Yulissa Reyes nunca había cotizado en la Caja de Seguro Social (CSS) ni era beneficiaria o dependiente de algún asegurado. Su nombre no tendría por qué figurar en la base de datos de la entidad. Para su sorpresa, sí está inscrita como una asalariada que devenga $8,900 mensuales en la Asamblea Nacional (AN).
Ella jamás ha visto esa plata.
Ni siquiera sabía que su nombre estaba en una de las planillas de la AN.
¿Cómo se enteró? Por casualidad. En febrero pasado, empezó a trabajar en una empresa y, al mes siguiente, el 18 de marzo, ingresó sus datos en el sitio de internet de la CSS, ya que quería una copia de su ficha digital. Su sorpresa fue mayúscula cuando leyó en la pantalla que había cobrado un salario de $8,900 mensuales entre octubre y diciembre de 2023 y de $157 en enero de 2024, y que su empleador era la AN.
@prensacom_ Personas que nunca han trabajado en la Asamblea Nacional aparecen en su planilla con jugosos salarios. Aseguran jamás haber recibido ni un solo dólar. Nueva investigación de La Prensa: Sueldos fantasmas.
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“Nunca he laborado para la Asamblea ni para ninguna institución del Estado”, aseguró Reyes, insistiendo en que no conoce a nadie que trabaje en esa entidad.
“En la ficha solo aparece como si yo hubiese agarrado ese dinero y ya, pero no dice ni siquiera cómo se hacía para cobrar ese dinero”, añadió la joven, de 24 años.
Contó a La Prensa que ese mismo día presentó una denuncia en el Ministerio Público, la cual está ahora mismo en una fiscalía anticorrupción.
Luego se enteró de que ella no era la única: “Había varias personas con el mismo problema”.
Después de que Reyes presentó su denuncia, la AN reaccionaba a otro escándalo que se viralizó en redes sociales.
El 1 de abril pasado, en sus redes sociales, divulgó un comunicado en el que reconoció que en su base de datos figura equivocadamente que una asistente recibió un salario de $20,000 al mes. La cifra correcta es de $2,000. La Asamblea atribuyó el error a un “error humano” cometido al momento de “alimentar la base de datos de la página web de esta entidad”.
No es la primera vez que se detectan irregularidades en la planilla y los contratos de ese órgano del Estado.
En junio de 2018, el entonces contralor Federico Humbert denunció que se habían cambiado 318 cheques de la AN en el Banco Nacional de Panamá (BNP), por un total de $808,888. En ese caso, que aún no se ha esclarecido, aparecieron los nombres de 35 personas que supuestamente laboraban para al menos 18 diputados. Algunos de estos nombres todavía figuran en la planilla legislativa.
Los implicados aseguraron que desconocían que se estaban cambiando cheques a sus nombres.
Afectado en Chiriquí
Con 10 años de labor en el Ministerio de Educación (Meduca), el chiricano Iván Candanedo, de 64 años, se enteró hace un mes de que, en la base de datos de la CSS, su nombre aparece ligado a dos patronos. Ambos son entidades estatales.
Su historia es similar a la de Yulissa Reyes: desde un internet café, ingresó a la página de la CSS para obtener una copia de su ficha digital y se enteró de que no solo era funcionario del Meduca, sino que también cobraba en la AN.
“Ahí [en el internet café] estaba la mamá del dueño del local, que es abogada, y me dijo: ‘señor Candanedo, usted ha cometido un delito de peculado. Está cobrando sin trabajar en la Asamblea’. Me puse nervioso, me alteré, pero gracias a Dios tengo una familia que me controló y me aconsejó interponer la denuncia, por lo que me dirigí al día siguiente, con mi abogado, a la fiscalía”, narró.
En el Ministerio Público le indicaron que, en efecto, era “un delito de peculado doloso porque en la ficha de la CSS se observa que usted está cobrando sin trabajar”.
En el artículo 303 de la Constitución Política indica que los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el Estado ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo, salvo en casos especiales determinados por ley.
Candanedo afirmó que en su ficha de la CSS figuraba que había cobrado $14,933 por un periodo de dos meses (noviembre y diciembre de 2023). En el desglose aparecía que en ese periodo recibió tres cheques: dos por $4,933 y el tercero por $5,000.
Cuando presentó la denuncia, pensó que la pesadilla había terminado, que todo había quedado aclarado, que había limpiado su nombre… Pero luego observó que su nombre sigue apareciendo como funcionario de la Asamblea, aunque no consta que haya recibido más pagos.
A él le salieron con la excusa de que todo era un “error”, aunque en su caso sería uno “informático” y no “humano”. Eso fue lo que declaró el personal informático de la CSS cuando testificó ante el Ministerio Público.
Para el abogado de Candanedo, José Santamaría, la situación es “insólita” y ahora busca un perito informático para que analice el sistema de la CSS.
Santamaría consideró “sospechoso” que después de que se presentó la denuncia, en mayo pasado, “mágicamente es que empiezan a aparecer los errores en el sistema [informático de la CSS]”.
En Pacora
Maryan Hernández se enteró de lo que le había ocurrido a Iván Candanedo por las redes sociales. Pensó que era un caso aislado. Jamás imaginó que ella estaba en la misma situación.
Su nombre aparece ligado al cobro de $10,000 por supuestas labores desarrolladas en dos meses en la AN.
Ella admite que jamás prestó servicios en el Legislativo, que no sabe por qué su nombre aparece en la lista de funcionarios, que jamás autorizó para que se cobraran cheques a su nombre. El 14 de junio pasado, presentó la denuncia.
“Esto es súper extraño”, resaltó.
En la ficha de la CSS aparece que recibió dos pagos mensuales de $5,000 cada uno, a finales del año pasado. En enero también recibió un cheque, pero ese fue de $183.
La revelación (otra vez) llegó de la mano de la ficha digital: aparecía como cotizante en la empresa en la que labora desde hace ocho años y como funcionaria de la AN.
Estos tres casos son similares, pero las víctimas no guardan ninguna relación. Ni siquiera se conocen. Aunque en los documentos que aportaron al MP, se observa algo en común: se utilizó el número patronal 00-001-00001 de la Asamblea para captar sus datos.
En los últimos cinco años, la Asamblea gestionó un presupuesto de $950.6 millones. La mayor parte se destina a funcionamiento, que es donde está el pago de las diferentes planillas (secretas o no, permanentes o eventuales) del Legislativo.
Una investigación de La Prensa reveló que $100.5 millones del ahorro de la deuda pública–que pudieron haberse utilizado para la rehabilitación de calles u obras estatales– fueron desviados para pagar planillas.
Estos fondos se obtuvieron a través de traslados de partidas y créditos extraordinarios aprobados a puerta cerrada en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado perredista reelecto, Benicio Robinson.
Los beneficios de los diputados son numerosos.
Oficialmente, cada uno tiene una partida de $20,000 al mes para contratar personal transitorio a través de una de las planillas secretas (la 002). Como son 71 diputados, el costo anual asciende a $17 millones.
¿Justificación?
A inicios de abril pasado, el diputado presidente Jaime Vargas notificó al director de la CSS, Enrique Lau, que se había detectado que personas que no tenían relación laboral con la AN estaban recibiendo fichas en las que constaba que su patrono era el Legislativo.
En la nota, Vargas indicó que entre enero y abril pasado varios afectados se contactaron con el departamento de Planilla de la AN para reclamar, pero al intentar buscar una respuesta de la CSS y de los funcionarios de la Contraloría General de la República encargados de las prestaciones laborales y las deducciones por ley, estos “se comprometieron a efectuar las investigaciones pertinentes, pero hasta la fecha de la presente misiva, aún desconocemos el origen y naturaleza de estas irregularidades”.
Una semana después, llegó la respuesta de Lau, según reveló la Asamblea en su cuenta de X.
Lau afirmó que a finales de diciembre de 2023 se actualizó el sistema de envío de fichas masivas a fin de “mejorar el beneficio de todos nuestros asegurados; pero al momento de la ejecución de este sistema con los nuevos cambios”, aparentemente hubo una confusión, lo que ocasionó “un traslape de la información, cruzando los nombres de nuestros asegurados con los nombres de las instituciones del Estado”.
¿Cómo los números de cédula de personas que nunca habían cotizado o eran afiliadas a la CSS aparecen en la planilla de la Asamblea?, le preguntó La Prensa a la CSS. Nunca hubo respuesta.
De acuerdo con la Asamblea, “no existen registros de cheques o desembolsos” a nombre de los tres denunciantes, por lo que el diputado Vargas también presentó una denuncia penal el pasado 24 de abril en el MP.
