El Ministerio de la Presidencia deliberadamente ocultó a la Procuraduría de la Administración que una auditoría interna de esa entidad recomendó interponer una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por irregularidades detectadas en la distribución de bonos solidarios en 2021, valorados en casi $1 millón, y que intentó redimir una quesería artesanal en Chi tré. Hace dos años, el vicepresidente y entonces ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, fue advertido del posible fraude contra el Estado, pero no denunció los hechos.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó a la Presidencia un “recuento” de los hechos que dieron lugar al informe de auditoría interna del Ministerio de la Presidencia de agosto de 2021, el cual reveló las anomalías. La solicitud de González a la Presidencia se basó en una denuncia que interpuso el abogado Ernesto Cedeño, luego de que La Prensa reveló que Carrizo se negó a que el MP investigara sobre las irregularidades reportadas en el informe.
González recibió la semana pasada una respuesta sesgada del ministro de la Presidencia encargado, Carlos García, en la que deliberadamente no incluyó una las cuatro recomendaciones de la autoría, cuyo texto es el siguiente: “Presentar la denuncia ante el Ministerio Público para determinar las responsabilidades a que hubiese lugar”. Esa recomendación fue ignorada no solo ahora, sino por Carrizo desde hace dos años, pese a la advertencia sobre preocupantes anomalías.
En su nota dirigida a la Procuraduría de la Administración, García habla de transparencia y rendición de cuentas, pero no mencionó una palabra de la recomendación de interponer una denuncia ante el MP. Menciona que se recomendó instruir a la Secretaría de Seguimiento de la Ejecución y a la Secretaría de Asuntos Sociales implementar las recomendaciones de un memorando de mayo de 2021 y las contempladas en un informe del que no dio detalles.
También mencionó que se ordenó tramitar la exclusión, en los contratos del proveedor Vale General, del pago de $960 mil que exigía la Fábrica de Queso Joselito, en Chitré, tras presentar más de 47 mil bonos solidarios, y cuya secuencia numérica estaba intacta.
Se indicó, además, que se tenían que tomar medidas administrativas en la Coordinación de Panamá Centro por la inobservancia de las atribuciones y responsabilidades descritas en la reglamentación del plan Panamá Solidario, aprobadas en mayo de 2020. Sin embargo, esto también se habría incumplido, ya que el responsable de la distribución de estos bonos en Panamá Centro, Juan Hernández, siguió en su cargo, tal como se observa en la planilla de la Presidencia.
En su nota, García menciona que se designó “ad honorem” a otra persona en ese cargo, en reemplazo de Hernández, “hasta que se disponga lo contrario”. Ello, pese a que un total de 48 mil bonos no llegaron a su destino, sino que quedaron en manos del dueño de la quesería Joselito, Franklin Mitre.
De estos bonos, 47 mil 100 fueron entregados por Hernández al representante de un corregimiento de Santiago de Veraguas que era, a su vez, presidente del Consejo Provincial de Veraguas, Eric Alberto Ramos. El resto –900 bonos– se entregaron a los promotores comunitarios Lineth Grau y Ariel Macías. Este último se desempeña desde julio de 2019 como conductor de la diputada perredista Cenobia Vargas. Todos estos bonos intentó redimirlos el dueño de la quesería artesanal, los cuales nunca habrían llegado a las miles de familias que necesitaban el dinero para paliar los efectos económicos de la pandemia.
En una entrevista a Hernández hecha por la encargada de la auditoría interna del Ministerio de la Presidencia se le preguntó al funcionario si conocía a Ramos, quien recibió 7 mil libretas completas de bonos solidarios. Hernández respondió: “Sí, correcto. Es un representante [PRD] que se ha reelegido tres veces; es una persona trabajadora, seria. Autoricé el apoyo por las razones que dirige un organismo debidamente reconocido por la Ley y la Constitución…”.
¿Omisión?
Aunque la investigación de La Prensa reveló que el informe de auditoría que recibió Carrizo de la jefa de ese departamento en la Presidencia, Marilín Pang, recomendaba interponer una denuncia ante el MP, García inexplicablemente omitió remitir una copia de este documento al Procurador de la Administración.
Por ahora, solo el procurador de la Administración investiga este caso, ya que ni el MP ni el contralor general, Gerardo Solís, lo han hecho. Este último dijo que no observó nada irregular en la rendición de cuentas de la Presidencia, y dado que no se le pagó a la quesería, era más conveniente evitar el malgasto de recursos del Estado en estos procesos.
El informe de auditoría que evitó entregar García a González no solo identifica a los posibles responsables de las irregularidades, sino que brinda conclusiones y recomendaciones para salvaguardar el manejo de estos fondos, que para 2021 alcanzaron unos $149 millones.
Investigación
¿La Presidencia protege a alguien al decidir no denunciar las anomalías en el manejo de fondos públicos? ¿Hubo más intentos de fraude? ¿Se consumaron? Son preguntas que no tienen respuesta, ya que la Presidencia no actuó en concordancia con las normas de transparencia.
En busca de respuestas, el abogado Ernesto Cedeño entregó el pasado viernes información de este caso al procurador general de la Nación encargado. “Mandé una carta a [Javier] Caraballo con toda la documentación recibida [de la Procuraduría de la Administración] para los fines que sean necesarios. Si investiga o no, queda bajo su responsabilidad, y no puede decir que no se enteró de lo que estaba pasando con los bonos solidarios, como lo hizo la Presidencia”, indicó el abogado.
Cedeño resaltó que Caraballo tiene 30 días para responder sobre el procedimiento a seguir, como indica el artículo 41 de la Constitución Política.
Sin respuestas
La Prensa también le preguntó al dueño de la quesería que intentó redimir casi $1 millón en bonos solidarios, Franklin Mitre, quién le pagó los supuestos quesos que entregó a los que fueron a canjear sus bonos por quesos.
Y es que, para exigir ese pago, Mitre ha debido entregar unos 500 mil quesos a, al menos, unas 8 mil familias veragüenses, a cambio de sus bonos. Sin embargo, no respondió las preguntas. Tampoco se sabe si Mitre utilizó otros mecanismos para recibir el dinero de la supuesta venta de sus quesos.
La Prensa está actualmente a la espera de un informe detallado solicitado a la Presidencia, fundamentada en la Ley de Transparencia, sobre el manejo de los fondos estatales del programa de los bonos solidarios.
El vicepresidente Carrizo ha insistido en que esta es información pública, que puede ser verificada por quien lo desee, ya que el Gobierno publicó y revisó exhaustivamente este programa social. Por lo pronto, este medio no se ha recibido respuesta a su solicitud.
