Fintek, S.A. y la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) no tienen un contrato que ampare los servicios que brinda al organismo, entre ellos, el pago del vale digital. De acuerdo con el representante legal de la empresa, Ariel Eskenazi, existe un “acuerdo”, el cual está en la Contraloría para su refrendo, pero la AIG ha solicitado la devolución de los documentos, pues, de acuerdo con la jefa de Asesoría Legal de la AIG, Ileana Aguilar –citada en una denuncia ante el Ministerio Público– este acuerdo fue firmado el 19 de octubre pasado por Luis Oliva, cinco días después de haber renunciado como administrador de la AIG.
El acuerdo en cuestión tiene una vigencia de seis meses, según la misma denuncia que interpuso ante el MP el subadministrador de la AIG, Luis Stoute, que empezaron a contar desde el 2 de diciembre de 2022, aunque, como se mencionó, Oliva lo habría firmado cuatro meses después de haber expirado –el 19 de octubre de 2023–, hecho que el exfuncionario niega enfáticamente, porque sostiene que él suscribió el documento con una firma digital en 2022. Aclaró que la firma digital no permite variar la fecha.
Sin embargo, Aguilar –jefa de Legal de la AIG– dijo, de acuerdo con la denuncia de Stoute, que antes del 19 de octubre de 2023 ella no tenía conocimiento de ese acuerdo. Y, como ya se dijo, Oliva lo niega, pero para lo que no tiene una explicación es porqué el acuerdo se envió a Contraloría el 20 de octubre de 2023, cuando él alega que lo firmó en diciembre de 2022. Eso –dijo– habría que preguntárselo al departamento Legal de la AIG, “pero eso ya escapa de mis manos”, ya que desde el 13 de octubre pasado no es administrador de la AIG.
Y si no fue la AIG, ¿de dónde salió ese acuerdo? ¿Quién lo elaboró? Consultado Oliva sobre ello, el exfuncionario preguntó a La Prensa si el subadministrador de la AIG aportó alguna prueba de esa afirmación. Y añadió que “si son conversaciones entre ellos… es la palabra de él contra la mía…”. Dijo que no tiene “ninguna duda de que ese acuerdo con Fintek se vio con el personal de Legal de la AIG. “Tengo la plena seguridad de que la licenciada Ileana lo sabía y de que sí se tocó el tema”.
Oliva dijo a este medio días atrás que él logró que Fintek donara sus servicios, pero de ello no aportó un documento que respalde su afirmación, como exige la Ley. Pero tampoco fue una donación. En el pasado, Cable & Wireless cobró por sus servicios a la AIG más de $5 millones que, ante la falta de pago del Gobierno, advirtió que finalizaría sus servicios, por lo que según Oliva, en la AIG empezaron a prepararse para cuando eso pasara, lo que ocurrió a finales en diciembre de 2022.
Stoute le preguntó al representante legal de Fintek, Ariel Eskenazi, cómo Fintek se resarcía por costo de sus servicios. Eskenazi respondió que era cobrando directamente a los comercios el 0.5% por transacción. Es decir, no era una donación, sino en vez de pagarle el Estado, ahora lo harían los comercios.
El 0.5%
Pero ¿dónde se autoriza a Fintek hacer ese cobro a los negocios? En el “acuerdo” firmado con la AIG no hay una sola palabra de ello. De acuerdo con documentos de Fintek, los comercios que se inscribieran para redimir los vales digitales tenían que pagar ese porcentaje a fin de tener acceso a la plataforma “Listo”, que Fintek comercializa en varias entidades del Estado.
El cobro de esta comisión generó descontento, según ejecutivos y propietarios de comercios afiliados al programa del vale digital, así como del presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Fábrega. Pero este descontento se sumó al hecho de que el Gobierno no estaba pagando a tiempo la redención de los vales digitales.
Y eso generó otra oportunidad de negocios, ya que, además de la comisión del 0.5%, las empresas recibieron un ofrecimiento de factoring, para recibir por adelantado la redención de los vales. Este servicio –ofrecido por la sociedad Pagoz, Corp.– tampoco sería gratuito, ya que los interesados tendrían que pagar el 4.95% del monto solicitado.
El 4.95%
En su denuncia ante el MP, Stoute indicó que el presidente de la Cámara de Comercio, “tenía ya semanas manifestando una gran queja del sector por la falta y demora extensa en los pagos, nos manifestó que resultaba sorprendente que, por un lado, no se les pagara a tiempo, y que, por otro, se tratara de promover e incentivar en la plataforma Listo de Fintek, el uso de una empresa de ‘factoring’, ya que da la impresión de que una cosa esta ‘atada’ con la otra, sospechosamente”.
Y puede que sí lo estuviera. Pagoz, Corp. fue creada en el Registro Público el 13 de mayo de 2021, pero unos meses después –el 20 de octubre de 2021– la sociedad dio de baja a su agente residente. Y asume ese rol la firma D&K Legal, que es también la agente residente de la sociedad Fintek, S.A., desde julio de 2022.
Desde 2021 y hasta la fecha, la empresa Pagoz tiene como presidente a Joanny Vásquez Chanis; como tesorero a Lugenis Sánchez Torres y como secretario a David Alberto Davarro, pero este último fue reemplazado en el cargo –en noviembre de 2021– por Paola Quijano García. En abril de este año, la sociedad aumentó su capital a $500 mil, tras haber nacido con un capital de $10 mil.
Soute indicó que ni él ni el actual administrador de la AIG, Alfredo Remón, sabían de esta empresa ni de los servicios que ofrecía a los negocios vinculados al pago de los vales digitales. Pero, según Stoute, el que aparentemente sí sabía de esa empresa era el exadministrador de la AIG Luis Oliva, quien “pidió que no me involucrara y dejara que él manejara el caso”. Oliva, en efecto, dijo a este medio que sí conocía esta empresa.
Y nada mal es este negocio para Pagoz, Corp, ya que en la denuncia de Stoute al MP, anexó un extracto de los pagos a proveedores participantes del programa vale digital para la vigencia 2020-2021, en el que hay registrados a nombre de Pagoz, Corp. desembolsos que suman $8 millones 211 mil.
Expansión
Pero el vale digital no es el único negocio de Fintek con el Estado. Esta empresa tendría un amplio espectro de expansión, pues también puede hacer lo mismo con el pago de las becas del Ifarhu y el bono sindical.
Y si ello fuera poco, la AIG le mantendría a Fintek las certificaciones para otros programas con otros entes gestores, que incluiría, pero no limitado a estos, los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, otros programas del Ifarhu, la Caja de Seguro Social y la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).
Precisamente, en un documento de la LNB que justifica la contratación directa de Fintek para la administración de recargas y el pago de premios de nuevos juegos de lotería en comercios –en especial los juegos Lotto y Pega 3– se indica que no hay otra empresa que pueda ofrecer los servicios de Fintek. Aseguran que es la única que ha desarrollado proyectos con entidades públicas “de gran impacto”, lo cual no es cierto, pues, de hecho, la AIG trabajó con Cable & Wireless Panamá y tenía en lista a otras dos empresas más: Tigo y el Grupo TX para la dispersión del vale digital, lo cual supondría que hay otras empresas en el país con capacidad de ofrecer esos mismos servicios.
El documento de la LNB menciona, por ejemplo, el vale digital; la beca digital del Ifarhu, el bono de combustible de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT, todo con la plataforma Listo. La LNB añade que las proyecciones de crecimiento de Fintek a corto plazo –y que actualmente cuenta con unos mil puntos de negocios– es abrir otros de 5 mil puntos, y para final de año, 10 mil ubicaciones de negocios.
Solo en el caso de la LNB, Fintek cobraría el “2% por pago de premios [que] (corresponde al 2% de las recargas totales”, así como el “1% del volumen total de recargas en los comercios de la red”.
Borrador revelador
Pero ¿es cierto que Fintek es la única empresa que podría dar los servicios exclusivos a los que se refiere la LNB? La respuesta es no. Existen otras, y de hecho, Stoute supone que un crédito extraordinario que solicitó este año la AIG ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, de $3.3 millones era para pagarle a la empresa TX Intelligence, S.A. por sus servicio de “escalamiento y continuidad operativa de la plataforma integradora de medios de pago del Estado”.
Y aunque nunca se llegó a concretar, sí quedó un borrador de contrato –contrato que tendrían vigencia de un año a partir el 1 de julio de 2023– el cual fue recibido por Stoute. Este borrador contiene una par de líneas reveladoras, considerando que la propiedad de “Listo” es atribuida por Oliva a Fintek. Se trata de tres obligaciones de la AIG con el contratista (las número 6, 7 y 8):
“Permitir a el contratista el uso de la marca “Listo”, que se supone es la plataforma de Fintek. Además, el párrafo contiene otra más: La marca “Listo”–que comercializa Fintek– “es una marca registrada de la AIG”, indica el borrador de contrato.
Lo otro que dice es que la AIG permitirá “que el sistema utilizado bajo la marca“Listo”integre con otros programas, plataformas o soluciones, que pueden ser no gubernamentales, para la promoción del ecosistema de transacciones digitales”. Es una observación curiosa, considerando que la plataforma “Listo” teóricamente es privada, no gubernamental.
Por último, la AIG debe permitirle al contratista “el uso del dominio www.listo.gob.pa como ventana de ingreso y uso de la plataforma…”. Obsérvese que es la AIG la que permitirá el acceso al sistema. ¿Si Fintek no era la que sería contratada, de acuerdo con el texto de este borrador, cómo es que la AIG dispone que la plataforma “Listo”la utilice otra empresa distinta a su supuesta propietaria, Fintek?
Más destalles en próximas entregas.
