Al parecer, no solo el representante de la Junta Comunal de Portobelillo, Luis Arauz, intenta impedir que la Contraloría General fiscalice los “apoyos económicos” destinados a familiares, amigos y copartidarios del Partido Revolucionario Democrático (PRD). También se encontró un aliado: Edward Mosley Ibarra, el director general de la Autoridad Nacional de Descentralización.
Arauz entrega fondos de la Descentralización, pero limitando el monto de cada donación, a fin de no sobrepasar el tope: $2 mil, ya que, de lo contrario, la Contraloría tendría que intervenir para otorgar –o rechazar– su refrendo.
Uno de los beneficiados de estos “apoyos económicos” es el hermano de Arauz, actual alcalde en Parita: Fidel “Pille” Arauz, quien usó el nombre de su secretaria para pedir fondos para hacer actividades, como la entrega de regalos en la Navidad. Ambos hermanos buscan hoy su respectiva reelección en los cargos que ocupan.
En mayo pasado, el procurador de la Administración, Rigoberto González, recibió una denuncia sobre irregularidades en la entrega de dinero en Portobelillo por lo que inició una investigación. Sin embargo, esta se encuentra estancada en la Corte Suprema de Justicia.
Ello se debe a que el director de la Autoridad Nacional de Descentralización, Edward Mosley Ibarra, a través de su abogado, Ángel Álvarez, presentó un amparo de garantías constitucionales para suspender la investigación que inició González, ya que el funcionario había solicitado información sobre estos fondos.
La acción legal de Ibarra fue interpuesta poco después de recibir –de parte de González– la resolución PA/DS-067-2023, del 18 de mayo de 2023. Las razones para tratar de impedir la investigación se desconocen, ya que el funcionario no respondió las llamadas ni mensajes de este medio. Desde octubre pasado, el amparo de garantías constitucionales se halla pendiente de firma en la Corte Suprema.
‘Emplanillado’ en la Asamblea
Otro de los beneficiados con estos pagos –el candidato a representante de Potuga (Parita, provincia de Herrera) por el PRD– es Rigo Corrales, contratado en la Asamblea Nacional, a través de la planilla del diputado Julio Mendoza.
Corrales aparece con un salario mensual de $900 como trabajador manual. Sin embargo, fuentes de la Asamblea indicaron a La Prensa que nunca lo han visto allí.
Corrales admitió que recibe apoyos económicos y que, además, solicita dinero a la Junta Comunal de Portobelillo para terceras personas. Este político es conocido en la zona de Parita por patrocinar fiestas patronales y corridas de toros, animadas por artistas típicos de reconocida trayectoria en el país.
Piden investigación
La Prensa consultó a representantes de corregimiento de cuatro áreas del país –que solicitaron la reserva de sus nombres– y todos coincidieron en que las autoridades deben investigar los hechos denunciados. “Están malversando fondos y nos están perjudicando a todos –dijeron–, ya que nos van a quitar esa ayuda que damos a la comunidad por culpa de los que se quieren aprovechar”, afirmó uno de los consultados.
En los documentos entregados a este medio se observó que Arauz segmentó pagos a los beneficiarios, como en los casos de Corrales y Juan “Juancho” Arenas, este último, candidato a diputado por el Partido Realizando Metas en el distrito de Santa María, provincia de Herrera.
Arenas recibió cerca de $12 mil en varios cheques fechados el mismo día: 30 de septiembre de 2022, redimidos por el Banco Nacional de Parita. Aunque la fragmentación de pagos se observó en varias ocasiones, el político dijo que fue por venta de productos a esa junta comunal, y no en calidad de apoyo.
Otros manifestaron que es “imposible” que una persona pueda pedir apoyo a nombre de otra sin que exista una constancia médica que advierta la discapacidad del solicitante para presentarse y, en ese caso, resaltó una de las fuentes, “nosotros nos trasladamos al lugar para comprobar la necesidad de la persona”.
“Muchas veces la Contraloría nos tira los papeles para atrás porque la firma del solicitante no coincide. Esto pasa principalmente en los casos de las personas mayores, por lo que no se gestiona hasta que el solicitante haga la firma correcta”, explicó uno de los funcionarios.
En cuanto al desvío de fondos que hizo el alcalde de Parita al usar su secretaria para pedir dinero, uno de los entrevistados resaltó que es extraño que se gestione un apoyo económico a un funcionario, a menos de que este compruebe la necesidad “urgente” y que su salario sea menor a $600 al mes.
En todos los casos –resaltaron– los beneficiados deben entregar facturas sobre el uso del dinero. “El que usó el dinero para algo distinto a lo solicitado, que debe constar en una nota, que se atenga a las consecuencias”, resaltó uno de los representantes entrevistado por este medio.
La Prensa intentó obtener la posición del contralor Gerardo Solís, pero no respondió a la solicitud.
venta de terreno ubicado en bique, arraijan
alquiler de galera llano bonito - juan díaz
local comercial en centro comercial costa sur
venta de casa de playa en coronado, chame