La empresa AF Consultores Especializados S.A. ha participado activamente, en los últimos dos años, en licitaciones convocadas por la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).
Según el registro de PanamáCompra, entre 2010 y 2012 hay al menos 10 contratos de licitación adjudicados a la compañía, como resultado de una participación en una veintena de actos públicos.
Este año, por ejemplo, se le adjudicó un contrato por 166 mil 250 dólares en una licitación de marzo 2012 para el programa “Mi primer empleo”. Otra fue con los fondos del programa “Mi primer empleo” por 95 mil dólares en el proyecto de inserción laboral y desarrollo empresarial juvenil para Changuinola, en una licitación en marzo pasado.
AF Consultores Especializados S.A. tiene como presidente a Antonio Fletcher, que también es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
Beneficios de ´Mi Primer Empleo´
Fletcher, como resultado de los contratos ganados con Ampyme, también está encargado del proyecto de inserción laboral en la provincia de Herrera, por 126 mil dólares. La lista a su haber es extensa, hasta sumar 1.04 millón de dólares.
Ampyme ha ampliado sus convocatorias a contrataciones públicas en las que ha salido beneficiada la empresa AF Consultores Especializados, desde que controla el programa “Mi primer empleo”, con lo que la entidad duplicó su poder económico en tan solo un año.
En junio de 2011, “Mi primer empleo” pasó del Ministerio de Trabajo a la Ampyme luego de que quedara al descubierto que empresas recién creadas y vinculadas a familiares de la ministra de Trabajo, Alma Cortés, se beneficiaban con cuantiosas contrataciones.
La Ampyme tiene a su disposición este año 46 millones de dólares, mientras que en 2011 manejó 23 millones de dólares. Exactamente la mitad de estos fondos pertenecen al polémico “Mi primer empleo”.
Los gremios de pequeños empresarios y economistas cuestionan la capacidad de gestión de la entidad y dudan de que ese programa se maneje alejado de directrices políticas.
Citan el caso del programa “Capital semilla”, en el que no hay indicadores para medir su efectividad.
Fuentes vinculadas al sector de capacitación advierten de un posible conflicto de intereses en las contrataciones de Ampyme, ya que Fletcher es parte del círculo de amigos más cercanos al secretario general de la entidad, René Hutchinson, y mano derecha de Giselle Burillo.
Fletcher aseguró que no tiene ninguna relación comercial con Hutchinson, aunque en el pasado participaron en programas de capacitación en conjunto.
Su rol de empresario y contratista del Estado también es cuestionado tras unas recientes declaraciones en las que afirma que en el país no hay una crisis institucional.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá se retiró del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) horas después de las declaraciones dadas a la televisión estatal (Sertv) por Fletcher, y divulgadas luego por la Secretaría de Comunicación del Estado. Todo esto en medio de la disputa entre el presidente, Ricardo Martinelli, y el vicepresidente, Juan Carlos Varela.
No es la primera vez que Fletcher se manifiesta a favor del Gobierno. Hace casi un año lo hizo a propósito de la ampliación de la cinta costera, justo cuando se celebraba la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) en la que se valoraría el ingreso del Casco Antiguo a la lista de patrimonio en peligro.
En aquella oportunidad, Fletcher tampoco consultó con el resto de los agremiados, y en una carta dirigida a la Unesco, con copia al presidente de la República, Ricardo Martinelli, manifestó su apoyo a la construcción de la tercera fase de la cinta costera, destacando sus bondades y considerándolo un “proyecto positivo para el país”.
“Si Fletcher como empresario ha ganado licitaciones con el Estado de manera legítima y representa a un gremio, debería expresar la opinión de los miembros de su gremio y no la suya, que podría estar influenciada por sus relaciones comerciales con el Gobierno”, dijo Angélica Maytín, de Transparencia Internacional capítulo de Panamá.
Para el empresario, el mayor comprador es el Estado y su empresa licita desde 1998 y no solo en Panamá, sino también a nivel internacional.
“No hay ningún pecado en licitar en el Estado”, dijo Fletcher, y agregó que todos los actos han sido públicos.
La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), a cargo de Giselle Burillo Saiz, pactó un contrato de arrendamiento con la sociedad El Panamá Real Investment Corp, cuyo presidente es el empresario Jean Feghali (comercialmente conocido como Figali), para ubicar las oficinas de la institución en un edificio de la mencionada sociedad en la vía España.
La contratación, negociada en forma directa, es por dos años a razón de $2 millones 325 mil. $1 millón 162 mil 744 en 2012 y $1 millón 162 mil 744 en 2013. Entre noviembre y diciembre de 2011, Ampyme había pactado un contrato por un valor de $96 mil 895 por mes con la citada empresa. En una entrevista en Telemetro, Burillo se mostró contenta con la nueva ubicación de su institución, pero dijo no acordarse de los detalles del arrendamiento.
Este diario la llamó ayer a su celular en tres oportunidades, pero no respondió. Además se le envió un correo electrónico con preguntas sobre el tema, pero una funcionaria de esa institución llamó para explicar que René Hutchinson, secretario general de Ampyme, concedería hoy martes una entrevista sobre el asunto. En el contrato número 017-2012 no aparece el nombre de Feghali, pero sí el de su abogado José Gabriel Carrillo Acedo, que figura como el arrendador. Carrillo lo representó en varias ocasiones en casos relacionados con asuntos legales con el Estado.
El edificio ya empezó a generarle gastos a Ampyme, que tuvo que desembolsar $246 mil 470 por el suministro e instalación del sistema de seguridad para el inmueble. Esta compra también se hizo directamente, y la beneficiada fue la empresa First Alert S.A., ubicada en la vía Ricardo J. Alfaro.
Antes de que Ampyme se instalara en vía España, este edificio fue ocupado por la Caja de Ahorros, y en arrendamiento pagaba $81 mil por mes.
Feghali llegó a acumular deudas con el Gobierno por $29.9 millones. $20 millones en concepto de alquiler a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos y el resto correspondía a saldos con el Idaan y otras instituciones.
En noviembre de 2011, el empresario llegó a un inusual acuerdo con las autoridades, que le condonaron la deuda a cambio de la entrega de varias parcelas del empresario en Amador.
Eliana Morales Gil
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