Panamá sigue estando en las listas grises y negras, de las que no sale por sus deficiencias en las leyes y en su aplicación. El año pasado, la Unión Europea incluyó a Panamá en la lista de países de “alto riesgo para el blanqueo de capitales y financiamientos del terrorismo”. En marzo pasado, el Grupo de Acción Financiera (Gafi) mantuvo a Panamá en su lista gris, pues no alcanzó sus metas para salir de la lista.
El Gafi fue enfático: Panamá necesita con urgencia, entre otras cosas, “evaluar los riesgos existentes del uso indebido de personas jurídicas y acuerdos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de los accionistas y directores…”.
La Prensa intentó obtener algunas respuestas sobre la única persona jurídica acusada en el caso Odebrecht por lavado de activos: Importadora Ricamar, S.A., empresa esta que es cliente del banco colombiano Bac Credomatic. Pero su gerente general, Alejandro Garúz Adames, no solo indicó que no está obligado a dar información sobre esta empresa, sino que amenazó con tomar acciones legales en contra de este medio si la publicación que se hizo ayer resulta los llega afectar de alguna manera.
Este medio también le preguntó al BAC sobre sus políticas con sus clientes –naturales o jurídicos– en casos de ser sospechosos o acusados de lavado de activos, aseguró que “siempre ha actuado y actuará en apego absoluto a la legalidad y los más altos estándares éticos”, pero no entregó a este medio las políticas del banco solicitadas.
Reacciones
El exembajador de Panamá en Bélgica y ante la Unión Europea, Miguel Verzbolovskis (2018-2019), afirmó que esto solo ayuda a empañar la reputación ya deteriorada del país. “Las dos características fundamentales de la economía panameña son su relativa pequeñez y el hecho de ser una economía de servicios. Esta realidad aumenta la importancia de gozar de una buena reputación en el extranjero, la cual abarca tanto hechos de fondo como de percepción”.
“Desafortunadamente, los cuestionamientos de lavado de activos de una empresa vinculada a un expresidente de la República, quien sigue siendo un actor político importante, solo ayudan a empañar la reputación, ya de por sí deteriorada, del país”, dijo.
Si el gobierno y la sociedad civil no tienen en cuenta estos factores –añadió– se nos hará mucho más difícil el camino para salir de las múltiples listas discriminatorias en las cuales estamos presentes, con los nefastos efectos inevitables que esto conlleva a la hora de atraer inversión extranjera.
El analista Edwin Cabrera, en su programa Panamá en Directo, dijo que “los bancos tienen una pregunta necia: Si usted es un PEP (Persona Expuesta Políticamente), medio Panamá, según los bancos, son PEP. Y si entras dentro de estos términos, los trámites se complican”. En cambio, BAC Credomatic “tiene un cliente con un expediente [caso Odebrecht por lavado de activos] abierto. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está la diferencia?”. A su juicio, el que está en un entredicho es la institución bancaria.”
El BAC, en 2019, estuvo a punto de romper relaciones con Ricamar, después de que la empresa Kroll decidió abandonar una consultoría para gestionar un nuevo gobierno corporativo para los Súper 99. Cabrera ahora se pregunta, ¿Dónde están las oficinas de la nueva empresa asesora que reemplaza a la estadounidense Kroll?
¿Reglas iguales?
Esta es la pregunta que se hizo la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, en el programa Sin Rodeos, del periodista Álvaro Alvarado. Gómez dijo que la corrupción en el país tiene distintas modalidades penales, pero que los delitos contra la administración pública, por lo general, son en contubernio con el sector privado.
“El delito de corrupción es uno de los precedentes del blanqueo de capitales. Cuando se da una ganancia indebida, ese dinero tiene que moverse de alguna manera”, afirmó. La exfuncionaria recordó que la Ley 23 de abril de 2015 es la que adopta las medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
A su vez, en el Código Penal de Panamá –en su artículo 254– se establecen los delitos precedentes del blanqueo de capitales. Entre los 37 delitos que preceden el lavado de activos, se encuentra la corrupción. Odebrecht, precisamente, confesó a las autoridades de Estados Unidos el pago de $59 millones de coimas en Panamá.
Y es en Estados Unidos donde el próximo mes se impondrá sentencia a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli –hijo de uno de los accionistas de los Súper 99– quienes confesaron haber sido intermediarios en un esquema para lavar los sobornos de Odebrecht en bancos de Estados Unidos. En su acuerdo de culpabilidad, Luis Enrique Martinelli reconoció que ambos fueron intermediarios en la recepción de $28 millones en coimas entre Odebrecht y un antiguo “oficial de alto rango del gobierno de Panamá”, pariente de ellos.
La exprocuradora agregó que en Panamá se estaría manejando “la ley del embudo”, porque se pregunta si ¿para los grandes capitales que mueven ciertas personas de muy alto nivel económico, social y político se aplican las mismas reglas que para la otra parte de la población?
“La práctica del día a día le enrostran a uno que hay debilidades en los bancos, porque hay tratamiento diferenciado”. “¿Dónde se movió el dinero de las coimas de Odebrecht, las de Blue Apple, el dinero del escándalo del transporte?”.
‘Clima de acoso’
El exfiscal de Cuentas Guido Rodríguez –comentarista y vinculado a medios–, abordó el tema de la amenaza de Importadora Ricamar a La Prensa. Afirmó que la amenaza del gerente de Importadora Ricamar genera un clima de acoso judicial.
“Mientras en países del primer mundo, en los que las autoridades judiciales y gran parte de la ciudadanía tienen gran sensibilidad por la libertad de expresión y el escrutinio social que ejerce el periodismo, acá acudimos a un lamentable clima de acoso judicial y de mala utilización, en ocasiones consentida, del sistema de administración de justicia, para acallar voces críticas”, sostuvo.
A tal punto, que “osan hacer incluso amenazas de forma abierta. Urge reformar las leyes obsoletas que dan pie a que eso suceda”.
Misma persona
Según informes a los tuvo acceso La Prensa, el actual presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa), Gabriel Quintero González, es simultáneamente consultor gerente senior de la empresa J.S. Held, que, según informes extraoficiales, asesora a Importadora Ricamar.
Quintero González tuvo el mismo cargo en la empresa consultora Berkeley Research Group, que habría sido la que reemplazó a Kroll en su rol de asesor de Importadora Ricamar. Quintero no ha respondido a La Prensa.
