Grupo J&R, no sólo construye la nueva sede de la Contraloría General en Chiriquí –por el doble del precio original– sino que la empresa también está vinculada directamente a los vendedores de la tierra donde se construye esta obra. Se trata de la familia política del vicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo.
En diciembre de 2018, el entonces contralor Federico Humbert, a un año de terminar su periodo, compró un terreno de 4 mil 265 metros cuadrados para construir la sede de esa entidad en la provincia de Chiriquí. La compra se hizo a la sociedad Mercedes D. De Miró e Hijas, S.A., representada por una de sus apoderadas: Mónica Anguizola Mariño, esposa de José Guillermo Carrizo, hermano mayor de Gaby Carrizo.
El terreno fue adquirido en $1.2 millones y fue exonerado del impuesto del 2% por Transferencia de Bienes Inmuebles a sus vendedores, describe el contrato de compraventa. Dos meses antes de la venta, este terreno fue segregado de la finca madre por otro de los apoderados de la sociedad vendedora: Sergio Anguizola Miró, padre de Mónica Anguizola, suegro de José Guillermo Carrizo.
Parentela y afinidades
Anguizola no sólo es apoderado de Mercedes D. De Miró e Hijas, S.A. y suegro de José Guillermo Carrizo. También mantiene una estrecha relación con el vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien aparece o aparecía en varias de las sociedades familiares de Anguizola como suscriptor, agente residente o como parte de su directiva, junto con su hermano José Guillermo, el yerno de Anguizola.
Por ejemplo, en las sociedades Caleva Panamá y Cuatro Panamá, Corp., Gaby Carrizo aparece como suscriptor y agente residente, mientras que Sergio Anguizola es secretario y vicepresidente, respectivamente. Se trata de una relación profesional que también se remonta a años atrás, y que incluye una relación –también de tipo profesional por entonces– con Roy Cortizo, hermano del presidente de la República
Roy Cortizo, Sergio Anguizola y su yerno José Guillermo –hermano de Gaby Carrizo– se asociaron en 2012 para dividir un gremio ganadero de razas puras vacunas, mediante la sociedad Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano, S.A. (Expicasa), inscrita por el hoy vicepresidente de la República.
Ello creó una disputa que llegó a las esferas judiciales en Panamá, y afectó el foro Expica y a la Asociación de Criaderos de Cebú en Panamá (Cricepa). Actualmente Expicasa se encuentra suspendida en el Registro Público.
Meses después de la compra de la finca que ocuparía la nueva sede de la Contraloría en Chiriquí, específicamente el 25 de octubre de 2019, la entidad licitó la obra. El acto público fue objetado por varias empresas participantes, pero no impidió que el acto siguiera adelante. Grupo J&R firmó el contrato de $4.7 millones en diciembre de 2019.
Por entonces, la vicepresidenta de Grupo J&R era María Mariño de Anguizola, madre de Mónica Anguizola, quien estuvo al frente de la venta del terreno a la Contraloría. Mariño de Anguizola salió de la directiva de esta sociedad en 2021, luego de que una investigación de La Prensa reveló los vínculos parentales de los dignatarios de esta sociedad con José Gabriel Carrizo (Mónica Anguizola es cuñada del vicepresidente de la República).
Entre las referencias que entregó el presidente de Grupo J&R, José Alfonso Mariño (tío de Mónica Anguizola) a la Contraloría para constatar que tenía experiencia en la administración de contratos millonarios en el sector privado, hay dos de cuatro firmadas por su cuñado: Sergio Anguizola Miró.
En las notas firmadas por Anguizola Miró aparece la misma dirección del terreno que ocupa ahora la nueva sede de la Contraloría en Chiriquí. Y no es todo. Anguizola Miró también aparece en los documentos de compraventa del terreno a la Contraloría, en calidad de secretario ad hoc de la sociedad vendedora del terreno: Mercedes D. De Miró e Hijas, S.A. Es decir, los vendedores del terreno estaban vinculados directa e indirectamente a los dignatarios de la empresa que construiría la obra.
En cuanto a la ubicación exacta del terreno de $1.2 millones que se vendió a Humbert, Mónica de Carrizo evitó responder. No obstante, afirmó que ni ella ni la sociedad que vendió el terreno “tienen ningún tipo de vínculo o relación comercial, laboral, jurídica con Grupo J&R. La sociedad que vendió la propiedad y la que licitó no es la misma, ni tampoco tiene los mismos dueños” (Lea la respuesta completa).
Se desconoce si Gerardo Solís descubrió esta relación a su llegada al cargo, en enero de 2020, debido a que no entregó copia del informe de auditoría que supuestamente realizó a esta licitación, y solicitada –sin éxito– por este medio a través de la Ley de Transparencia.
Permuta
A un año de su salida del cargo en 2024, Solís decidió duplicar el costo de la obra –$8.8 millones–, contratada originalmente en $4.7 millones.
Solís justificó el aumento señalando que tuvo una nueva visión del proyecto, que requería de más tierras y obras adicionales, y que los precios de construcción aumentaron por causa de la pandemia, lo que “imposibilitaba continuar” con el proyecto licitado en 2019. Su propuesta de contrato –que pasó de una licitación a contratación directa–, fue aprobada en julio pasado, mediante resolución del Consejo de Gabinete.
Un año antes de aprobarse esta contratación, Solís había canjeado la finca de la Contraloría por otra, también perteneciente a la sociedad Mercedes D. De Miró e Hijas. La operación consistía en que la Contraloría regresaría a la sociedad vendedora la finca que había comprado en 2018 para construir la nueva sede de la Contraloría en Chiriquí –de unos 4 mil 265 metros cuadrados, por la que pagó $1.2 millones en 2019–, por otra adyacente a la finca donde ahora se construye la obra, con una superficie de unos 6 mil 744 metros cuadrados, valorada en $1.8 millones.
La permuta fue autorizada en septiembre de 2022 por el Consejo Económico Nacional (CENA). Sin embargo, no fue hasta casi un año después –el pasado 1 de agosto– que en PanamaCompra se divulgó la liquidación del contrato de 2019, a través de un mutuo acuerdo entre la Contraloría y Grupo J&R.
Irónicamente, ambas fincas comparten límites: están ubicados una a lado de la otra en San Pablo Viejo, Chiriquí. Solís asegura –sin explicar porqué– que la permuta se hizo para “salvaguardar los mejores intereses del Estado”.
En junio de 2022, uno de los apoderados de la sociedad vendedora de la finca, Sergio Anguizola, suegro del hermano del vicepresidente Carrizo, canceló parcialmente un préstamo adquirido con un banco de la localidad. Y ese mismo día, segregó un lote de la finca madre hipotecada para constituir una nueva finca.
En la descripción de la nueva finca se indica que tendría un valor de $1.8 millones, sin mencionarse el origen del avalúo. La duda pronto se disiparía. En el documento que aprueba la permuta en octubre de 2022, se menciona que el avalúo del terreno lo hicieron el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría. Es decir, que en junio de 2022 –cuatro meses antes de aprobarse la permuta– los dueños de la nueva finca la habían valuado justamente en el mismo precio que le otorgaron posteriormente la Contraloría y el MEF.
¿Cuándo se iniciaron las negociaciones de la Contraloría con Mónica Anguizola, apoderada de Mercedes D. De Miró e Hijas, S.A. para la permuta?, preguntó La Prensa a Solís, pero no quiso responder. En su lugar, dijo que, luego de una evaluación de campo en los primeros meses de 2020, “inició las conversaciones con la promotora para encontrar un terreno más adecuado en la misma ubicación”.
Pero Mónica de Carrizo, afirmó que las conversaciones con Solís “iniciaron en marzo de 2020. Las mismas estuvieron basadas en la solicitud del actual contralor de reubicar la propiedad por un área un poco mayor a la comprada anteriormente”.
¿Cuánto se pagó o qué beneficios recibieron los dueños del terreno en permuta? Solís indicó que se acordó el pago de $676 mil, correspondiente a la diferencia del tamaño de ambas fincas, de 2 mil 429 metros cuadrado, es decir, se pagó a unos $278 el metro cuadrado.
La Prensa intentó entrevistar a los responsables de la obra en su oficina, ubicada en la parte frontal del terreno de la Contraloría, pero fue infructuoso. A la salida del lugar, un carro blanco, con vidrios oscuros, hizo todo el recorrido que realizó este medio en el lugar, sin que su conductor se molestara en disimular su “custodia” no solicitada.
