado en la Gaceta Oficial en diciembre de 2021, la empresa continuó operando.
Añade el documento que en noviembre de 2023, la Corte anuló nuevamente la concesión por violar 25 artículos de la Constitución, después de que el Gobierno firmara un nuevo contrato-ley con Minera Panamá, en octubre pasado.
“Minera Panamá no podía extraer ningún tipo de metal del área original de concesión, no podía operar bajo ningún punto de vista [...] por lo que cualquier trámite relacionado con la concesión y presentado ante las autoridades debía ser rechazado”, subraya la denuncia.
Aunque el primer contrato de concesión dejó de existir desde 2017, argumentan los denunciantes, “esta empresa [Minera Panamá] siguió sin control alguno y sin supervisión de autoridad nacional, extrayendo de hecho materiales metálicos del área de concesión”.
Una investigación de La Prensa reveló que, sin un contrato, el representante de la minera, Manuel Aizpurúa Rojas Pardini, solicitó a Concepción que aprobara el PAMA de la empresa, el cual fue concedido en junio pasado, mientras el Gobierno negociaba la aprobación del nuevo contrato con Minera Panamá.
En la resolución de aprobación, se indica que Concepción remitió a los ministerios de Salud y de Comercio e Industrias (MICI) el informe de auditoría ambiental y el PAMA de la minera para que emitieran sus comentarios. Pero ambas entidades informaron a La Prensa que no recibieron la documentación.
En el escrito también se menciona que el titular de Ambiente aprobó el PAMA, basándose en el artículo 29 de la Ley 41 de Ambiente, que establece que los titulares de actividades, obras o proyectos pueden realizar auditorías ambientales. Sin embargo, la minera no tenía una concesión en junio de 2023, cuando se aprobó su plan de manejo para extraer oro.
Más omisiones
La falta de informes técnicos en 2022 y 2023 también fue denunciada ante el Ministerio Público. “Miambiente, desde el 5 de agosto de 2021, no ha realizado una sola visita y/o inspección, acto de supervisión sobre la ilegal operación de Minera Panamá, tal como evidencia la bitácora de monitoreo del Estudio de Impacto Ambiental” entregado a la Corte, destacan los denunciantes, quienes no solo aportaron el documento, sino que agregaron que con ello, supuestamente, se “hace evidente” que los funcionarios denunciados “han incumplido palmariamente el rol que les corresponde”.
