PPC responde al contralor y asegura que sí hizo aportes al Estado

Panama Ports Company (PPC), que actualmente enfrenta una auditoría forense y una demanda contencioso administrativa, ha refutado las aseveraciones del contralor Anel Bolo Flores y asegura que ha pagado $59 millones al Estado desde que renovó su concesión en 2022.

Flores comunicó en conferencia de prensa que PPC “tiene tres años sin dar un centavo” al Estado panameño por la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. El contralor reconoció que la empresa realizó “un pago anticipado de $35 millones” en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), pero manifestó desconocer en qué se utilizó ese dinero.

Pero este miércoles, PPC “aclaró” que, además del pago de $35 millones como “adelanto en concepto de dividendos”, ha entregado otros $38 millones al Estado en concepto de canon por el movimiento de contenedores.

De ese modo, la portuaria replica las aseveraciones del contralor, apenas dos días después de que éste les comunicara sobre el inicio de una auditoría forense a su concesión, amparada en el Contrato Ley 5 del 16 de enero de 1997.

A través de un comunicado –que no fue enviado a La Prensa a pesar de este medio les contactó– Hutchison Ports PPC, concesionaria de los puertos, aseguró que en 2021, cuando estaba en medio de las negociaciones para lograr la prórroga de su concesión, entregó $165 millones en dividendos y aportes extraordinarios. En ese desembolso se incluyeron $35 millones en concepto de dividendos adelantados, “a petición” del anterior gobierno.

En la nota de prensa, la portuaria asegura que desde que inició su concesión, hace 28 años, ha pagado $658 millones al Estado y realizado inversiones por $1,695 millones en infraestructura y equipos.

Asimismo, PPC criticó ser el “único operador portuario” en el país en el que el Estado es accionista y que ha realizado “pagos por movimiento de contenedores y dividendos”.

La empresa se encuentra en una situación difícil, ya que no solo está bajo la atenta mirada del contralor, sino que el magistrado Carlos Vásquez tiene en su despacho una demanda de nulidad interpuesta por el abogado Roberto Ruiz Díaz contra la resolución de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que, en 2021, prorrogó la concesión de PPC por 25 años más.

El 29 de junio de 2023, Vásquez comunicó a la AMP que tenía cinco días para enviar un informe explicativo de conducta. Pero la demanda no ha avanzado, ya que la empresa presentó una apelación, la cual está en el despacho del magistrado Cecilio Cedalise, a la espera de ser resuelta.

Ruiz Díaz, que es vicealcalde (en licencia) del distrito de Panamá, demandó las resoluciones expedidas por la AMP en 2021, que certifican que PPC cumplió con las obligaciones básicas del Contrato Ley 5 de 1997 y avaló la prórroga automática del mismo hasta el año 2047.

Ereida Prieto-Barreiro

Reportera Unidad de Investigación.