Las irregularidades en la distribución, en 2021, de bonos solidarios por casi $1 millón, y el reclamo una fábrica artesanal de quesos –llamada Joselito, en la provincia de Herrera– continúa sin investigarse. Ni el Ministerio Público (MP) ni la Contraloría han iniciado un proceso de auditoría ni investigación, a fin de determinar si hubo más casos o si hay más involucrados. Por ello, este medio ha enviado a la Presidencia de la República una solicitud de información –con base a la Ley de Transparencia– para examinar en detalle el uso de estos fondos.
La Prensa reveló hace dos semanas que la Fábrica de Quesos Joselito intentó redimir cerca de 50 mil bonos solidarios, pero no pudo por las irregularidades que detectó la empresa encargada de redimirlos. El entonces ministro de la Presidencia y actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, ordenó una auditoría interna que dio con mayores y preocupantes irregularidades, por lo que la misma auditoría recomendaba interponer una denuncia ante el MP, algo que no ocurrió porque no se probó una lesión patrimonial al Estado.
Informes públicos
Ante la reticencia de las instituciones de control de investigar este caso, La Prensa envió este fin de semana una solicitud de información al Ministerio de la Presidencia para que remita un informe detallado sobre el manejo de los fondos estatales en este programa, que forma parte, a su vez, del llamado plan Panamá Solidario. La Prensa pidió detalles de la ejecución del programa de bonos desde marzo de 2020 hasta hoy, que incluye el monto redimido hasta la fecha y la lista completa de negocios autorizados para redimirlos (incluidos a los que se les pagó sin estar en esta lista), con el detalle del monto pagado a cada uno de estos negocios.
En teoría, el Gobierno debe estar en condiciones de entregar la información solicitada, ya que, de hecho, el vicepresidente ha repetido que los programas creados durante la pandemia por el Gobierno han sido revisados exhaustivamente y publicados, además de que ha insistido en que se trata de información absolutamente pública, que puede ser verificada por quien lo desee.
Sin mover un dedo
Pero Carrizo, días atrás, también calificó de “ataques” los cuestionamientos que siguieron a la publicación del contenido de la auditoría interna del Ministerio de la Presidencia, cuya recomendación de denunciar los hechos descubiertos ante el MP nunca se siguieron. A través de un video elaborado por su equipo de campaña, el también candidato presidencial por el PRD restó importancia a los hallazgos de la auditoría, indicando que no se debía “satanizar” el programa Panamá Solidario por “un hallazgo del 0.6%... del 100% que ha sido transparentado”.
A su vez, el contralor Gerardo Solís ya advirtió que tampoco investigará las irregularidades detectadas en la auditoría, alegando que la Contraloría no refrendó los pagos a nombre de la quesería, que cuando revisó la rendición de cuentas del Ministerio de la Presidencia observó que esos bonos no fueron redimidos y que tampoco hubo una lesión al Estado.
Reacciones
Ante estas posturas, el diputado independiente Juan Diego Vásquez calificó a Carrizo de “mentiroso, pero eso ya lo sabíamos. Lo peor es que de abogado no tiene un pelo, como no lo tiene de correcto ni de honesto”. Las declaraciones de Vásquez se dieron la semana pasada, durante una de sus intervenciones ante el pleno de la Asamblea Nacional.
“El Código Procesal Penal –añadió Vásquez– establece la obligación que tienen los funcionarios, los servidores públicos, de presentar la denuncia frente a la posibilidad de un delito. Su equipo [de auditoría interna de la Presidencia] se lo dijo, y él [Carrizo] no lo cumplió, [entonces] él es cómplice de ese acto de corrupción y hay que ponerle el ojo”.
A su vez, el abogado Ernesto Cedeño, indicó a este medio que la Procuraduría de la Administración le informó que una denuncia que interpuso sobre este asunto fue admitida y la institución ha solicitado un informe de la actuación del Ministerio de la Presidencia en este tema.
Mientras tanto, los involucrados en este asunto siguen en sus cargos o realizando sus actividades privadas, pese a que miembros de la sociedad civil piden una investigación a las autoridades sobre su papel en todo este asunto.
