En noviembre de 2020 dos nuevas tragedias azotaron las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. El día 4 el coletazos del huracán ETA estremecieron las montañas, quebraron represas y arrastraron árboles, postes y casas hasta los ríos. Todo quedó inundado y a oscuras. Dos semanas después llegó la furia de los coletazos de Iota, con más deslizamientos de tierra, de carreteras y personas muertas o abandonadas al desastre, atrapadas en los cerros. Las escenas eran del fin del mundo.
“Jamás pensé en vivir una experiencia como está”, contó en la red social Twitter una mujer que fue salvada por los vecinos del hotel en el que se hospedaba: el río se había llevado parte de la carretera que unía Cerro Punta con comunidades de Bambito y Volcán. “Muchos perdieron todo lo que tenían, perdieron seres amados”, agregó.
El 7 de noviembre, tres días después de que ETA pasó muy cerca, el Gabinete encabezado por el presidente Laurentino Cortizo declaró el estado de emergencia ambiental para varias provincias del país, entre ellas la de Chiriquí y Bocas del Toro. Allí mismo dispuso $100 millones para enfrentar la situación. Y abrió la puerta a otro huracán.
El cambio climático que el gobierno está obligado a combatir y que provocó la muerte de más de 20 personas, fue una oportunidad de negocio para su contratista favorita: Bagatrac S.A. La empresa ya había logrado un proyecto sin haber presentado estudios de impacto ambiental ni de tránsito. Ahora conseguía un contrato adjudicado de manera directa por más de $10 millones para reconstruir la carretera Volcán-Cerro Punta y dragar el río Chiriquí Viejo.
El desastre trajo buenos vientos para Alberto Jurado Rosales, ‘Beto Bagatrac’, el dueño de la sociedad que en 2018 confesó en la Justicia haber pagado sobornos a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli.
El acto para la emergencia ambiental
Al momento de la declaración de la emergencia ambiental, Bagatrac S.A. era la principal beneficiada con contratos cercanos al área afectada en Chiriquí, y enseguida fue llamada a poner manos a la obra.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó el llamado para la rehabilitación de la carretera Volcán-Cerro Punta, de los caminos de producción de Tierras Altas y el dragado del río Chiriquí Viejo, el 9 de diciembre de 2020 como procedimiento especial por $10,589,861.69.
Expertos en contrataciones públicas dijeron a La Prensa que el acto “no fue el regular para los montos contratados”, ya que lo lógico es que sea por licitación pública. Pero las emergencias suelen abrir las puertas a las excepciones.
Otra cosa llamativa fueron las actualizaciones y traslados del acto. La primera vez fue publicado en en la página de contrataciones del MOP donde, actualización mediante, los documentos desaparecieron. A Panamá Compra llegó el mismo día con el número 2020-0-09-0-04-CL-007273. Cuatro meses más tarde, el 7 de abril del 2021, el MOP creó un nuevo acto para la misma obra, con un nuevo número (2021-0-09-04-EM-007452) y todos los archivos.
Dos empresas hicieron ofertas: Bagatrac S.A., por $10 millones 589 mil, y, por un millón más, Ininco S.A. El proyecto llave en mano fue adjudicado a Bagatrac S.A. y obtuvo orden de proceder el 16 de diciembre de 2020. Un año después, el MOP indicó que estaba finalizado en su portal Contratista Visible. Los vecinos de la comunidad no piensan lo mismo.
El río y el peligro a la comunidad
El río Chiriquí Viejo, que se desbordó por los coletazos de los huracanes ETA y Iota, es el protagonista de gran parte de la vida de los residentes de Volcán. Con 161 km de longitud, pasa por Paso Ancho, Bambito, y Cerro Punta. El encauce encargado a Bagatrac no parece haberles devuelto el río a las comunidades.
“Los trabajos que se hicieron para proteger a la comunidad del desborde del río y en el mantenimiento de los puentes, no son suficientes”, dijo Nariño Aispurúa, voluntario de la Cruz Roja, y residente de Volcán. En un recorrido con La Prensa, Aispurúa señaló la parte inferior de los puentes bloqueada por tierra y basura.
El exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, concuerda en que los trabajos se hicieron mal. “Las piedras colocadas en Volcán no le garantizan a los residentes del área la seguridad de que sus vidas no están en constante peligro”, dijo, y agregó: “No existe una barrera de gaviones que puedan contener la fuerza del agua cuando lleguen las lluvias y el río tome la fuerza con la violencia que caracteriza esos momentos”.
Además de obras de protección mal hechas, las personas que viven en los bordes del río nunca fueron entrenadas o informadas sobre qué hacer en caso de que vuelva un huracán o haya lluvias inéditas. “Si le consultas a cualquier persona que haya sido víctima de las lluvias de noviembre del 2020, te dicen que su única opción cuando ven el agua es correr”, dijo Aispurúa.
Correr, la única opción
En Panamá no hay un plan de emergencia nacional en funcionamiento. Sinaproc había alertado a principios de noviembre de 2020 sobre “oleajes fuertes, vientos intensos y corrientes de resaca”, pero el gobierno no dispuso medidas de resguardo.
Existen normas como el decreto que instaura la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y compromisos asumidos con marcos internacionales y regionales, pero nunca se pusieron en práctica. Correr o recibir ayuda de otros, es la única opción de los vecinos de tierras altas.
Localmente, en Volcán solo hay una Plataforma Municipal de Gestión de Riesgo a Desastres, para generar una cultura de prevención y mitigación a través de los concejales. La presidenta de esa plataforma, Orquídea Ledesma, dijo a La Prensa que a dos años de los huracanes, todavía no tienen plan de emergencia: “Varias personas se han salido del grupo de riesgo, nos hemos reunido con la Cruz Roja, pero creemos que vamos que tener que reunirnos más seguido”, dijo.
La sede del Sistema Nacional de Protección Civil en Volcán, enclavada en el área de riesgo y administrada por voluntarios, tampoco está equipada: “Las instalaciones no cuentan con los adecuamientos para adaptarse o refugiarse en un evento adverso del clima o tectónico, así que no tiene una capacidad instalada para reunir las fuerzas vivas interinstitucionales en esos casos”, dijo el director del sistema, Carlos Rumbo.
La institución intentó dotar al personal voluntario del Sinaproc de insumos básicos para una respuesta oportuna hacia la comunidad afectada, pero no tuvo suerte en la desgracia. Tras los huracanes, solo recibieron una computadora portátil, con instalación de una aplicación para procesar datos e información real de las áreas o sectores de alto riesgo por inundación o deslizamientos.
Sin respuestas
La Prensa le envío cuestionarios a través de correos electrónicos y llamadas al Gerente General de Bagatrac S.A, y actual representante de el Corregimiento de Tijeras, en Boquerón, Chiriquí, Alberto Jurado Rosales, alias “Beto Bagatrac”, pero hasta ahora. al igual que pasó con la residencia del Diputado Benicio Robinson en Chiriquí y la adjudicación de la obra para la carretera desde la Interamericana a Volcán no ha habido respuestas respecto al tema.
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