El subadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Carlos Stoute, presentó ante el Ministerio Público una denuncia en la cual uno de los posibles implicados podría ser el que hasta hace unas semanas fue el administrador de esta misma entidad, Luis Oliva, quien hoy día aspira ser electo diputado en las elecciones de 2024, postulado por el oficialista PRD.
La denuncia da cuenta de que se han hecho hallazgos, definidos como “irregularidades o claros indicios”, en la posible perpetración de “delitos contra la administración pública, por lo que se solicita las averiguaciones correspondientes”. La denuncia gira en torno una plataforma digital que se conoce como “LISTO”, utilizada para la administración del vale digital, cuyo desarrollo inicia la AIG y estaría en manos de una empresa privada que cobra a los proveedores del vale digital por su uso, así como un programa de “factoring”, por la cual igualmente se cobra una comisión.
En el documento, Stoute aclara que nunca se involucró en la operación del vale digital hasta el 29 de agosto de 2023, cuando se enteró de algunos de sus detalles tras ser asignado para darle seguimiento a la ejecución presupuestaria de la AIG “y, en particular, a la obtención de créditos adicionales que se requerían para el año fiscal 2023; algunos de los cuales estaban asignados a pagar deudas de la operación de la plataforma de pagos del vale digital”.
Administrador
Luis Oliva fue funcionario clave –a través de la AIG– en el tema del reparto del vale digital, programa que implementó el Gobierno para subvencionar a miles de familias panameñas durante la pandemia.
El primer proveedor del software (conocido como “Cédula D”) usado por el Gobierno para destinar los vales a sus beneficiarios, así como para el cobro que debían hacer los negocios afiliados al programa, fue Cable & Wireless, que proveyó el servicio en 2020, 2021 y 2022. La denuncia se centra entonces en lo que aconteció desde mediados de 2022, cuando el personal de la AIG comenzó a desarrollar el programa LISTO, al que eventualmente migraría el programa de los vales digitales.
De acuerdo con la denuncia, Oliva informó en varias ocasiones que, debido a que Cable & Wireless no recibía los pagos correspondientes del Gobierno por el uso de su software, y que dicha empresa había anunciado un corte en el servicio debido a esto, la AIG inició en diciembre de 2022 los planes para migrar el programa a la nueva plataforma LISTO, para lo cual fue involucrado personal de la AIG y contratistas. Sin embargo, el subadministrador no estaba convencido de que la migración de plataforma respondía solamente a las advertencias de Cable & Wireless Panamá (CWP) de concluir sus servicios por falta de pago, y más bien era una estrategia planificada mucho antes del mes de diciembre de 2022.
“Nuestra conclusión es que lo acontecido realmente debe investigarse, incluyendo la versión de CWP, y las intenciones reales de la migración”, indicó al Ministerio Público, ya que “desde el mes de julio de 2022 ya existía una motivación y estrategia para pasar la operación de pagos a la nueva empresa [proveedora del servicio, llamada Fintek, S.A.], sin que pareciera obvia una necesidad o justificación legítima para hacer esto”, porque la plataforma de CWP “funcionaba correctamente”. Es por ello que sospecha de “acciones indebidas e irregulares, y posiblemente delitos en el proceso…”.
Hechos
Los problemas de la migración de plataforma eran dos, al menos, muy evidentes. El primero era que Fintek cobraría a los negocios afiliados al programa 0.5% por cada operación realizada, es decir, cada vez que se hiciera efectivo el pago de un vale digital, Fintek cobraría, a los comercios, el porcentaje indicado, algo que no pasaba con la plataforma de CWP.
El segundo problema es que, según la denuncia, la nueva plataforma –LISTO– fue desarrollada, al menos en una porción importante, por técnicos de la AIG. En este sentido se aportaron evidencias de ello, como un manual de guía, fechado el 12 de octubre del 2022, publicado por la AIG, en el que se muestra “que la plataforma LISTO ya estaba en desarrollo”. También se aportaron pruebas de que un contratista de la AIG –llamado Carlos Mejía– y el director de Tecnología de la institución habrían participado –desde mediados de 2022– en el desarrollo de la nueva plataforma.
En consecuencia, el programa LISTO sería propiedad intelectual de la AIG, desarrollado, además, con fondos del Estado, por lo que el denunciante pide que se investigue porqué esta plataforma estaba en manos de Fintek, empresa que, además, lucraría del mencionado software, ya que, como se dijo, cobraría regalías a los usuarios del programa vale digital por su uso (0.5% del monto de cada transacción).
¿Qué es Fintek, S.A.? Esta empresa nació con otro nombre –Retail Services Worlwide, S.A– en abril de 2018. Su presidente es Ariel Esquenazi Esses, que también actuaba como representante legal de la sociedad junto con el secretario Rafael Sabas Carroz. En agosto de 2022, la empresa nombra a un nuevo agente residente: D&K Legal. También en agosto de ese mismo año se produjo un cambio en la directiva de la sociedad, cuando se da de baja al tesorero (Irving Carrasco González), reemplazado por la abogada Danette Córdoba González.
Finalmente, en julio pasado, se registró otro cambio en la sociedad. La secretaria –Daniela Abadi de Esquenazi– es reemplazada por Jaime Moreno Rubio, quien laboró como gerente general del BAC.
Sin transparencia
El subadministrador de la AIG alega que el proceso para elegir a Fintek para manejar el software del vale digital no fue un proceso transparente. La denuncia señala que, asumiendo que se justificara la migración de plataforma de CWP a Fintek, la AIG tuvo “suficiente tiempo para realizar consultas al mercado” a fin de encontrar, “como lo exige la Ley de Contrataciones Públicas”, un contratista a través de un proceso de selección o licitación pública.
“Este requerimiento se obvió totalmente, y a finales de diciembre de 2022, Fintek, S.A. inicia la operación de la nueva plataforma de pago del vale digital, sin existir un proceso transparente y abierto a otras empresas”. Pero no es todo.
La denuncia da detalles de una reunión, celebrada el 29 de agosto de este año, con el director de Transformación Digital de la AIG, Juan Marco García, citado “para entender el objeto de gasto de los B/.3.5 millones solicitados en créditos adicionales para invertir en la plataforma LISTO”.
García, según la narración de Stoute en la denuncia, dijo que hubo confusión sobre quién era el contratista hasta que finalmente se supo que sería Fintek, aunque “por alguna razón extraña (y sospechosa) se buscaba incluir a un contratista de mayor envergadura, para que este subcontratara a Fintek”, indica la denuncia.
En esa misma reunión, según contó el subadministrador al Ministerio Público, se informó que “no existía un contrato con el proveedor del servicio Fintek”; que “no existía una nota oficial de parte del administrador de AIG o directivo de AIG pidiendo el servicio por parte de Fintek; que “no existía una propuesta por parte de Fintek”, y que, incluso, no había documentos de la empresa en la AIG.
Auditoría
Estas revelaciones alarmaron a Stoute: “Al no existir ninguna documentación y descubrirse esta situación tan irregular e indebida, yo solicité la intervención de la auditora en la nota de fecha 6 de septiembre del 2023″, cuando Stoute había sido nombrado administrador encargado. Previamente, Stoute había hablado con el presidente y representante legal de Fintek, Ariel Esquenazi, quien le dijo que sí existía un “acuerdo” con la AIG y que se lo enviaría por correo electrónico, aunque nunca lo hizo, según Stoute.
No obstante, el pasado 23 de octubre de 2023, Stoute fue informado por la jefa de Asesoría Legal de la AIG, que Oliva le había dicho que existía un acuerdo de “proyecto piloto” con Fintek. Oliva le informó de ello, según contó Stoute, el 19 de octubre pasado, es decir, casi una semana después de que había presentado su renuncia como administrador de la AIG y cuando ya actuaba en su reemplazo –desde el 16 de octubre– Alfredo Remón.
Stoute narra que la jefa de Asesoría legal de la AIG le explicó que “Luis Oliva procedió a firmar el acuerdo el jueves 19 de octubre de 2023, a pesar de que el mismo estaba fechado 2 de diciembre de 2022″, es decir, casi un año antes.
“El viernes 20 de octubre [de 2023] se procede a enviar el acuerdo a la Contraloría General de la República… para refrendo, por instrucciones de Luis Oliva, y sin el conocimiento y autorización de Alfredo Remón, administrador encargado en ese momento”, contó Stoute, al tiempo que añadió que la funcionaria de legal le aseguró que antes del pasado 19 de octubre, “ella no tenía conocimiento de la existencia dicho acuerdo”, pese a que este tenía fecha de un año antes.
El acuerdo es revelador, ya que no se limitaba a usar la plataforma para el vale digital, ya que incluía –pero no limitado– a otras instituciones, como las becas del Ifarhu, el bono sindical, la Lotería Nacional, la Caja de Seguro Social, etc.
Remón, que estaba de viaje cuando todo esto acontecía, a su retorno es informado de todo y pide que los documentos sean retirados de la Contraloría, lo cual aún está en proceso.
Este medio envió mensaje a Luis Oliva para concretar una entrevista telefónica, pero dado que no respondió se le llamó a su teléfono celular, el cual tampoco contestó.
Luis Oliva, político y aspirante a diputado en el distrito de San Miguelito
Luis Oliva fue funcionario clave –a través de la AIG– en el tema del reparto del vale digital, programa que implementó el Gobierno para subvencionar a miles de familias panameñas durante la pandemia. Hasta agosto pasado, el Gobierno había desembolsado $2 mil 213 millones a este programa, el cual aún se mantiene, pese a que la emergencia sanitaria por la pandemia terminó en mayo pasado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Justamente, tres días después de la renuncia de Oliva de la AIG –quien se apartó de la institución el pasado 13 de octubre para dedicarse a su campaña proselitista– este medio comenzó a publicar una serie de reportajes sobre cómo el Gobierno destinó cientos de millones de dólares en vale digital a comunidades cuyas autoridades políticas son, en su mayoría, miembros del partido oficialista, lo cual sugiere un uso clientelista del multimillonario subsidio.
Para San Miguelito (circuito electoral 8-2) en el que Oliva pretende ser diputado, fueron destinados casi $300 millones –o el equivalente al 13.5% de los vales digitales repartidos hasta agosto pasado–, cantidad que Oliva justificó porque, según alegó, el 20% de la población de San Miguelito es miembro de su partido. No obstante, las comunidades bajo el control político del PRD han recibido hasta agosto, casi el 83% de los fondos del programa vale digital.
